En la reunión arrancada al gobierno en la Casa Rosada cuarenta y ocho horas después del criminal atentado en Plaza de Mayo el 20 de diciembre, los funcionarios ofrecieron constituir una comisión "investigadora" en el seno del Ministerio de Justicia, como auxiliar del juez a cargo de la causa y con la participación de dos representantes por el movimiento piquetero.

La propuesta fue rechazada por unanimidad en una reunión a la que asistieron más de treinta organizaciones convocantes o presentes en la movilización de la Asamblea Nacional de Trabajadores en Plaza de Mayo. La llamada comisión investigadora no tendría ningún poder, sería una dependencia más del gobierno con dos testigos de palo de las organizaciones piqueteras.

Casi a las mismas horas, una solicitada de los MTD Aníbal Verón denunciaba al gobierno por haber traicionado todos los acuerdos referidos a la investigación de los crímenes de Kosteki y Santillán; el más importante: la formación de una comisión investigadora que debía indentificiar a los responsables políticos y materiales de la represión en Puente Pueyrredón.

Las fuerzas presentes se presentaron como querellantes en la causa por el atentado. La elaboración del texto dio lugar a una delimitación: el PCR y la CCC, que habían participado del pronunciamiento contra la comisión armada por el gobierno, se negaron a suscribir la querella, en la medida en que ésta denuncia la responsabilidad del gobierno. Horas después de esta decisión, la CCC recibía en Casa Amarilla al propio presidente Kirchner, en un acto bochornoso de pleitesía y reafirmación de su política colaboracionista.