La masividad de la abstención y de los votos nulos y en blanco “el 41% de los habilitados para votar” hizo estallar el régimen de distribución de cargos electorales, supuestamente basado en la proporcionalidad: en la provincia de Buenos Aires, el PJ obtuvo 1.945.000 votos, es decir apenas el 21% del padrón (9.248.900 ciudadanos) pero se llevó 18 diputados, el 51% de las bancas. En Capital, la Alianza obtuvo el 10% de los votos del padrón pero se llevó 4 de las 13 bancas en disputa, es decir el 30% de las bancas.

El régimen de distribución de cargos establecido por la ley electoral, que permite tal “sobre-representación” del PJ y la Alianza, fue especialmente diseñado para excluir a la izquierda del Parlamento. Ha cumplido con creces su cometido: le ha quitado dos bancas a IU (en Buenos Aires), dos al PH (una en Buenos Aires y otra en Capital) y una al Partido Obrero (en la provincia de Buenos Aires). De conjunto, la izquierda obtuvo 1.350.000 votos en todo el país, es decir, casi el 10% de los votos emitidos, pero sólo obtuvo 3 de las 127 bancas en disputa, es decir, el 2,36% del total.

La pieza central de este régimen “democrático” de proscripción política es el artículo 160 del Código Electoral, que establece un mínimo del 3% del padrón electoral del distrito para participar en la adjudicación de cargos. Este requisito fue establecido en la ley electoral de la dictadura (1982), que a su vez tomó como base la ley electoral de la dictadura de Lanusse (1972) y se ha mantenido “intocable” a lo largo de los casi veinte años que llevamos de “democracia”.

Este “piso”, según hace notar el constitucionalista Rodolfo Iribarne, “sólo resulta aplicable en la provincia (de Buenos Aires) y en la Ciudad de Buenos Aires, lo que es francamente absurdo” (Ambito Financiero, 19/10). En el resto del país, no tiene aplicación práctica: en Santa Cruz, por ejemplo, donde se eligen 3 diputados, es necesario sacar por lo menos el 25% de los votos para obtener una banca. Es decir que el “piso” rige efectivamente en aquellos distritos donde se concentra el poder político, donde existen los mayores contingentes obreros y donde la izquierda, por desarrollo y tradición, tiene un mayor peso relativo.

En estas elecciones, con la masividad que alcanzaron los votos en blanco y nulos y las abstenciones, ese mínimo se transformó, en la práctica, en una cifra cercana al 6% de los votantes.

Iribarne demuestra que “(…) sin la restricción del 3%, en las elecciones del domingo 14 en la provincia de Buenos Aires, hubiesen obtenido dos diputados IU (…) uno el PH y uno el PO-Mas” (ídem). Gracias al “piso” del 3%, el PJ obtuvo 3 bancas más de las que corresponderían de acuerdo a la directa proporcionalidad de votos, y la Alianza, el Polo de Farinello y el Ari, una cada uno. El mismo “piso” le permitió a la Alianza en la Capital apropiarse de una banca que debió haber correspondido al PH.

Gracias a este “piso”, el PJ bonaerense obtuvo 18 diputados con 1.945.050 votos, es decir, un diputado cada 108.058 votos; Farinello obtuvo un diputado cada 108.032 votos; la Alianza uno cada 113.712 y el Ari uno por cada 119.360. Pero IU (275.000 votos), el PH (171.000 votos) y el PO (143.000 votos) no obtuvieron un solo diputado. Para la ley electoral argentina, 108.000 votantes del PJ “valen” más que los 589.000 votantes bonaerenses de la izquierda.

Esta “mayúscula distorsión en la representación” (ídem) se expresa brutalmente en las siguientes cifras, que también aporta Iribarne: “(…) el mismo 14 de octubre fueron elegidos en el resto del país 76 diputados (el 58,91% del total de los electos) que obtuvieron menos votos que los candidatos de Izquierda Unida, (…) 66 (diputados) (51,16%) con menos votos que los del PH y 54 (diputados) (41,86%) menos votados que los de la Alianza PO-Mas” (ídem).

La ley electoral armada por la dictadura y mantenida por los “demócratas” ha servido para sostener un régimen político que se derrumba. Conocedores de la perversidad del sistema electoral, los Neustadt, los Hadad y hasta los propios partidos patronales impulsaron la abstención y el voto nulo y en blanco para resolver dos intríngulis político-matemáticos aparentemente insolubles: cómo mantener la dominación del Congreso a pesar de perder cinco millones de votos y cómo impedir la llegada de muchos diputados de la izquierda, a pesar de que ésta saltó en dos años de 450.000 a 1.350.000 votos. El electorado “independiente”, que fue llevado a votar primero por Alfonsín, luego por Menem y más tarde por De la Rúa, ha sido nuevamente estafado… por los mismos delincuentes.

El régimen electoral argentino está en ruinas; por eso la burguesía debate una “reforma política” que tienda a hacer todavía menos proporcional (menos democrática) la representación parlamentaria, ya sea mediante la reducción del número de parlamentarios o mediante el voto uninominal (derogación de las “listas sábana”). Los “demócratas” sólo pueden defender la democracia (es decir, la dominación política de la burguesía) atacando a la democracia (es decir, la representación popular).