La Legislatura legalizó el sistema de reconocimiento facial que comenzó a funcionar en abril del año pasado. En la Ciudad existen cerca de 10.000 cámaras y 4.000 más en los colectivos. La habilitación plena de este sistema es un avasallamiento del derecho a la privacidad de las personas, que incluye sus acciones tanto en el ámbito domiciliario como en la vía pública. A partir de ahora el Estado puede registrar el movimiento y accionar de todas las personas e identificarlas. Esta información quedará a disposición y arbitrio de un Estado que conspira de forma permanente contra las masas para ejercer su dominio y asegurar un régimen de explotación.

El reconocimiento facial elimina la presunción de inocencia, y busca convertir al derecho a la privacidad en la sospecha de un delito.

Por otra parte cumple una función fundamental de intimidación. Frente a la oposición política pero principalmente contra los trabajadores que buscan organizarse y luchar por sus reivindicaciones y terminar con un régimen de opresión y explotación. Estas medidas que avanzan hacia un Estado policial ya han mostrado su peligrosidad en otras partes del mundo así como también su ineficacia como herramienta para combatir el delito.

Numerosas organizaciones de derechos humanos llamaron al rechazo a esta ley, como Amnistía Internacional o el Cels.

El proyecto fue presentado por el Frente de Todos con la firma de los legisladores Neira, Montenegro y Ferreño. Sin embargo de manera insólita no votaron su propio proyecto aduciendo que no había suficiente consenso. Es claro que buscaron esconder sus huellas ante el repudio generado por su engendro represivo. Un papelón. En el intento de explicar su voltereta dejaron en claro el acompañamiento a toda la política represiva. “Queremos cámaras en cada rincón del país”, dijo Neira respondiendo una pregunta del legislador Gabriel Solano y reconoció que su bloque también había votado la ley de seguridad de Larreta en 2016.

Desde nuestro punto de vista, una medida democrática elemental debería partir en un sentido opuesto: la publicidad y transparencia debe ser del Estado ante los ciudadanos, que es quien debe rendir cuentas. Lo contrario es una violación de los derechos democráticos de las personas.

El legislador Gabriel Solano (FIT-PO) rechazó “este proyecto que oficializa en la ciudad un Estado-Gran Hermano que controla lo que hace los ciudadanos permanentemente y que viola el principio de presunción de inocencia. Es completamente antidemocrático y persecutorio y forma parte del endurecimiento de la política represiva del gobierno. Repudiamos la medida y exigimos que sea cancelada”.