A esta altura, cada vez son más los que reconocen que Argentina no tiene las condiciones para cumplir con el pago de los vencimientos de su deuda. El próximo gobierno tendrá en carpeta proceder a una renegociación. Un síntoma inconfundible de esto es el altísimo rendimiento de los bonos de deuda que vencen en 2020 y 2024 (de un 19%), lo que refleja la incertidumbre sobre su cumplimiento.

Hoy el riesgo país volvió a superar los 1000 puntos y llegó a su nivel más alto en el gobierno de Macri. Ese índice fue creado por el banco estadounidense JP Morgan para comparar los rendimientos de los bonos de deuda de los distintos países con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, es decir que mide cómo la inseguridad de pago se expresa en las especulaciones del mercado. Esa incertidumbre encarece el crédito externo, lo que cuestiona la posibilidad de Argentina de tomar deuda para financiar sus vencimientos.

Es sugestivo que esta escalada del riesgo país ocurra justo cuando desde el gobierno celebran la estabilidad del dólar. Resulta que por más que se detenga la devaluación del peso, las posibilidades de cancelar la deuda en tiempo y forma son escasas. Y estarán más cuestionadas aún si el Banco Central se ve obligado a vender dólares de las reservas internacionales para mantener esa precaria estabilidad cambiaria. El riesgo país presiona a su vez por nuevas alzas del dólar, lo cual agravaría el peso de la deuda en moneda extranjera, es decir que estamos ante un círculo vicioso camino al default. Es por todo esto que el economista jefe de la consultora Ecolatina aseguró que “no esperamos que el riesgo país baje mucho en el mediano plazo, más allá de quien gane las elecciones: la falta de expectativas de crecimiento limita la potencial mejora de aquel indicador” (La Nación 4/6).

Esta situación impacta en la política del Banco Central, que busca frenar la inflación mediante la emisión desenfrenada de Leliqs, que son Letras que solo los bancos pueden comprar. El objetivo es retirar pesos de circulación, para lo cual pagan una tasa de interés que supera el 70%. Solo en mayo el BCRA pagó en concepto de intereses por las Leliqs $64.100 millones, y en los cincos meses que van del año ya suman $239.600 millones (un monto casi igual a lo presupuestado para la Asignación Universal por Hijo en todo el año). Esta bomba de tiempo podría explotar si efectivamente el gobierno vende reservas internacionales para pilotear la situación hasta las elecciones. A su vez, el Banco Central necesitó en mayo ayuda del Tesoro y de bancos públicos para cumplir con la meta de no emitir pesos, ante el temor fundado a que ello genere una hiperinflación.

El panorama casi despeja dudas entre las fuerzas políticas patronales sobre la necesidad de ir a una renegociación de la deuda. El esquema de pagos con el FMI es incumplible, ante lo cual ya suena la posibilidad de que el próximo gobierno busque pasar el préstamo a una modalidad de largo plazo que se conoce como Programa de Facilidades Extendidas, dilatando en el tiempo los vencimientos a cambio de avanzar en la reforma laboral y previsional. Los candidatos capitalistas, desde Macri hasta los Fernández-Fernández, que prometen al Fondo y al capital financiero pagar cada peso para honrar la deuda y evitar el default, se están comprometiendo a imponer estas reformas reaccionarias contra los trabajadores. Confirma esto la caracterización acerca de que en las elecciones presidenciales se definirá el síndico que presidirá la quiebra nacional.

Cuando desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda planteamos la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa usuraria estamos atendiendo una medida fundamental para parar esta sangría, que es la condición indispensable para encarar un plan de desarrollo social y nacional. Ese camino solo lo puede emprender un gobierno de trabajadores. Nuestra campaña político-electoral será un terreno clave para la preparación del movimiento obrero y popular ante el intento de descargar la quiebra del país sobre sus espaldas.