Una nota de La Nación (10/2) desarrolla un informe sobre una reasignación de partidas presupuestarias que quitan al Pami más de diez mil millones de pesos ($10.145.022.139) en concepto de “asistencia social”. El ministro Martín Guzmán lo justifica aduciendo que el año pasado hubo que recompensar al organismo por una merma en la recaudación del impuesto País, y que dado que este año esa recaudación se normalizaría tal ayuda ya no sería necesaria.

Este manejo discrecional de las cajas que poda el presupuesto del Pami se da en el marco de un gravísimo deterioro de la obra social “más grande de Latinoamérica”, tema que ya hemos abordado en Prensa Obrera. Una reciente columna de de Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, se titula “La crisis terminal del Pami” (La Nación, 11/2) y denuncia una situación que se arrastra desde hace años y se agrava, con el costo gravísimo de pérdidas de vida evitables de afiliados por demoras de meses en la atención médica requerida.

En el marco de la intervención del Pami, todo esto es responsabilidad directa del gobierno nacional. La obra social está dirigida por la “confirmada” Luana Volnovich y es un coto de La Cámpora. Detrás de la maniobra de Máximo Kirchner para desmarcase del acuerdo con el FMI, el propio kirchnerismo ejecuta un parte crucial del ajuste, como el que se cobra a las y los jubilados y pensionados. Tanto en Pami como en Anses.

La gravedad de la situación del Pami reclama una lucha por revertir este estado de cosas, incluyendo a los trabajadores en actividad que hacen aportes al Pami además de a su propia obra social. La corrompida y traidora burocracia sindical sobre esto tampoco abre la boca. Su recuperación exige la pelea por un directorio electo por sus afiliados y trabajadores activos, en el marco de la lucha por derrotar el pacto de ajuste con el Fondo.

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