El gobierno anunció un recorte en el gasto previsto para la obra pública del orden de los $67.000 millones, como muestra de saneamiento del déficit público de cara a ofrecer garantías en la renegociación de la deuda externa.

Con el Presupuesto 2020 condicionado a la llegada de un acuerdo de reestrcuturación con los bonistas y el Fondo, el gobierno de Alberto Fernández procedió a una afectación de los recursos establecidos en la prórroga del Presupuesto 2019, agudizando la crisis de la obra pública. La medida llevaría el déficit fiscal de unos $970.153 al cierre del 2019, a $890.280 millones en 2020 (La Nación, 20/1).

El impacto sobre la cartera del ministro de Obas Públicas Gabriel Katopodis sigue alimentando la caída de un sector estratégico en materia de generación de puestos de trabajo y de satisfacción de las principales necesidades populares. Solo en 2019, las estimaciones de la Cámara de la Construcción calculan una pérdida de entre 50 mil y 60 mil puestos de trabajo, con una caída de la obra pública nacional de alrededor del 20%.

Un tercio del recorte recaerá directamente sobre el sector de Vialidad Nacional, afectando a la construcción de autopistas y autovías que se encontraban previstas. La partida destinada para infraestructura de obras de transporte pasará de $70.000 millones a $31.400 millones, paralizando, entre otras cosas, la construcción de líneas de metrobús. Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Transporte anticiparon que trabajan en la recisión del contrato por el soterramiento de del Ferrocarril Sarmiento -donde una de las adjudicatarias de la obra es la brasilera Odebrecht.

Las obras en crisis

La cuestión de la obra pública es un aspecto sensible para el gobierno, cuando la tinta de los “cuadernos de Centeno” aún está fresca y con el antecedente de una paralización de la obra pública ante el agravamiento de la crisis económica.

La adjudicación de las principales licitaciones de obra a un sinfín de combinaciones de las principales empresas de la Cámara de la Construcción, la “patria contratista”, a cambio de coimas y sobreprecios, fue el origen del colapso de la obra pública. Los sucesivos planes de austeridad hicieron que la recuperación nunca llegue. Katopodis, hombre del PJ del Conurbano, comanda el intento de establecer un rearmado de la obra pública reduciendo el peso de la administración central y delegando en los gobernadores e intendentes: “Son los que tienen conocimiento del terreno, de las necesidades, de lo que quieren los vecinos. Y no hay ninguna obra que no esté localizada en una intendencia” (ídem).

El ministro alerta que este recorte sería una medida transitoria a la espera de que se establezca el nuevo presupuesto. Sin embargo, sus declaraciones ya permiten entrever la naturaleza del proyecto de la nueva gestión. Katopodis fue parte de los anuncios respecto a la inversión por de $8.500 millones y la creación de 20.000 puestos de trabajo, relativos al programa Argentina Hace: el eufemismo con el cual el actual gobierno se propone convertir a los beneficiarios de los programas sociales en trabajadores precarizados y de segunda.

El propio acuerdo con el FMI podría traer consigo un condicionamiento de los emprendimientos de obra pública vinculados a capitales de la deuda. Nuevamente saldrían a flote conflictos como el respectivo a la china Gezhouba, que se encuentra aplicada a la construcción de las represas de la provincia de Santa Cruz.  

Sin obra no hay reactivación

Un dato que todo economista maneja es que de la industria de la construcción dependen diversas industrias y sectores de la economía. Un freno de aquella vaticina un nuevo periodo de crisis, despidos y recesión.

Alberto Fernández prometió la tan mentada reactivación económica, pero sus pasos avanzan en la dirección contraria. La industria se derrumba, la economía no sale a flote, las inversiones ni amagan a venir, y en los que le toca directamente a él anuncia nuevos recortes en la inversión y la obra pública.

La idea de intercambiar proyectos de mano de obra intensiva y planificación de infraestructura urbana por mano de obra precarizada mediante cooperativas sin capacitación ni estructura tecnológica, combina una demagogia a corto plazo y un ajuste del gasto del Estado –a fuerza de contratar trabajadores más baratos. Por esta vía no se podrán satisfacer las necesidades populares más urgentes –la falta de obra hídrica para evitar inundaciones, o las principales obras de infraestructura y urbanización-, ni dar una respuesta efectiva al problema de la creciente desocupación. Kicillof, tras reunirse con el ministro Katopodis, anunció que utilizará ese modelo para la realización de obras de refacción de bajo costo en escuelas de la provincia de Buenos Aires, mientras hay obras paralizadas por $4.000 millones y están pendientes los proyectos de mayor envergadura.

La reactivación de la obra pública choca de lleno con la ruta de ajuste del gobierno de Fernández y el FMI. Solo un plan integral de obras de infraestructura, urbanización y vivienda, bajo control de los trabajadores, podrá incidir directamente en la reactivación de la economía, la generación de miles de puestos de trabajo y la satisfacción de las necesidades populares postergadas. Para ello hay que empezar, a su vez, por dejar de pagar el peso muerto que significa la deuda usuraria y fraudulenta.