Políticas
4/8/2026
¿Recule o maniobra? La trampa del tope del 25% para avanzar con la extranjerización de la tierra
Derrotemos la ofensiva de Milei con una movilización masiva el 6 de agosto al Congreso y en todo el país.
Seguir
El gobierno nacional volvió a retocar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para conseguir los votos que le faltan en el Congreso, incorporando un límite del 25% en la extranjerización de las tierras -el proyecto originario no tenía límites y la legislación actual permite solo el 15%-. Las modificaciones buscan hacer pasar por moderación una ofensiva que mantiene intacto su objetivo de profundizar la entrega del territorio nacional y los recursos naturales al capital privado.
El cambio más publicitado se da en la modificación a la Ley de Tierras, donde el proyecto original eliminaba directamente el límite del 15% para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros. Ahora el oficialismo propone elevar ese tope al 25% del territorio nacional, pretendiendo presentar esta “concesión” como una garantía de soberanía, cuando en realidad implica ampliar en dos tercios la superficie que podrá quedar en manos de intereses foráneos, permitiendo que localidades enteras puedan quedar en manos de capitales privados foraños.
El nuevo texto mantiene la eliminación de los límites a escala municipal y departamental, precisamente los que buscan impedir que una región entera quede bajo el control de un mismo interés privado. La consecuencia es evidente: aun con un techo nacional, podrán venderse municipios completos, puertos, corredores estratégicos o zonas de frontera a un puñado de grandes capitalistas con el simple aval político de los gobiernos de turno.
Aunque ninguna provincia supera hoy el 15% de tierras rurales en manos extranjeras, más de treinta departamentos ya exceden ese porcentaje y al menos cinco tienen más de la mitad de su superficie extranjerizada: San Carlos y Molinos, en Salta; General Lamadrid, en La Rioja; Lácar, en Neuquén; y Campana, en la provincia de Buenos Aires, que además concentra un puerto de enorme importancia estratégica. A ellos se suma el caso de Iguazú, en la Triple Frontera, donde casi el 40% de las tierras ya pertenece a propietarios extranjeros.
El proyecto elimina las restricciones territoriales que hoy impiden la concentración de tierras en una misma provincia, departamento o municipio. Así los capitalistas podrán apropiarse de municipios enteros o de regiones estratégicas del país, aun cuando el límite nacional no se encuentre agotado.
La iniciativa también suprime los topes que hoy impiden que un mismo propietario extranjero concentre extensiones descomunales de tierra, habilitando una concentración sin precedentes del suelo rural, fortaleciendo el poder de grandes grupos económicos sobre recursos estratégicos y sobre la producción agraria.
La ofensiva incluye además la flexibilización de las restricciones para la venta de tierras en zonas de frontera y de territorios que contienen o lindan con ríos, lagos, cuencas hídricas, glaciares y otros bienes naturales estratégicos. Se trata de una nueva cesión de recursos y territorios en beneficio de los negocios inmobiliarios, extractivistas y especulativos.
Como si esto fuera poco, el proyecto modifica normas vinculadas a los derechos de los inquilinos, de las comunidades originarias y a la protección de las tierras incendiadas. Bajo el disfraz de la “seguridad jurídica” de la propiedad privada, se consolida un régimen hecho a la medida de los grandes propietarios y del capital financiero.
Hay que derrotar este proyecto de entrega con la movilización popular. Este 6 de agosto, cuando el Congreso trate la ley, es necesario ganar las calles frente esta ofensiva, copando las inmediaciones de la sesión y las principales ciudades del país, para impedir su aprobación. La defensa de la tierra solo puede venir de la movilización independiente de los trabajadores y del pueblo contra un régimen que pretende rematar el país al mejor postor.
