Kirchner y el ministro duhaldista del Interior, Aníbal Fernández, pilotean el operativo político de una transición hacia un juarismo sin Juárez. A los 35 legisladores juaristas que fueron a buscar apoyo a la Casa Rosada, Fernández les exigió que pusieran en marcha "acciones políticas" que den una salida a "la situación en Santiago (que) no tiene retorno por la grave crisis institucional que ya se comió a un vicegobernador, un diputado leal a Juárez, un juez, al defensor del pueblo local y a toda la cúpula de la seguridad provincial" (Clarín).

Kirchner, Fernández y Cía están defendiendo lo que queda del Estado capitalista santiagueño.

De todas maneras, se están tomando su tiempo. A pesar de las pruebas de asesinatos, torturas, robos y delitos de grueso calibre que contra los Juárez y sus principales allegados, Aníbal Fernández desestimó que el gobierno tenga "elementos para intervenir la provincia". Por el contrario, consideró que "los elementos que hay pueden ser muy pesados desde la subjetividad, pero desde la objetividad no dan para plantear formalmente la intervención" (Ambito, 13/2). Las pruebas demuestran, entre otras cosas, la participación directa de Juárez y sus secuaces en la desaparición de personas en la provincia desde la época del lopezrreguismo y la dictadura. La intervención, sin embargo, está reservada para el caso de que "las presiones no den resultado en el mediano plazo" (Clarín, 23/2).

Llegado el caso, la intervención sería la carta de salvación de todo el arco político patronal. La reclaman, por eso, legisladores "de la UCR, del ARI, del menemismo, del PJ (que) coincidieron en señalar que la provincia ya dio muestras de no poder resolver el conflicto por su cuenta" (Clarín, ídem).

No hay tiempo que perder

Según la diputada del minibloque "Memoria y Participación" (ex Frepaso), Marta Ramos: "Sobre la Nina sólo falta que se vaya. Ahora estamos trabajando por un gobierno de transición que necesita acuerdos mínimos" (Página/12, 24/2). Esos acuerdos "mínimos" se tejerían, entre otros, con el diputado nacional del PJ Fernando Salim, que el 12 de febrero encabezó la delegación de juaristas "leales" para pedirle a Aníbal Fernández que salvara a la Nina y que hoy lidera, convenientemente, el bloque opositor.

El gobierno de "salvación provincial" que se está gestando es la respuesta a la masividad de las marchas del pueblo santiagueño, que plantea la posibilidad de una Asamblea Popular.

Justamente, "más de 15.000 personas… nutrieron la última marcha del silencio. Donde el pedido era la caída del gobierno" (Página/12, 24/2).

Para encabezar esta salida "ordenada" del juarismo, el candidato de Kirchner es un ex juarista, el intendente del municipio de La Banda, Héctor "Chabay" Ruizes, del Movimiento Santiago Viable, que en 1999 apoyó a la Alianza. A este rescate del juarismo se ha sumado la CTA.

El último paso del gobierno hacia una salida menos traumática pasa por "convencer" a legisladores del juarismo para que voten el desafuero de la gobernadora Nina Aragonés de Juárez y llevarla a un enjuiciamiento por la defraudación en el Anses. Varios de los leales confesaron a Clarín que "se espera un gesto de la Nación para convencer a los diputados" (27/2).

La tramoya kirchnerista-duhaldista huele a podrido.

La única salida a la crisis para los trabajadores y el pueblo de Santiago del Estero es reemplazar al régimen juarista por una Asamblea Popular que desmantele al actual régimen político y resuelva el conjunto de las necesidades de los santiagueños.