Políticas
20/3/2026
Reestructuraciones y reasignaciones de capacidad de transporte de gas natural
Los “desregulacionistas” que regulan.
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Transporte gas.
La Secretaría de Energía de la Nación acaba de emitir el Decreto 66/2026 por el cual determina una reestructuración y reasignación de volúmenes para los gasoductos del país, en función de la mayor incidencia alcanzada por el aporte gasífero desde Vaca Muerta respecto a la situación anterior, cuando existían flujos significativos del sistema norteño de gasoductos, concesionados a TGN.
Lejos de desregular, una de las palabras preferidas de Milei y Sturzenegger, el gobierno nacional a través del poder del Estado procede a una nueva regulación. Esta nueva regulación ya ha producido el milagro que Chile, una país sin hidrocarburos, haya exportado gas por el gasoducto Norandino con destino al NOA a través de una transacción entre privados. Por otro lado TGS ha recibido ofertas para contratarle capacidad de transporte para su obra de ampliación del gasoducto Perito Moreno.
De modo que el proclamado nuevo sistema de contratos de compra y venta de gas, que queda en manos de privados de ahora en adelante, se inicia con una regulación normativa que tiene algunos beneficiados especiales.
El gobierno sabe que a partir de unas semanas debería comenzar a importar GNL por el puerto de Escobar a un precio en dólares muy superior al local, incrementado ahora por la situación bélica (agravado por el ataque de Irán a instalaciones de producción de GNL en Qatar, el mayor exportador del mundo).
La tarifa por el transporte para los contratos entre productoras y consumidores industriales, usinas o grandes usuarios (mineras, etc.) va a recibir el impacto, así como el consumidor domiciliario de los mayores precios y de la reasignación del flujo y capacidades contratadas por gasoductos.
Dada la merma de transporte por el gasoducto norte a partir de la caída de importaciones desde Bolivia y la baja en la producción de la cuenta del noroeste, el sentido del flujo del gasoducto norte que abastecía al centro del país y a gran parte del Amba debe ser reemplazado por la producción creciente de Vaca Muerta. En ese reemplazo del gas desde el norte por gas desde el sur, el gasoducto Perito Moreno debía jugar un papel a condición que se completara la segunda etapa del mismo desde Salliquelló (al oeste bonaerense cerca de La Pampa) hasta San Jerónimo. Pero la segunda etapa nunca se construyó y apenas hoy en día está adjudicada como proyecto de inversión privada a TGS.
La huelga de inversiones y el parate de todas las obras de infraestructura que impuso Milei apenas asumió, produjo este desbalance y la necesidad de seguir importando buques con GNL a través de Escobar. Este invierno aún serán 20 los buques previstos que arribarán a esa terminal de regasificación.
El gobierno se prepara para un nuevo invierno envuelto en el laberinto y el pantano que él mismo creó y pretende remediarlo derivando el sistema a manos de las empresas privadas del sector.
Que obviamente no se muestran muy entusiasmadas en poner en marcha nuevas obras y que pretenden asegurarse el negocio con lo que ya existe. Aún no están concluidas las obras de reversión del gasoducto norte para que importantes volúmenes de gas lleguen a las mineras del NOA. Esto en un contexto donde se registra el cierre de pozos gasíferos en Vaca Muerta.
Un negocio de dos: cazan en el zoo, pero a los codazos
Existen en la Argentina solo dos concesionarias de transporte de gas: TGN (Transportadora Gas del Norte), cuya adjudicación vence en los próximos años, y TGS (Transportadora Gas del Sur), cuya adjudicación acaba de ser prorrogada por 20 años. La otra transportista aún espera por su prórroga.
TGN es propiedad de Tecpetrol S.A cuyo CEO es Paolo Rocca, y CGC es del grupo América de Eurnekian. Entre ambas poseen el 56% de Gasinvest que es la sociedad controlante de TGN,
En tanto TGS está controlada por CIESA dominada por Pampa Energía de Marcelo Midlin y el grupo económico liderado por la familia Sielecki y la familia Safra de Brasil.
Hay en ambas transportistas empresas productoras de gas, que buscan colocar su producción y asegurarse capacidad de transporte por los gasoductos. Por ejemplo Tecpetrol y CGC en TGN y Pampa en TGS.
El cuadro se completa con seis conglomerados empresarios (Ecogas, Camuzzi, Naturgy, Gasnea, MetroGas y Litoral Gas) que cada uno distribuye el gas por varias provincias o en regiones geográficas de alta densidad de consumo. Estas distribuidoras que adquieren el gas transportado tanto por TGN como por TGS, deben pagar el “peaje” correspondiente. Por lo tanto el origen (punto de partida) del gas que compran, los largos recorridos que realiza y el derecho a usar los caños, constituyen parte de sus tarifas a los consumidores.
El desbalanceo entre la producción del norte y del sur por la huelga de inversiones pateó el tablero de esos peajes y el invierno que viene amenaza con dar un jaque mate. De allí los codazos diplomáticos y los lobby capitalistas en curso.
Disputas intercapitalistas por el negocio
Los “desreguladores” del mercado capitalista están interviniendo a fondo a través de la regulación estatal en la competencia capitalista. Lo hacen en función de los negocios que se abran por la exportación saqueadora de los hidrocarburos y los tarifazos locales.
Hay una lucha por ganar posiciones de dominio sobre grupos capitalistas rivales y arruinarles negocios “cantados”: la adquisición de PAE de los caños indios más baratos y las burlas del presidente Javier Milei al empresario más poderoso del rubro, Paolo Rocca, es solo el episodio más mediático de esta disputa. Pero no el único. Los proyectos de TGS que compiten abiertamente con los proyectos de YPF S.A. son otra muestra. Lo sería también el anuncio del CEO de YPF S.A. de construir un gasoducto de 48 pulgadas que Paolo Rocca no estaría en condiciones de fabricar.
Esta disputa debe interpretarse como una de las razones del reciente Decreto 66/2026 que entre otras cuestiones, da de baja el Programa Transport.ar puesto en marcha por la Resolución 67/2022 de la Secretaría de Energía que también contiene la declaración de interés nacional para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner (hoy Perito Moreno), y la realización de diversas obras (Reversión del gasoducto Norte, ampliación de capacidad de transporte del gasoducto San Martín, ampliación del gasoducto Neuba II, etc.) muchas de las cuales han quedado inconclusas.
El desguace de un sistema único de transporte que produjo la privatización de Gas del Estado impacta de lleno más de dos décadas después y LLA intenta resolver el desmadre para que se revuelva en su propio laberinto. La clase capitalista es incapaz de dotar al país como un todo de un recurso vital, lo suyo es la pelea por ganar mercados y desplazar a los competidores. Los sucesivos gobiernos son peones de este objetivo empresario.
El Decreto 66/2026 parte de esta realidad y pretende adecuar la política de transporte de gas a la misma, pero sin resolver la cuestión de fondo: la segmentación de ese transporte y el dominio de dos licenciatarias que usufructúan gasoductos construidos con fondos estatales y generan la anarquía energética a costa del bolsillo popular, pero también de los grandes consumidores, de las distribuidoras e incluso de una licenciataria a costa de la otra.
Cualquiera que revise la maraña de resoluciones, decretos y decisiones de los directorios de los entes reguladores del gas podrá verificar esta afirmación en el propio decreto.
Allí se menciona que la “Ley Bases” tuvo “el propósito de reducir al mínimo la intervención del Estado nacional y de recuperar el dinamismo de las inversiones y el desarrollo de infraestructura por iniciativa privada”. Ese “dinamismo privado” no se ha verificado en los hechos y nunca reemplazó dos años de paralización de la obra pública por completo y en especial la destinada a la infraestructura energética. Y esto viene incluso desde antes del actual gobierno, ya que las obras aprobadas como prioritarias en el Artículo 3° de la Resolución Nº 67/22 (gobierno de los Fernández) no fueron ejecutadas en su totalidad en la segunda parte de su mandato.
La nacionalización bajo control obrero de toda la industria energética, y del transporte gasífero, para un sistema único nacional permitiría la realización de las obras inconclusas y poner el recurso al servicio de un proceso de industrialización y de las mayorías populares y su calidad de vida.
