El ya reaccionario régimen de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) será modificado para volverlo más antiobrero aún, según el proyecto de ley que el gobierno presentó en ese sentido al Congreso Nacional. La nueva norma avanza decididamente sobre los derechos del trabajador de acudir a la justicia laboral en caso de accidentes, al acotar la llamada “doble vía”, que permite, con severas limitaciones, reclamar ante una ART y al mismo tiempo en tribunales del trabajo.

De acuerdo con el proyecto oficialista, un trabajador accidentado no podrá ahora litigar sin antes “haber agotado la vía administrativa” ante una comisión médica y la propia ART. Actualmente la vía judicial está limitada de hecho por la situación, muchas veces desesperante, del trabajador accidentado, que no puede esperar el tiempo demandado por una acción legal. Por eso, sus necesidades lo obligan a aceptar lo que ofrece la ART. Es decir, se ve obligado a dejarse estafar. Ahora aun esa posibilidad ulterior de demandar quiere suprimirse de hecho.

De esta nueva norma, sencillamente salvaje, se habló en el “mini-Davos”, entre otras demandas patronales, tanto de las cámaras empresariales locales como de los pulpos multinacionales. Atento a los reclamos de los empresarios, Macri ya había embestido en declaraciones públicas contra lo que él llama “la industria del juicio”. El Presidente dijo en julio pasado, con todas las letras, que la llegada de inversiones exigía que la justicia laboral fuera “más equitativa”; es decir, más propatronal de lo que es. Ahora intenta avanzar en ese sentido, comprometiendo a la CGT. El tema forma parte de las "mesas de trabajo" impulsadas por el gobierno con la burocracia y los empresarios. La CGT renunció al paro por la reapertura de paritarias a cambio de un “bonito” de $2000 y ahora se apresta a la entrega mayor –reforma de las leyes de trabajo, contratos basura vía “empleo joven”, etc.

Dice La Nación (22/10): “La propuesta que ingresó en la Cámara alta establece que, cumplido el paso de la comisión médica local, el trabajador podrá optar entre apelar ante la Comisión Médica Central (CMC), que es la instancia administrativa superior, o ir directamente a la Justicia. La iniciativa determina también que si las decisiones de las comisiones médicas no son apeladas en los plazos correspondientes, se convierten en cosa juzgada, es decir, ya no pueden plantearse ante la Justicia”. Se trata de un chantaje en toda la línea: una vez emitido el dictamen de la comisión médica patronal, el trabajador podrá apelar ante otra comisión del mismo carácter y cobrar lo que le ofrezcan o ir a un juicio que puede durar años y condenarse mientras tanto al hambre.

Estas cosas pueden suceder por la completa parálisis de la burocracia sindical, acomodaticia e impotente. La lucha contra este nuevo atropello no podrá prosperar entre las paredes del Congreso: deberá desarrollarse activamente, en la calle, con el paro y la movilización.