Con el voto del interbloque oficialista Vamos juntos (conformado por el PRO, Coalición Cívica y los legisladores que responden a Graciela Ocaña) se aprobó en la legislatura porteña la reforma del Código Procesal Penal de la Ciudad.

Bajo el pretexto de afrontar el traspaso de delitos nacionales al ámbito de la Ciudad, el oficialismo está estableciendo un Estado policial. El proyecto da amplias facultades a jueces y fiscales para dictar escuchas hasta por 90 días, infiltrar agentes encubiertos que serán designados por el Ministerio de Justicia, o sea por el poder ejecutivo, eliminando todo vestigio de independencia de poderes. Este código le da un poder discrecional al gobierno para manipular los procesos judiciales y perseguir opositores. También podrá detener personas de manera arbitraria hasta por  cuatro días, duplicando lo permitido actualmente y amplía los motivos para dictar la prisión preventiva para los delitos que sean de cumplimiento efectivo.

Paralelamente se discute una modificación represiva del Código Contravencional que permite a la policía la “coacción directa” para hacer cesar una contravención. En la última versión del proyecto girada hace horas, se eliminaron nuevas medidas de espionaje con la “vigilancia remota” de celulares y computadoras violando la intimidad de las personas. Alertamos a la población que este es el plan original del oficialismo, que sólo retiró por el escándalo que suscitó, pero con el que seguirán insistiendo.

Código represivo

La reforma del Código Procesal Penal fue presentada como “necesaria” para adecuar éste al traspaso de delitos que han pasado del ámbito nacional al ámbito de la Ciudad. 

Si bien la reforma se presenta como un gran avance de la participación de las víctimas, en realidad restringe las atribuciones que el código nacional les daba a estas para ser querellantes. Nos referimos a que el proyecto no admite la representación de estas por medio de organismos de derechos humanos y asociaciones que protejan en forma colectiva derechos.

Esta limitación se ha atribuido que no han pasado a la ciudad “delitos graves” como el homicidio o las torturas, pero no se ha aplicado el mismo criterio al legalizar la acción de la policía e incorporar medidas especiales de investigación, como las figuras de “agente encubierto”, que autoriza la infiltración policial en las organizaciones criminales –lo cual abre un tendal de interpretaciones sobre cuáles son estas– y “agente revelador”, que autoriza a los miembros de la policía a simular su interés en participar de una actividad criminal para luego desbaratarla –lo cual implica, asimismo, que puede también promover que se produzca un delito para obtener detenciones. Por lo tanto, la misma policía, cuestionada por administrar “zonas liberadas” y que son parte de las redes de trata y narcotráfico, infiltrarse –o participar del negocio, ahora con cobertura legal– a los fines de crear situaciones delictuales para detener personas. También habilita la creación de un ejército de buchones rentados por el Estado, que van a salir de la propia delincuencia, al que le darán el carácter de “informantes”.

El fortalecimiento de la acción policial lleva al extremos de otorgarle llevar adelante las acciones de investigación, como escuchas a las que se le ha quitado el límite temporal de 30 días como plazo máximo, como prevé el actual Código Procesal Penal nacional.

Todas estas medidas conforman un estado vigilante de los ciudadanos en manos de la discrecionalidad de las fuerzas policiales, independientemente de que las vigilancias, escuchas e intervención de los agentes sean llevadas a cabo por medio de orden judicial. Por otra parte, se vulnera la presunción de inocencia, amparada por la Constitución Nacional, al incorporar como “posibles causales” de peligro de fuga que, al momento de pedir sentencia, el fiscal solicite la aplicación de pena efectiva. Se restringe además la posibilidad de acceder a formas alternativas de finalización del proceso, como la probation, o vías alternativas de composición a través de la mediación, a las cuales no podrán acceder las personas con antecedentes. También limita su aplicación al restringir la solicitud de la misma hasta el final de la instrucción y no habilitarla hasta el inicio del juicio oral.

Esta reforma sigue los lineamiento de control ciudadana y fortalecimiento del accionar policial y su arbitrariedad, conforme a la “doctrina Chocobar”.

Un Estado policial al servicio del ajuste

¿Para qué quiere Larreta este paquete represivo? La justicia de la Ciudad controlada por Angelici acaba de acusar al sindicato del Subte de ser una asociación ilícita. Pretenden hacer escuchas e infiltrar agentes en las organizaciones obreras. Detener arbitrariamente a quienes se movilizan contra el ajuste y la represión, como en la lucha contra el robo a los jubilados y por la aparición de Santiago Maldonado. Quieren reprimir las protestas como las clases públicas como recientemente que labraron un acta contra una docente en la lucha por aumento de salario. 

Es decir, este reforzamiento represivo pretende poner en caja a todos los que luchan contra el ajuste en medio de una gigantesca crisis económica que Macri, los gobernadores y el FMI pretenden descargar sobre los trabajadores. 

Repudiamos este Estado policial al servicio del ajuste.