El kirchnerismo logró la media sanción en Diputados al proyecto de ley para modificar el impuesto a las Ganancias. La reforma, dirigida supuestamente a "atacar la renta financiera", ha terminado en una caricatura. La nueva ley se circunscribe a gravar la compra y venta de acciones que no coticen en la Bolsa de Comercio. Es decir, al chiquitaje. Quedan excluidas -y por lo tanto eximidas del impuesto- las grandes empresas que ofrecen sus acciones en oferta pública, o sea, las "corpos". Los nac&pop no se quedan atrás respecto de Macri a la hora de rendir tributo al "círculo rojo". Otra de las medidas consiste en gravar con una tasa del 10 por ciento la distribución de dividendos. Es un porcentaje menor, que las empresas estarían en condiciones de sortear apelando a diferentes artilugios contables, como ya se han encargado de advertirlo diversos especialistas. Por esta reforma, el gobierno pretende recaudar apenas 2 mil millones de pesos. Ni siquiera alcanza para cubrir lo que dejarán de recaudar en un cuatrimestre por el nuevo tope de 15.000 pesos, establecido para el impuesto a las ganancias sobre los salarios.

La oposición

Un dictamen alternativo al oficialismo, suscripto por massistas, el PRO, la UCR y las restantes fuerzas que integran el Unen, hace silencio de radio sobre las rentas financieras. Avanza en un retoque limitado del mínimo no imponible propuesto por el kirchnerismo y plantea su movilidad semestral, similar a la existente en las jubilaciones. Al mantener este impuesto, la canasta familiar, que debería ser un piso, termina siendo un techo. El impuesto al salario es un factor adicional que contribuye a la depreciación histórica de los salarios, y es una señal de la barrera insalvable que el capitalismo pone al progreso social, impidiendo que los trabajadores puedan disponer de una cuota mayor de la riqueza social que ellos mismos generan.

Lozano criticó ambos proyectos. "El dictamen oficial -afirmó- no avanza sobre la renta financiera. El otro dictamen de minoría tampoco lo incluye. Por eso, vamos con otro dictamen" (Río Negro, 4/9). Se pronunció en favor de una reforma tributaria donde se "pueda deducir el alquiler y eliminar el pago de ganancias de los salarios" (ídem). Pero luego de estas afirmaciones, concluyó… votando el proyecto oficialista. "Las sorpresas fueron los votos afirmativos del jefe del sindicato de Empleados de Peaje, Facundo Moyano, y su par del sindicato de Canillitas, Omar Plaini; el recientemente distanciado del kirchnerismo, el fueguino Rubén Sciutto y sus comprovincianos Liliana Fadul (Partido Fueguino) y Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino); los representantes de Unidad Popular Claudio Lozano y Graciela Iturraspe, su colega del MIJD Ramona Puchetta, el salteño Alfredo Olmedo y los peronistas disidentes Mauricio Ibarra y Nora Videla" (ídem).

Lozano y la fuerza que él lidera enarbola como principal eslogan la necesidad de "caminar distinto". Pero no alcanza a dar dos pasos seguidos y tropieza con la misma piedra, actuando como furgón de cola de alguno de los grandes bloques patronales que se enfrentan. Lozano ha votado a sabiendas que el proyecto oficial constituye un fraude en lo que se refiere al lucro capitalista y una reafirmación del impuesto al salario. Lozano, de todos modos, terminó respaldándolo, con la excusa de que el tope de 15.000 pesos era "un paso adelante". El paquete impositivo oficial expresa una orientación social determinada; no se lo puede rebanar en fetas, y exhibir cada rodaja como si fueran compartimentos estancos.

En contraste con este panorama, el Frente de Izquierda plantea la abolición del impuesto al salario y de los impuestos que gravan al consumo, el desconocimiento del pago de la deuda usuraria, el establecimiento de un impuesto extraordinario al gran capital para recomponer los fondos de la Anses y del Banco Central, la gestión de los trabajadores de la economía nacional y una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales.