Fue en forma conspirativa: el lunes 13 el Poder Ejecutivo depositó en Mesa de Entradas del Congreso, 200 páginas de un paquete de medidas de “reforma del mercado de capitales” que autodenominó “Ley de Financiamiento Productivo”. El martes llegó por mail al despacho de los diputados y el jueves a la mañana se estaba votando en plenario de comisiones. El miércoles 22 se votará en el recinto. Un verdadero trámite express para una reforma financiera que adopta medidas de “liberalización” a favor de especuladores y financieras.

 

Como objetivo declarado se plantea crear un mercado de capitales nativo “sólido” (esto dicho en la semana que la Bolsa porteña tuvo un desplome del Merval del 14%). El diagnóstico gubernamental es que en Argentina está poco desarrollado el “mercado de capitales” en relación a otros países de América Latina. Esto se debe en primer lugar a la experiencia vivida desde 1975 en adelante con sucesivas crisis y expropiaciones gubernamental-capitalista de los ahorristas, que tuvo su pico más demostrativo en los corralitos del “argentinazo”.

 

La nueva reforma es presentada como un conjunto de medidas para abaratar el financiamiento de las Pymes. Pero se trata, en realidad, de nuevas figuras y negocios especulativos al servicio del capital financiero.

 

Crea, por ejemplo, las “cédulas hipotecarias”, donde los bancos podrían descontar los préstamos hipotecarios indexados (UVA). Y haría contraer seguros a los tomadores de crédito (que al mismo tiempo encarecerán  sus cuotas). Se trata de derivados financieros especulativos como los que provocaron el estallido de la crisis capitalista del 2007 en los Estados Unidos y el mundo.

 

Para ello se plantea desgravar del impuesto a ganancias, a sectores financieros como las empresas de seguros. Pero mantiene firme y extiende a nuevos sectores de trabajadores dicho gravamen confiscatorio sobre sus salarios. También se vuelve a abrir la puerta a la jubilación privada, bajo la forma  de seguros de retiro “complementarios” voluntarios. Negocio que no podrá ‘progresar’ si no se profundiza la destrucción del sistema previsional del Anses.

 

El proyecto habla de “seguridad jurídica y confianza” pero coloca trabas para la fiscalización de la CNV (Comisión Nacional de Valores) pues liquida la posibilidad de intervención de las empresas que otorgaba el artículo 20 de la anterior ley, devolviendo la plena ‘libertad’ a los grandes accionistas de cometer tropelías contra los intereses de los accionistas minoritarios. Esto hasta se parece a una ‘vendetta’ personal del presidente Macri: no hay que olvidar de las multas aplicadas en 1992 por la CNV a Franco y Mauricio Macri por haber realizado una manipulación de precios en la oferta de acciones de SEVEL. 

 

El camino para la aprobación parece despejado por un acuerdo general de las fuerzas patronales. “Tanto legisladores del oficialismo como de la oposición aseguran que es uno de los proyectos de reforma enviados por el Ejecutivo que más consenso tiene”, dice La Nación (16/11).

 

Habrá cinco dictámenes, pero los de los bloques del PJ (Bossio) y los renovadores de Massa son en gran medida puramente cosméticos. El del FPV planteará mantener la ley de mercados aprobada por el kirchnerismo en el 2012, con el apoyo, entonces, de la UCR y hasta Prat Gay.

 

Solo el dictamen que presento Pablo López, del PO-FIT, denuncia que crédito barato para las Pymes no habrá de ninguna manera. Para ello es necesario no reforzar las tendencias parasitarias del capital financiero, sino extirparlo antes que asfixie por completo la economía popular. Es necesario expropiar sin indemnización la banca privada y constituir una gran Banca Estatal, que debiera estar bajo control de sus trabajadores. La apertura de los libros bancarios demostraría claramente como los banqueros se llenaron de dinero a costa del pueblo y las finanzas nacionales. Una banca estatal, bajo control de sus trabajadores, podrá orientar el crédito en favor de un plan de desarrollo nacional y de satisfacción de las necesidades obreras y populares. Esto no lo puede llevar adelante, de ninguna manera, este gobierno agente del capital financiero: solo un gobierno de trabajadores podrá impulsar esta transición.