Reforma electoral en Salta: el PO presentó una acción popular de inconstitucionalidad

El Partido Obrero presentó una acción popular de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia de Salta contra el artículo 2 de la Ley Provincial N.º 8.535, incorporado en la reciente reforma electoral impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz y aprobada por la Legislatura provincial.

La demanda sostiene que la norma vulnera derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia de Salta y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, al imponer requisitos arbitrarios que restringen el derecho de los partidos políticos a participar de las elecciones.

Una reforma hecha para proscribir a la izquierda

La acción judicial cuestiona la obligación de que los partidos presenten listas completas en todas las categorías electorales. Si un partido no cumple con ese requisito, queda automáticamente excluido de la elección para gobernador, aun cuando cuente con personería jurídica reconocida. Desde el Partido Obrero sostenemos que esta exigencia constituye una restricción arbitraria e irrazonable del derecho a participar en elecciones, afecta el pluralismo político y establece una barrera proscriptiva para eliminar de la competencia electoral a las fuerzas -sobre todo, la izquierda- que no cuentan con la estructura territorial y económica de los partidos tradicionales.

Asimismo, remarcamos que la elección de gobernador se realiza en un distrito único provincial, por lo que exigir presencia territorial en quince (15) departamentos no guarda relación con la representatividad electoral ni posee fundamento constitucional.

Sáenz busca blindar un régimen cada vez más cuestionado

Esta reforma electoral forma parte de un proceso destinado a reforzar el control del oficialismo sobre el sistema político provincial.

En ese sentido, advertimos que la ley restablece mecanismos que, bajo una nueva modalidad, mal llamada “Ley de Participación Democrática”, reproducen aspectos característicos de la antigua Ley de Lemas, multiplicando las listas del oficialismo al tiempo que endurece las condiciones para que partidos opositores puedan competir por la gobernación.

Desde el Partido Obrero sostenemos que la reforma electoral no busca ampliar derechos ni fortalecer la democracia, sino que su objetivo es blindar un régimen político golpeado frente al creciente rechazo popular a las políticas de ajuste, que descargan la crisis sobre los trabajadores, los jubilados y la juventud.

Para avanzar con ese rumbo necesitan limitar y, si es posible, eliminar la representación política de quienes enfrentamos consecuentemente esas políticas. Por eso buscan proscribir al Partido Obrero y reducir las alternativas políticas para el pueblo.

La defensa de las libertades democráticas

La presentación judicial solicita que la Corte declare la inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley N.º 8.535 y deje sin efecto una disposición que altera las reglas democráticas y limita la libre competencia electoral por violar el derecho de participación política, el principio de igualdad ante la ley, el pluralismo democrático, el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos sin restricciones irrazonables y las garantías democráticas reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales.

La presentación constituye, además, una defensa del derecho de toda la población a contar con una verdadera libertad de elección, sin barreras proscriptivas impuestas por quienes utilizan las instituciones del Estado para preservar sus propios intereses políticos.