Alberto Fernández presentó lo que será su reforma judicial. Se trata de una movida a varias bandas. Por un lado, echar mano sobre Comodoro Py y la justicia federal penal en general. Por otro, tomar el control de la Procuración General de la Nación y además impulsar la implementación del sistema acusatorio que traslada la órbita de la investigación penal a los fiscales. Además, hacerse con el control de la Corte a partir de un proyecto de ampliación de sus ministros que traslada el sistema de escuchas judiciales que manejan Lorenzetti e Irurzun Bruglia a la Procuración y darse una política para tomar los enormes fondos de reserva que tiene la Corte Suprema en la banca pública.

Justicia federal

Originalmente, desde los primeros días de su asunción, el gobierno promocionó el proyecto de Gustavo Béliz que planteaba una licuación del poder de Comodoro Py a partir de la unificación de los 12 juzgados federales con todos los juzgados del fuero criminal y correccional nacional ordinario que no estuviesen vacantes. Sin embargo, mucha agua corrió debajo del puente. Las características de un gobierno de bonapartismo bicéfalo en crisis han hecho que el proyecto vaya mutando en función de los distintos intereses de las camarillas gobernantes, en función de la búsqueda de un compromiso del Albertismo con la oposición patronal y con Comodoro Py (y los servicios de inteligencia a los que ellos responden). En ese sentido se observan dos cuestiones: primero se abandonaría el proyecto Béliz y se irá hacia una unificación del fuero penal federal de Comodoro Py con el fuero penal económico. Al mismo tiempo se dividirá una de las dos secretarías de cada juzgado y se transformará en un nuevo juzgado federal dejando así la posibilidad de cubrir varias vacantes a las que se suman las recientes jubilaciones y fallecimientos en Comodoro Py. Pero la unificación de Comodoro Py con penal económico no supone o no supondría una licuación del poder de cartel de Comodoro Py sino que más bien equivaldría a unificar el Cartel de Medellín con el de Cali.

En cierta forma Gustavo Béliz está viviendo un “deja vu”, otra vez como en 2004 donde “el nestorismo” arrancó tomando su proyecto y terminó desenvolviendo otro de compromiso con Comodoro Py.

Traspaso: el ajuste a los judiciales y en busca del apoyo de mi amigo Horacio

Además de una futura repartija en los nombramientos de jueces en los juzgados federales a crear, Alberto Fernández tiende otro puente hacia Rodríguez Larreta y el macrismo. Nos estamos refiriendo al traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires que tanto el macrismo intentó lograr en 4 años y que por la oposición y lucha de los trabajadores quedó trunco.

Primero arrancaría el traspaso del fuero penal ordinario luego de un período de transición de 2 años para terminar las causas iniciadas previamente. Pero después vendrán el fuero del trabajo, el fuero comercial y el fuero civil. De esta forma el dúo Larreta–Angelici lograría hacerse del poder de los juzgados penales para así ejercer más cabalmente el control sobre la represión en el ámbito de la ciudad. Pero también llevaría al ámbito de una justicia manejada completamente por los operadores macristas al fuero del trabajo y al fuero comercial que, por actuar en el ámbito de la CABA, muchas de sus resoluciones terminan teniendo un carácter nacional.

De todas maneras no está claro cómo quedaría resuelto el tema del presupuesto respectivo. Eso pueda dar lugar a conflictos, como ocurriera en el pasado con la policía y más aún teniendo en cuenta que está pendiente la amenaza de un recorte de presupuesto a la Ciudad.

Para los trabajadores judiciales, como tantas veces se ha reflejado en las páginas de Prensa Obrera, el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad implica una reforma laboral en toda la línea. Salarios más bajos, extensión de la jornada laboral y pérdida de derechos, a lo cual se suma ya a toda una batería de medidas ajustadoras que sufrieron los judiciales en este año (reforma jubilatoria con descuento confiscatorio, congelamiento salarial, virtualización forzosa, eliminación de la feria de invierno y pago del aguinaldo en cuotas).

Por una impunidad compartida

En este contexto de posible creación de nuevos juzgados, no solo podría haber interés de parte del actual oficialismo en meter mano para cerrar causas de corrupción sino también de parte del gobierno saliente. Como también se ha referido en las páginas de Prensa Obrera la soga en el cuello de los macristas aprieta, pero no ahorca, pero comienzan a reproducirse las investigaciones sobre varios de ellos. En ese sentido, no deja de ser ilustrativa la incorporación de Inés Weinberg de Roca, quien fuera la propuesta de Macri para reemplazar a Gils Carbó en 2018, en el Consejo de Asesor de Juristas que tendrán entre otros a Beraldi, el abogado de CFK, en sus causas de corrupción. De esta forma se pone sobre la mesa y a la orden del día una rosca en el senado para repartir entre el oficialismo y la oposición los juzgados creados y los vacantes.

No es el plan de Béliz que buscaba una licuación drástica del poder de Comodoro Py, sino un intento limitado de los partidos políticos patronales de liberarse de la tutela de Comodoro Py.

Por la Procuración y el control de las escuchas judiciales

Desde que Macri no consiguió los votos para nombrar en el Senado a Weinberg de Roca, logró alinear al Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de la designación interina del procurador Eduardo Casal. Desde ese lugar, el procurador interino garantizó un alineamiento del MPF con la ofensiva de Garavano–Bullrich sobre el kirchnerismo, la protección al fiscal Stornelli y una política de ajuste para los trabajadores de las fiscalías y la Procuración General de la Nación. Sabido es que el gobierno, al igual que Macri, no cuenta con las dos terceras partes de los votos en el Senado para nombrar a Rafecas como procurador general, por eso, el kirchnerismo arrancó con pedidos de informes y juicio político a Casal. Ya suena en su lugar Víctor Abramovich afín a Justicia Legítima.

También supeditadamente a estas movidas de desembarco en la Procuración, CFK avanzó en la Comisión de DNU del Senado en la anulación del decreto de Macri que transfirió la Oficina de Escuchas Judiciales (Dajudeco) a la Csjn (Corte Suprema de Justicia de la Nación) y que el propio Lorenzetti puso en cabeza de los jueces de Cámara de Apelaciones en lo Criminal Federal, Irurzún y Bruglia. Entre paréntesis, esta movida pone en peligro la continuidad laboral de más de 300 judiciales que en su momento la Corte incorporó con contratos precarios.

Finalmente, está pendiente la implementación definitiva del sistema acusatorio aprobado en 2015 y que Macri comenzó a aplicar progresivamente en distintas regiones del país. Si bien el pasaje de los jueces a los fiscales del control de las investigaciones implica un arma adicional para controlar a los jueces, se trata de un arma de doble filo si previamente el gobierno no se hace con el control de la Procuración.

La ampliación de la Corte

Otro elemento determinante de esta situación lo constituye el hecho de que el gobierno pretenda ampliar una corte que supuestamente tenía una mayoría peronista. Luego del golpe del macrismo que colocó a Rosenkratz en la presidencia de la Corte desplazando a Lorenzetti, se reunió una mayoría en torno a él, Maqueda y Rosatti, que neutralizó en los hechos todo papel o iniciativa de Rosenkratz. Esto tuvo su reflejo en que los hombres de Lorenzetti siguieron manejando la administración y los recursos estratégicos de la Corte.

Está claro que la iniciativa de conjunto de la reforma judicial confronta directamente a Ricardo Lorenzetti.

Pero como aquí también el contendiente del gobierno tiene su peso político, seguramente sean dejadas de lado las propuestas más ambiciosas de 15 miembros de la Corte con salas especializadas y que se vaya a una simple ampliación de ministros como hiciera en su momento Menem, repartija con la oposición de ministros mediante.

Palabras finales

De conjunto la orientación de la reforma judicial de Alberto Fernández debe ser caracterizada como reaccionaria. Apunta a la búsqueda de impunidad de los funcionarios políticos, capitalistas y al ajuste y la represión del reforzamiento de la política del FMI en el Poder Judicial. También se anunció la unificación del Fuero Contencioso Administrativo y Civil y Comercial Federal, se trata de una movida para blindar a un Estado quebrado frente a los reclamos de los particulares. En síntesis, no está claro que a partir de las concesiones ofrecidas el gobierno consiga la aprobación de la oposición derechista, pero lo que sí está claro es que pese a que contará con el auxilio del Sitraju de Vanesa Siley y la complicidad de Piumato, tendrá la completa oposición y lucha de los trabajadores judiciales.