Cuando aún estamos lejos de estabilizar la situación sanitaria y los contagios se multiplican en los centros urbanos, la Unión Industrial Argentina (UIA) ya discute con el gobierno las “propuestas para la reactivación productiva” pospandemia. Estas suponen acordar un plan económico basado en un consenso sobre impuestos, precios y regulaciones y un arreglo de la deuda con la expectativa de volver a reactivar la economía del país y fomentar las inversiones. Asimismo, demanda “nuevas regulaciones laborales” que permitan bajar el “costo laboral” y aumentar la competitividad.

En el documento presentado al gobierno, establece un ambicioso plan con cinco ejes centrales: “el fomento de nuevas inversiones y empleo”, “el financiamiento para la producción”, “la recuperación de las exportaciones industriales”, “la inversión pública para reactivar la demanda” y “el desarrollo de Industria 4.0 y nuevas tecnologías”. Las más de 75 hojas del escrito podrían resumirse en dos demandas: reforma laboral y subsidios al capital.

Entre las exigencias del sector se encuentra el pedido de moratorias extendidas, que por estos días se discute en el Congreso, un financiamiento subsidiado para empresas y particulares con líneas de subsidio a tasa cero, facilidades de liquidación de deudas con reprogramación de vencimientos, la continuidad de los ATP, la reactivación de los Repro y apalancar el programa de obras públicas. En particular, reclaman toda una vía de promoción a las inversiones en la producción 4.0, con exenciones impositivas (apuntando en particular contra ingresos brutos), subsidios e inversión en infraestructura digital. Finalmente, la UIA insiste en su exigencia de “simplificación del sistema tributario”, que abarcaría desde deducir intereses en la determinación de los impuestos que gravan al capital hasta la exención de impuestos a las nuevas inversiones y la compensación de cargas tributarias con cargas sociales.

El plan hace agua antes de siquiera comenzar. Solo estas medidas enunciadas suponen un desembolso de recursos que el Estado argentino va a tener que reservar y disponer para el pago de la deuda en el marco de la reestructuración con el FMI y los bonistas, un acuerdo que a cada paso implica una mayor subordinación nacional. La cuarta oferta del gobierno para la reestructuración de la deuda en dólares (nuevamente rechazada) significó el incremento de 16.000 millones de dólares respecto de la propuesta inicial. A esto se suma el nuevo plan de canje de títulos de deuda, presentado por el gobierno en el Congreso, que implica un rescate con jugosos beneficios para los acreedores.

Así las cosas, las demandas de los industriales entran en contradicción con uno de los sectores que domina la economía nacional. No debe descartarse que entre las propias exigencias del FMI se incluyan medidas que afecten los ingresos de una parte de la burguesía nacional en función de garantizar los recursos para el repago. Aún así, la UIA brega por un acuerdo de deuda, como paso obligado para abrir un nuevo ciclo de inversiones “agresivas” en el país. Una ilusión en un cuadro de depresión internacional.

Pero este no es el único punto débil de la propuesta. Una demanda clave es la “readecuación del sistema de exportaciones”. Según el propio informe de la UIA, la crisis agudizada por la pandemia llevó a las exportaciones nacionales a su registro más bajo desde 2004 en abril. El derrumbe de la economía de Brasil alarma en particular a los automotrices, ya que se prevé llegará al nivel más bajo desde 2010, condicionando la trayectoria de las exportaciones industriales a Brasil que representan el 28%. La modificación del esquema de retenciones incluiría un reintegro a las exportaciones.

Aunque hace apenas unos días los principales referentes de la industria se reunieron con representantes de más de 40 entidades de las cadenas agroindustriales del país para forjar un plan de reactivación económica común pospandemia, lo cierto es que los industriales buscarán subsistir de la renta agraria, lo que los pone en fricción con el campo. Estos últimos, a su vez, ya reclaman la eliminación total de las retenciones a las carnes rojas y a la leche.

El ambicioso plan de los industriales presenta profundas contradicciones que llevarán a enfrentamientos con los acreedores y dentro de la propia burguesía industrial y agroindustrial, que pujan por un rescate directo del Estado a su sector.

Frente único del capital contra el trabajo

El gran punto de encuentro de unos y otros es la modificación de los métodos de trabajo y el despliegue de un fuerte operativo de contención social que les permita avanzar en las reformas laboral y previsional, dos pilares de cara a la “nueva normalidad”.

Bajo el argumento de defender el trabajo y promover la industria 4.0, la burguesía reclama la eliminación de conquistas históricas de los trabajadores para crear “nuevas modalidades de empleo”, eufemismo utilizado para extender la precarización laboral. Para ello buscan reforzar la contención social, por un lado, con la extensión de la asistencia social que incluiría la continuidad del IFE y el fortalecimiento al seguro del desempleo -alejado, como viene ocurriendo ahora, de los sueldos del personal en actividad- y, por el otro, con la contención directa de las burocracias sindicales.

Apuestan reflotar experiencias como el Consejo Económico y Social, una mesa entre el Estado, las patronales, la burocracia sindical y los dirigentes de las organizaciones sociales cooptadas, que fuera un instrumento clave para proceder a acuerdos salariales a la baja a comienzos de año. El “diálogo social” de la UIA y la CGT ha dejado como saldo más reciente el pago del aguinaldo en cuotas, un ruinoso acuerdo de suspensiones al 60% del salario, recortes a las jubilaciones y millones de nuevos despidos.

Desde el “oficialismo” de la CGT, alineada a Gerardo Martínez, hasta los “díscolos” de la Corriente Federal, se pliegan a la iniciativa de los industriales y preparan nuevas entregadas para el movimiento obrero. La burocracia se suma a las demandas empresarias con el argumento de que esa forma preservan las fuentes de trabajo. En nombre de la “defensa de la industria nacional” vienen aceptando rebajas salariales y flexibilización laboral. Esta política no ha servido, sin embargo, para impedir los despidos y tampoco los cierres parciales y totales que se vienen multiplicando. Las patronales no tienen el menor reparo en transformarse en importadoras, promover vaciamientos o precipitar una quiebra cuando les conviene, dejando en la calle a sus trabajadores.

La hoja de ruta que fogonean los industriales significa establecer un verdadero plan de guerra contra la clase obrera. El gobierno de Fernández ya ha tomado partido reforzando un cuadro represivo en el país. Sin embargo, las contradicciones insalvables de su plan hacen imposible su propia ejecución. Una salida a la crisis, que revierta el atraso nacional y ponga en marcha la producción, debe partir del no pago de la deuda externa, la ruptura con el FMI y una reorganización de la industria nacional con la intervención directa de la clase obrera en su diseño y control.