El proyecto de ley aprobado por el gabinete nacional relativo a la previsión social desconoce los aportes Jubilatorios realizados hasta la fecha, lo cual es una confiscación de propor­ciones históricas de la propiedad priva­da de los trabajadores en el orden de los 150.000 a 200.000 millones de dó­lares.

El proyecto es naturalmente In­constitucional y transforma en pasi­bles de juicio político al conjunto de los integrantes del poder ejecutivo nacio­nal y a todos los legisladores que voten la medida. Igualmente el proyecto pre­vé la contribución compulsiva del 11 por dentó de los salarios de los trabajado­res en actividad, lo cual constituye otra manifestación confiscatoria de la pro­piedad privada de los asalariados. Por este medio se pretende transferir un monto de 300 millones de dólares mensuales a unos Fondos de Pensión manejados por la banca para seguir alimentando los superbeneficios finan­cieros de los especuladores capitalis­tas. Combinada con la política de priva- tizar empresas estatales por debajo de su valor, la llamada reforma previsional se transforma en la mayor transferen­cia de riqueza de la historia del país en perjuicio de la masa de los trabajado­res. El proyecto de ley delata a un gabinete nacional que oficia de agente burocrático de los corredores de Bolsa y del conjunto de la banca.

La perversidad de este proyecto es tal que luego de autorizar la ejecución de semejantes desfalcos, aumenta la edad mínima de jubilación y reduce la retribución jubilatoria al 70% de los salarios, con lo que en forma adi­cional se refuerza el interés del Estado en impedir cualquier aumento de salarios. El proyecto de ley no garan­tiza, ni podría hacerlo en la práctica, la intangibilidad de las contribucio­nes forzadas a las Cajas privadas, toda vez que un derrumbe de ellas como consecuencia de la propia espe­culación, quebraría la solvencia de la moneda nacional y del conjunto de los patrimonios, como ocurriera en la quie­bra de esos Fondos en Chile en 1982- 83.

El proyecto es un golpe al sistema jubilatorio al suprimir los aportes patro­nales, lo cual equivale a una reducción drástica y absoluta del conjunto del salario que el trabajador recibe durante su vida activa.

En oposición a este engendro confiscatorio que representa a los intere­ses de un puñado de saqueadores históricos del patrimonio de los trabaja­dores, el Partido Obrero propone:

1- Reconocimiento integral de todos los aportes obrero-patronales realiza­dos en la cuenta de cada trabajador, con sus debidas capitalizaciones.

2- Mantenimiento del 82% móvil, con el agregado de que su mínimo debe estar referido al costo de la canasta familiar.

3- Control y gestión de las Cajas de Jubilaciones del Estado por delegados elegidos y revocables por los trabaja­dores y jubilados.

4- Mantenimiento integral de los aportes patronales y fin de la evasión patronal, que ronda en el 50% (4.000 millones de dólares al año), por medio de la abolición del secreto comercial y el control de los trabajadores en todas las empresas.

5- Desconocimiento de la deuda ex­terna, con relación a la cual el país está pagando intereses superiores a los del mercado internacional, incluso de la “reducción” prevista en el “plan Brady.