Ahora que Cavallo prometió revisar el proyec­to la reforma laboral, ante la conmoción que su proyecto suscitó entre los trabajadores, está absolutamente claro que el gobierno va a hacer de todo (negociaciones y trapisondas) para imponer loa 10 horas do trabajo diario, eliminar el pago suplementario de las horas extras, instaurar el periodo de “prueba” de 3 meses y otros tantos ataques previstos en el proyecto.

Aunque la burocracia de la CGT ha pegado el grito en el cielo, hay que inclinarse a pensar que lo dio “luz verde”, a la luz de lo ocurrido con la “Jubilación privada” Naldo Brunelli ya aceptó la mayoría de las cláusulas del proyecto “labo­ral” anunciado por Cavallo en el convenio de Sonrisa, una condición que le impuso Techint durante el proceso privatizador.

La médula del proyecto “cavallar” es impo­ner la movilidad de las horas de trabajo del trabajador en función de las necesidades de las patronales Para eso propone eliminar el horario de trabajo diario (8 ó 9 horas), semanal (48 horas) y mensual (176 horas según algunos convenios) por uno anual. Cómo se distribuirá en forma diaria el total de horas anuales, eso queda a criterio del empleador. La única restricción es que entre tumo y turno debe existir un intervalo de 12 horas.

Con esto las patronales podrán determinar que se trabaje “10 horas en un período de mayor actividad de la empresa, compensan­do con menos horas en los de baja,…” (Página 12, 5 5). De este modo, las patronales deja­rían de pagar 2 horas extras diarias y también dejarían de pagar las horas normales cuando así lo dispongan En lugar de “valorizar la hora-trabajo”, como dice el gobierno, lo que hay es una pulverización del valor de la fuerza de trabajo.

Esta movilidad horaria no respetará ni sá­bados ni domingos, esto porque, como dijo el ministro Enrique Rodríguez, al trabajador le convendría tener franco, no los domingos sino los miércoles, cuando la entrada de cine es más barata. Claro está que deberá ir solo, ya que su franco no coincide con el de su esposa ni con el tiempo libre de sus hijos que tienen clase.

Pero esto es solo la punta del ovillo. El pro­yecto faculta a las patronales a contratar trabaja­dores en forma “transitoria” (sic) ¡por el término de 3 años! y con el beneficio adicional de no pagar los aportes sociales. A los tres años, esos trabajadores podrán ser despedidos “sin car­go” No hace falta ser muy astuto para darse cuenta que las patronales sustituirán a su actual dotación de personal por este tipo especial de contratados, por el doble beneficio de la eximición del pago de las cargas sociales y de la indemnización por despido.

Además se legaliza un período de prueba de tres meses para el trabajador nuevo, a cuyo término la patronal puede echarlo sin preaviso ni indemnización.

Las vacaciones quedan pulverizadas porque podrán ser dadas en cualquier época del año, y hasta fraccionadas.

El escalafón también queda triturado, pues se faculta al empleador a decidir “cambios en las formas y modalidades de prestación del tra­bajo, así como en la función, superando el concepto de categoría profesional para abrir camino a la polivalencia funcional y la organización basado en la definición de los puestos de trabajo y no en las tareas” (Página 12, ídem). En palabras simples, el trabajador deberá realizar las tareas que disponga la patronal aun­que no correspondan a su categoría.

Los estatutos especiales por oficio o gremios también quedan derogados, con lo que desapa­recen conquistas fundamentales.

Se trata, no de una “reforma laboral” sino de un ataque sin precedentes, al que, insistimos, la burocracia sindical le ha dado su conformidad.

Para los llamados “amigos del Presidente”, la cueva que reúne a Pedraza y Andrés Rodrí­guez, “hubo una actitud apresurada del Mi­nisterio de Trabajo y además estuvo muy mal presentada”. En realidad es todo lo contrario; el proyecto fue correctamente informado por los diarios y precisamente por esto salió a la luz todo su alcance súper-reaccionario.

Para el sector bordonista el proyecto saldría “sin estimular la cultura de la inversión”, lo cual “no garantiza que ese ahorro (sic) sea destinado finalmente al ciclo productivo”. Para Bordón, entonces, la eliminación de las conquistas sociales debería ir acompañada de otras prebendas al gran capital.

El miguelismo y los radicales se llenaron la boca con críticas a la “reforma”. Pero los radi­cales mostraron la hilacha porque “apoyarla — dijeron— en un año electoral sería casi un suicidio para la oposición”, según comentó Página 12 (5/5). Para la UCR sería entonces sólo una cuestión de oportunidad.

Brunelli y Miguel no pasaron de las palabras sobre la supuesta traición de Menem y otras pavadas sobre si lo volverían a votar. Lo cierto es que la CGT tiene firmado un pacto con Cavallo que incluye este paquete súper-reaccionado.