Un nuevo escándalo público compromete a políticos y funcionarios del poder con los negocios con el Estado. Se trata del negocio montado alrededor de los registros del automotor: un mecanismo por el cual se distribuyen favores económicos y “kioscos” a familiares y cercanos del poder, bajo este y los anteriores gobiernos.

Esta circunstancia tomó notoriedad pública luego de que la jueza federal de Neuquén María Carolina Pandolfi ordenara reponer a la interventora del registro automotor Neuquén 6, Mariana Luraschi –designada por el gobierno de Mauricio Macri-, ante el intento de remoción por parte de la gestión actual. Aunque se trata solo de la punta de iceberg.

El origen de la cuestión remonta al sistema tercerizado y privatizado del funcionamiento de los Registros de la Propiedad Automotor, que integra 1.556 registros dominados por privados que tienen el monopolio territorial de las gestiones registrales de los automotores y actúan como agentes de recaudación fiscal de diversas jurisdicciones y órganos del Estado.

Se trata de un negocio por el que circulan alrededor de $95 mil millones al año solo por las gestiones propias (arancel de transferencia, libre de deuda de dominio e informe de dominio histórico), y al que se adosan distintos negocios conexos, recaudaciones y rendiciones poco claras, cuyo control es disputado por todo el arco político patronal.

En un mismo lodo

Los registros del automotor son asignados por el Estado bajo el control de terceros, lugar al que se puede acceder por medio de un concurso público y/o intervención de la Dirección Nacional del Registro Público Automotor, actualmente a cargo de María Eugenia Doro Urquiza, y dependiente del Ministerio de Justicia.

La práctica extendida, y los usos y costumbres del poder, es la remoción de los gerenciadores e interventores preexistentes para la colocación de los propios, con el objeto de hacerse de la caja que estos registros proveen, por medio del mecanismo de las intervenciones, para lo cual se realizan auditorías arbitrarias y ridículas, donde una observación menor es el pretexto para el cambio de “administración”.

Bajo el gobierno de Alberto Fernández y la gestión del ministro de Justicia Martín Soria se realizaron 50 auditorías, 46 de ellas realizadas sobre registros otorgados por el gobierno de Macri, concluyendo con el cambio de 25 interventores. Ser interventor implica una “preferencia” a la hora de concursar el registro, aunque también una posición inestable ante el cambio de gestión y signo político en el gobierno.

Se estima que alrededor de la mitad del total de los registros nacionales son controlados por amigos y familiares del poder (gobernadores, funcionarios públicos, legisladores, exmandatarios, etc.), y particularmente la mitad más lucrativa, donde se encuentran los automotores de mayor valor y los negocios más lucrativos.

En la nómina pública aparece de todo. Emilce Aiello, cuñada del ministro de Justicia, interventora en el registro de Centenario 3 de la provincia de Neuquén; Ángel Pedroza, tío del mismo Soria, cuenta con un registro en Allen, Río Negro; la esposa de Carlos Bevilacqua, intendente de la localidad bonaerense de Villarinos y tío segundo de Martín Soria, tiene el registro de Médanos A; la familia Bevilacqua también tiene a su cargo el registro Bariloche 1; el senador bonaerense y exintendente de San Miguel, del espacio de Juntos por el Cambio, Joaquín de la Torre controló el registro José C. Paz 2 durante años, actualmente en manos de su cuñado; el candidato a intendente de Juntos por el Cambio de José C. Paz en 2015, Ezequiel Pazos, fue retribuido ante su derrota con la asignación en 2016 del registro Lujan 3 a su esposa; etc. (según un informe de Jairo Straccia en Radio Con Vos).

La lista de nombres y vínculos al poder es interminable, con muchos interventores vinculados al menemismo, a candidatos y/o referentes distritales y provinciales del Frente de Todos y Juntos por el Cambio y gobernadores, como el caso del radical Gerardo Morales con mucho familiar en “la nómina”, o al pejotista Mariano Arcioni, entre otros.

Todos manoseados

El sistema de gestión de los registros hace que estos asemejen su funcionamiento al de un Rapipago, con personal propio, aunque con una clientela cautiva y una zona de influencia excluyente.

El negocio de los políticos capitalistas, y sus amigos y familias, es costeado por el encarecimiento de los trámites registrales que deben pagar los ciudadanos, y opera como un recurso del poder para pagar favores, montar cajas negras, financiar campañas y muchas cosas más.

Esto es posible gracias al proceso de privatización y tercerización de las tareas a cargo del Estado, lo que habilita todo tipo de maniobras, negocios y chanchullos en manos del poder: algo que también se ha visto en las tercerizaciones del ferrocarril, que terminaron con el asesinato de Mariano Ferreyra, y en otros rubros de los servicios del Estado.

Es hora de terminar con esta negocio del poder, con una investigación y auditoría independiente para detectar a todos los sectores comprometidos con este fraude, desafectarlos de sus funciones y juzgarlos. Así como centralizar nacionalmente el sistema de los registros del automotor, con el pase a planta estatal de todos sus trabajadores y el fin de los “negocios registrales”.