La semana pasada concurrieron a la Cámara de Diputados el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a la Comisión de Presupuesto, el Secretario de Finanzas, Santiago Bausili.

Todas las expectativas convergían en que Marcos Peña, en su informe inicial, iba a explicar el nuevo acuerdo del gobierno con el FMI y el proyecto de Presupuesto para el 2019 enviado por el Poder Ejecutivo (PEN). Pero en forma surrealista el jefe de gabinete se lanzó a una perorata sobre los avances… en materia de seguridad. Parecía un anuncio pago de pretendidos ‘logros’ de Patricia Bullrich, la ministra de seguridad. El informe giró sobre la mejor coordinación entre las diferentes fuerzas represivas, la recuperación de la “autoestima” de estas y el avance en las nuevas leyes y reformas reaccionarias y represivas. No está demás señalar que en el nuevo presupuesto puesto a discusión en el Congreso eleva los fondos para las “tareas de inteligencia” (léase infiltración y provocación contra las organizaciones y luchas obreras y populares) del ministerio de Seguridad, de 1915 millones a 3229 millones de pesos: un aumento del 69% cuando el promedio de aumento del presupuesto no sobrepasa el 27%.

El jefe de gabinete evitó contestar las preguntas de los diputados sobre los acuerdos con el FMI, el presupuesto, las tarifas, la extensión a los trabajadores del mal llamado impuesto a las ganancias, la rebaja de ingresos a los jubilados, las tasas astronómicas de interés, los despidos, el fracaso de las inversiones en obras públicas de los planes de Propiedad Pública Privada (PPP), etc. En forma autista, Peña señaló la “coherencia” del proyecto de Presupuesto “para poder encarar el equilibrio fiscal que necesita el país”. Y saludó el “ejercicio muy positivo de acuerdo político” con los gobernadores.

Los diputados del kirchnerismo habían pegado en sus bancas (copiando un método usado por la izquierda) cartelitos que decían: “Presupuesto. REHACER”.

La reunión al día siguiente con el Secretario de Finanzas, Bausili, giró en torno a los mismos problemas, pero el funcionario venía con el propósito de lograr apoyo a la reforma del artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que impide que el PEN reestructure la deuda si no es en mejores condiciones de pago en tiempo y monto. El gobierno quiere que el Presupuesto autorice al gobierno a reestructurar la deuda pública según “las condiciones imperantes en el mercado financiero”.

Es evidente que se trata de un nuevo cheque en blanco, una cesión de atribuciones del parlamento al PEN, en este caso para avanzar en la línea de una reestructuración forzosa de deuda. Esto fue lo que denunció la diputada del PO-FIT, Romina Del Plá. Romina puso en claro el carácter conspirativo con que actúa el gobierno para forjar un acuerdo ruin para el país y los trabajadores con el FMI, que llega al punto que no lo ha sometido siquiera al Congreso. Y que esta subordinación al FMI colocaba a la Argentina en el camino de los ‘ajustes’ permanentes como sucedía en Grecia.

El secretario de Finanzas llegó a decir -para justificar que el Congreso desconocía el acuerdo firmado con el FMI- que eso no tenía importancia porque el Presupuesto 2019 “está planteado como si no estuviese el acuerdo con el FMI”. Una tomadura de pelo: el acuerdo antes de conocerse ha significado un cambio de la política monetaria del Banco Central (y hasta la renuncia de Caputo a ese puesto por pretendida disconformidad): reemplazo de Lebacs al 60% de interés por Leliqs al 73%, etc. El ‘graduado’ “secretario de Finanzas” dijo desconocer la situación de Grecia, para evitar definirse. Y aunque juró que el propósito de la reforma de la ley de Administración Financiera no era el de poner en marcha una reestructuración, terminó planteando que el megacanje que se hizo en el 2001 previo a la declaración de defol se podía hacer ahora también sin modificar esa ley y que la justicia había declarado que era una medida legal y absuelto a los funcionarios (hoy en Cambiemos) que lo habían pergeñado.

Romina Del Plá señaló no solo que el presupuesto era irreal, sino que en realidad era una guía política para llevar adelante el ajuste fondomonetarista contra los trabajadores. A tal punto que esta guía introduce problemas que no son presupuestarios: como la reforma a la ley de Administración Financiera o bajar el tiempo de prescriptibilidad de 5 a 3 años para delitos de contrabando aduanero. ¡Todo esto para ‘modernizar’ el Estado!

Por eso la diputada del PO-FIT señaló que no se trataba de que Macri retirara y rehiciera el proyecto de presupuesto como lo pedían las bancadas del PJ y el kirchnerismo. Aunque rehagan el presupuesto 100 veces este va a tener la misma orientación fondomonetarista: que el ‘ajuste’ se descargue sobre el pueblo trabajador. Romina Del Plá llamó a rechazar el presupuesto y en consecuencia directa, plantear al gobierno que se vaya, que una Asamblea Constituyente soberana discuta el no pago de la deuda usuraria, la nacionalización de la banca y del comercio exterior, el cese de los tarifazos y la nacionalización de las empresas de servicios públicos.