El gobierno nacional anunció un esquema de renuncia voluntaria al subsidio en el transporte público de trenes y líneas de colectivo, para el caso de los pasajeros, en tónica de “coherencia electoral” –para aquellos sectores que respaldan el programa de Javier Milei y Patricia Bullrich-, pero con tarifazos y liberación de precios debajo del brazo y en la mira cercana, bajo el programa del FMI.

Esta medida fue difundida por el ministro de Transporte Diego Giuliano, quien señaló en conferencia de prensa que “en medio de una campaña electoral en la que se pone en debate público el subsidio al transporte, damos la oportunidad de que quienes no lo crean necesario, puedan renunciar al mismo”: una  referencia clara al electorado detrás de los candidatos que promueven la eliminación indiscriminada de subsidios del Estado.

La renuncia alcanzaría a otros “beneficios” como el Atributo Social Federal (55% de descuento en la tarifa para casi 5 millones de usuarios de todo el país), el beneficio de la Red Sube (para quienes realizan trasbordos en distintos medios de transporte) y otros beneficios locales donde la tarifa se abona con SUBE.

En la actualidad, el gobierno subsidia a las empresas a cargo del transporte público –particularmente a las líneas de colectivos del Amba- a libro cerrado, con lo cual luego fija el esquema de tarifas oficiales que deben pagar los pasajeros.

Los números presentados por el Ministerio de Transporte, que proyectan un boleto de colectivo a $700 y el boleto de tren a $1.100, sin subsidios, implican en sí una distorsión de las cuentas por parte del gobierno, desde donde no se ejerce ningún control a las empresas privadas concesionarias del servicios de colectivos, las cuales, a su vez, sobredimensionan gastos, esconden ganancias y no invierten ni un peso en el servicio.

¿A quienes subsidian?

Con alrededor de un millón de usuarios diarios en el servicio de trenes del Amba y 3,9 millones de pasajeros que utilizan el servicio de colectivos, para la misma región, actualmente los valores de los boletos oscilan entre $11,57 y $52,95 (trenes) y $52,96 y $72,61 (colectivos).

Los subsidios al transporte no van sobre el consumo directo de los pasajeros sino respecto a los balances que las empresas fraguan para embolsar mayores ingresos. Un ejemplo de esto es lo expuesto en la crisis de inseguridad en el Conurbano bonaerense, con el asesinato de un chofer de la línea 620 de La Matanza, que reveló que las empresas habían malversado $2.500 millones del Estado para cámaras de seguridad que nunca dispusieron.

Además, la sola idea de aumentar los valores entre un 500 y 800% hace inviable la movilidad de millones de trabajadores por una razón sencilla… los salarios actuales están ajustados a dichos subsidios. O, dicho de otra forma, las patronales absorben el subsidio del Estado al transporte público pagando salarios más reducidos.

El salario se compone fundamentalmente por el valor de los bienes y servicios necesarios para garantizar las condiciones mínimas de las y los trabajadores. El servicio de transporte/traslado es integrado por las patronales en la medida de los precios generales. Lo mismo vale para todas las referencias que utiliza el mismo Estado para determinar los ingresos estadísticos de referencia (salario mínimo, canastas, etc.).

Extorsión y ajuste

Las fuentes oficiales presentaron la medida como una extorsión o acción aleccionadora hacia aquellos votantes que se inclinan por la elección de Javier Milei y Patricia Bullrich para las presidenciales del próximo domingo, invitándolos a dar el ejemplo de lo que profesan dichos candidatos, o a la reflexión de lo que estas medidas implican. Sin embargo, el gobierno es el que encabeza el esquema de liberación de precios y tarifas que reclama el FMI, suspendido parcialmente en la antesala de las elecciones.

La “invitación” a la baja voluntaria en los subsidios se presenta como la antesala de nuevos aumentos, ya que, por otro lado, opera como una justificación presente de una supuesta distorsión en los precios. Esto cuando no hay estudio o publicación alguna que fije cual es el costo real del transporte público en el Amba y en la Argentina en general. Lo que implicaría la apertura de los libros del sector.

Como antecedente a esta medida, a fines del 2011 el gobierno de Cristina Kirchner impulsó la renuncia voluntaria a los subsidios de luz, agua y gas, lo que fue ignorado masivamente por propios y ajenos, dando más tarde lugar a la política de “sintonía fina” y actualmente a la segmentación tarifaria: es decir…. liberación de precios base de la energía.

La extorsión oficial tiende a hacer una virtud de una necesidad: la población trabajadora apenas puede pagarse el traslado para ir a trabajar todos los días a cambio de un salario que se consume casi en un 100% en la cobertura de las necesidades más elementales. Mostrar las “virtudes” de los subsidios es esconder la realidad de un salario de miseria y condiciones laborales nefastas. No hay nada que agradecer a este gobierno.

Los subsidios son una caja millonaria que manejan las patronales parasitarias, las cuales afectan la calidad de los servicios que reciben los trabajadores por medio de una desinversión sistemática. Hay que determinar el costo real del transporte público partiendo de la apertura de los libros de las empresas concesionarias del servicio y la justificación de todos los gastos hechos con el dinero de los trabajadores. Para garantizar, por sobre todo, el derecho de los trabajadores a movilizarse y trasladarse con libertad, dentro del marco de una recomposición económica y de sus condiciones de trabajo y de vida.

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