Como se viene haciendo desde que Hernán Lacunza, entonces ministro de Macri, anunció el famoso reperfilamiento a principios de septiembre, el gobierno nacional emitió un decreto postergando hasta el 31 de diciembre de este año los pagos por vencimientos de la deuda en dólares emitida bajo legislación local. Sumados los montos de las Letes que ya habían sido reperfiladas con los bonos que ahora se agregan totalizan cerca de 10.000 millones de dólares.

No estamos ante un cambio en la orientación que se trazó el gobierno de Alberto Fernández desde su asunción, cuya prioridad es el rescate de la deuda pública. El plan original consistía en alcanzar un acuerdo de reestructuración con los bonistas y el FMI antes del 31 de marzo. A la espera de esta renegociación, Martín Guzmán prorrogaba en diciembre el reperfilamiento de la Letras en dólares bajo legislación local (es decir, sobre la que tiene jurisdicción para hacerlo sin entrar técnicamente en default), con la intención de canjearla luego en base a la reestructuración suscripta para los títulos bajo ley extranjera.

Para la deuda en pesos, mientras tanto, se propuso ir canjeando una parte de los vencimientos y pagando al contado el resto. Para lograrlo, tras el traspié con el Bono Dual AF20, el gobierno mejoró sustancialmente sus ofertas de canje tomando los títulos a valor nominal -es decir más que duplicando el precio al que cotizan en el mercado. Con todo, ya gatilló más de 150.000 millones de pesos para cancelar vencimientos.

Ahora, en medio de la agudización de la crisis por la pandemia y del empantamiento de la negociación con los bonistas de la deuda externa, el gobierno no descarta que las tratativas se alarguen y que hasta se extiendan durante todo el año sin alcanzar una reestructuración. Para despejar inquietudes, días atrás pagó 250 millones de dólares por vencimientos de bonos ley extranjera y dejó en claro que seguirán pagando con las reservas internacionales los 3.500 millones de dólares que vencen por este concepto en lo que queda del 2020. La capacidad de pago de Argentina no da para más que ello, y por eso reperfila los pagos en dólares bajo ley local.

Hay quienes señalan que la medida tendría el guiño de varios fondos de inversión que poseen bonos bajo jurisdicción extranjera, para quienes esta postergación les permite tener mejores chances de cobrar. Sin embargo, esto colisiona a su vez con las intenciones de otros fondos de inversión que poseen en sus carteras bonos bajo ambas jurisdicciones, los cuales podrían aprovechar este reperfilamiento para considerar que el gobierno ha caído el default y reclamar la aceleración de todos los pagos, incluidos los títulos bajo ley extranjera.

Más allá de estas disputas, el impasse de la renegociación de la deuda externa se agravó por la crisis desatada con el coronavirus, que agiganta el déficit fiscal y la contracción económica. Sumado a ello, el desplome de Brasil deteriora los términos de intercambio de Argentina con su mayor socio comercial y redobla las presiones en favor de nuevas devaluaciones del peso.

Los economistas, mientras tanto, observan con preocupación el veloz ensanchamiento de la base monetaria. El incremento se acerca a los 600.000 millones de pesos bajo el gobierno de Fernández, producto sobre todo del pago de Leliqs y la asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional para financiar el déficit fiscal. Por otra parte, la caída de los precios de las materias primas como el petróleo y la soja hirió el corazón del planteo de un repago de la deuda en base a un crecimiento en la generación de divisas. El hecho de que para evitar la paralización total de Vaca Muerta se baraje reducir las retenciones que pagan los pulpos petroleros suma mayores interrogantes, porque eso achicaría aún más la recaudación de dólares.

Agreguemos que el decreto publicado ahora excluye del reperfilamiento a los títulos que están en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses y del sector público, los cuales serán canjeados por nuevos títulos, como ya se viene haciendo desvalorizando sus tenencias. Además, la resolución incorpora al Anses en el decreto que establece la obligación de todos los organismos públicos de invertir su liquidez en letras del Tesoro. La operación de rescate de la deuda incluye así un agravamiento de la confiscación del sistema previsional, que en los últimos dos años vio cómo se desvalorizaban en un 50% las tenencias del FGS.

Aún en plena crisis sanitaria, los recursos del país están orientados a rescatar a los usureros internacionales. Es un intento que podría de todas maneras fracasar. Los fondos buitre, que especulan con resolver la cuestión en los tribunales de Nueva York, siguen revoloteando alrededor de los bonos argentinos, seducidos por el derrumbe de sus cotizaciones.

El rechazo a seguir pagando esta usura y la investigación de toda la deuda es el punto de partida elemental para afrontar la defensa de la salud y las condiciones de vida de los trabajadores, más todavía en medio de la pandemia.