El lunes 10 de enero, medio centenar de mujeres con sus hijos ocuparon casas, sin terminar, del barrio Norte Río Mendoza I de Luján y exigieron que alguna autoridad responsable se hiciera presente en el lugar. Se hizo presente Nilda Martín, del Ministerio de Desarrollo Social, y el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, quien advirtió: “O se van o los vamos a desalojar”. Ya se encontraban noventa policías que cercaron el barrio y el día martes enviaron cuarenta efectivos más, pertenecientes al cuerpo de Infantería. Como si este cerco no fuera suficiente, no se les permitía ingresar alimentos ni agua.

Una de las mujeres denunció que los efectivos amenazaron con “cagarlos a palos” si no se iban, a la vez que otra compañera manifestaba: “No sé qué hacen con la Constitución, porque ahí dice que todos los ciudadanos tenemos derechos y, entre ellos, a una vivienda”. La madrugada del miércoles, la respuesta al reclamo fue una represión con gas pimienta y balas de goma, la que resultó con una mujer y un niño heridos por los perdigones.

El déficit habitacional en Mendoza, medido por la consultora privada Evaluecon el 31 de agosto de 2009, es de 165.000 viviendas; además, en los planes oficiales, el metraje de construcción de nuevas casas se ha reducido de 50 a 44 metros cuadrados.

En agosto de 2010, el titular del IPV, Carmelo Simó, ante las críticas que se abrieron por el spot televisivo nacional donde se mencionaba la construcción en Mendoza de 17 mil viviendas durante la era kirchnerista, declaraba en la página del Ministerio de Infraestructura que “desde 2003 a la fecha se han construido 13.327 viviendas completas” (otros datos indicarían un total de 15.935). Es decir que la cifra incluye las realizadas durante la gestión del último año de Iglesias y las gestiones de Cobos y Jaque. Pero según las planillas oficiales del IPV, durante la gestión de Jaque, se hicieron 2.362 casas en 2008, 1.020 en 2009 y 624 hasta agosto de 2010.

El 15 de diciembre del año pasado, el gobernador Celso Jaque, refiriéndose al conflicto desatado en Villa Soldati, declaraba: “Vamos a trabajar para que en Mendoza no suceda lo mismo” y que “no es por la fuerza como se resuelven los conflictos en una sociedad”. Pero en los hechos ya se venía haciendo lo de Soldati: entre otros, hubo desalojos con fuerzas represivas en el barrio Mathiu y en terrenos lindantes al Barrio Municipal de Las Heras, con procesamiento de compañeros incluido. Nada de esto informaron los medios de comunicación -ni privados, ni estatales. Recién tomaron nota del problema cuando estalló lo de Luján, luego de que Villa Soldati puso la cuestión en el centro de la situación política nacional.

Por otro lado, se ve cómo crecen las suntuosas construcciones clandestinas en el ámbito privado, cómo la construcción realizada por Daniel Vila en la estancia San Isidro del departamento de Las Heras -que ni siquiera paga impuesto inmobiliario y a la que ni el gobernador ni el intendente Miranda denuncian ni desalojan. Evidentemente, están al servicio del capital y no de las necesidades de las familias mendocinas.

Hay algo que es cierto. Durante la era kirchnerista ha habido un boom, en el ámbito privado, de la construcción de viviendas, que responde, entre otras cosas, a la precariedad laboral del obrero de la construcción. La impresionante demanda de alquileres no sólo les da ganancias por el ajuste del valor del inmueble con índices inflacionarios, sino que, además, se dan el lujo de aumentar las cuotas -25% el año pasado y el mismo porcentaje para 2011-, según lo que calculan las cámaras inmobiliarias que habrá de aumento salarial. Es decir, todavía no hay acuerdos en paritarias, pero los alquileres. ya aumentaron. Como si esto no bastara, el gobierno provincial, como regalo de fin de año, decidió aumentar el impuesto inmobiliario un 20%. Las tomas de terrenos han desnudado el déficit habitacional.