20/08/1998 | 597

Represión con métodos de guerra civil

«Esta fue la represión más fuerte que jamás hayamos sufrido», afirmó a Página/12 (14/8) uno de los manifestantes apaleados en la Casa de Gobierno. En una provincia donde reprimir manifestaciones obreras es una costumbre, el comentario vale por cien videos.


La represión se desató cuando un nutrido grupo de trabajadores estatales y municipales de La Quiaca marchó sobre la Capital en reclamo de los salarios adeudados de varios meses. Sus sueldos arañan los trescientos pesos. Hartos ya de promesas en vano, anunciaron que no se irían sin resolver su reclamo. Ante esta posición, el gobierno deudor mandó a cargar a los policías.


El ‘grupo especial’ que utiliza la gobernación no está constituido por policías de la esquina. Son roperos de más de cien kilos (bien alimentados y pagos), que utilizan las consabidas balas de goma y las granadas de gas lacrimógeno. El tipo de lesiones que esto produce lo vivió el grupo represor en carne propia, ya que la prensa informa que a uno de los oficiales le explotó una granada de gas en la mano, amputándole dos dedos (Clarín, 14/8).


Pero el fuerte del ‘grupo de tareas’ jujeño no está en estas sofisticadas armas, sino en un invento local, los enormes palos de un metro veinte de quebracho colorado, que los ‘especiales’ descerrajan sobre el cuerpo de los manifestantes con verdadero arte y odio.


Esta vez la cosa fue muy lejos, ya que golpearon como nunca, sin distinguir hombres, mujeres y niños. Fue entonces cuando varios compañeros de Ate y de Municipales se interpusieron con sus propios cuerpos para evitar la masacre. Nando Acosta, de Ate-Cta, y Santillán de Municipales y la Ccc, fueron detenidos junto a la totalidad de los dirigentes sindicales de Jujuy por el sólo hecho de haber puesto el cuerpo contra la feroz y sistemática paliza de que eran objeto los trabajadores.


El carácter bárbaro de la represión queda también graficado en el hecho de que, según el corresponsal de Clarín, ningún juez penal se quiso hacer cargo de las detenciones y mucho menos responsable de la represión física. El gobierno jujeño debió asumir directamente la suya, caratulando las detenciones como «contravenciones policiales»(Página/12, idem).


Producto de la enérgica movilización de los trabajadores, los detenidos fueron puestos en libertad a las pocas horas (Clarín, ídem).


Lección histórica


Si lo miramos de pasada, el episodio puede parecer uno más de la Argentina ‘menemista’. Bien mirado, sin embargo, refleja la situación política en su conjunto. Jujuy no es más que el eslabón más débil de la impasse capitalista.


¿Pero, dónde están estos argentinos de La Quiaca en la Carta de la Alianza? ¿Dónde está la solución para ellos y millones como ellos en el ‘nuevo modelo’ de Duhalde? En ningún lado. Ni demagógicamente. Y no es casual, porque son los ejecutores de una política que ya ha llegado al punto del no retorno.

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