Con el anuncio de la desregulación del gas en boca de pozo, la tarifa promedio para el consumo industrial se disparó, aumentando hasta un 155 por ciento. El incremento se produce en medio de una seguidilla de cortes a empresas, regiones y usinas eléctricas. Las petroleras habían forzado a los grandes usuarios (previa autorización del gobierno) a comprarles el fluido salteando a las transportadoras y comercializadoras de gas. De esta forma, “puentearon” el precio regulado, de modo que el millón de BTU pasó de 0,45 a 1,20 dólares.

La “escasez” que llevó a los cortes de suministro a grandes fábricas (Siderca, Peugeot, Acindar, etc.) y a regiones como el NOA (Noroeste Argentino), o a negar la apertura de estaciones de servicio expendedoras de GNC, se produjo, curiosamente, “en verano, cuando la capacidad de transporte y distribución está asegurada” (Página/12, 21/3).

Al “golpe de precios” lo armaron las petroleras; la “falta de gas que padecen algunas industrias por estos días responde a maniobras especulativas de las productoras” (ídem).

Un segundo “motor” de la “recomposición tarifaria” fue la negociación “nacional y popular” de la deuda externa. Efectivamente, “los ajustes en las tarifas se vinculan con la negociación de la deuda, porque las casas matrices de las operadoras de servicios en la Argentina tienen la misma nacionalidad que los directores del FMI y del Grupo de los 7, que deben aprobar o rechazar la oferta a los bonistas” (Clarín, 21/3).

En el mismo campo se ubica el “vocero” neuquino de Repsol, Sobisch, que ha aprobado el abastecimiento desde sus yacimientos de todo el gas que consume Chile (el 33 por ciento de la producción argentina). Esta exportación le aportará a él y a Repsol un negocio del orden de los 900 millones de dólares.

La consecuencia de esta agachada de Kirchner ante las petroleras y ante el FMI, presentada como una patriada con olor a nacionalismo, es un mayor subsidio a las privatizadas y un ataque furioso contra el bolsillo de la población trabajadora.

A falta de gas, éste es sustituido en las usinas eléctricas por gas oil y fuel oil, lo que provoca un sobrecosto de aproximadamente 200 millones de pesos mensuales. Pero, “de acuerdo con el esquema de precios vigente, le toca al Estado cubrir los mayores costos de los combustibles que se utilizan en reemplazo del gas” (Clarín, 21/3). Paralelamente, el “colapso energético” que deriva en este incremento del 155 por ciento en las tarifas de gas se “comenzará a trasladar a los precios a partir de abril” (Clarín, ídem), pero los precios ya están aumentando en prácticamente todos los rubros básicos de consumo popular. Según Clarín, los aumentos irán del 0,3 al 20 por ciento. De todos modos, la demanda superará a la oferta de gas, tanto en el plano de los consumidores domiciliarios como en el segmento de los clientes industriales.

Aun si se eliminaran las exportaciones a Chile y a Uruguay (lo que generaría una crisis política externa e interna), la producción de gas no alcanzaría para satisfacer la demanda interna, pues las reservas de gas del país están en “caída libre” (Página/12, ídem), tanto por la ausencia de inversiones en infraestructura básica, como porque desde la devaluación no se ha explorado ni un solo pozo nuevo de gas natural.

Los niveles actuales de demanda (en medio de la “reactivación” de Kirchner) están, sin embargo, “en el orden del 10 por ciento por debajo del pico de 1998” (La Razón, 16/3)