En lo que va de 1987 YPF importó 165 millones de dólares en combustibles. Y tiene autorización de la Secretaría de Energía para comprar 230.000 m³ adicionales, que representan 33 millones más.

El diario Clarín (29-7) afirma que esta importación se hubiera evitado con sólo autorizar una inversión de 107 millones de dólares en perforaciones para que YPF extranjera el petróleo equivalente en nuestro país. La información agrega que la necesidad de combustible estaba prevista. Téngase en cuenta -que además de YPF, Esso y Shell importaron combustible por su cuenta (más de 100 millones) y que a estas cifras falta agregar el costo de financiación (un 5 % más).

Todo esto concluye en que el recorte presupuestario a YPF de los Trueco, Lapeña y Cía. dio los siguientes resultados: Se ha perdido inversión productiva en la empresa estatal. Se ha perdido valor agregado en la refinación del crudo para obtener combustibles. Se han tirado por la borda miles de horas/hombre y considerables ganancias para YPF. Sólo queda déficit.

Pero si aspiramos a hacer algo más que una simple denuncia, debemos sacar de este episodio todas las conclusiones correspondientes.

El negocio petrolero representa el 4,7 % del PBI —es decir 3.200 millones de dólares al año.

Los partidarios de la desregulación y la privatización han concretado una alianza que involucra a los petroleros privados, representados mayoritariamente por el capital imperialista (consorcios multinacionales, Exxon, Shell, Oxy, Amoco, ACS, Chevron, etc.) y en segundo término por empresas de capital “nacional” como Pérez Companc, CAPSA, CGC, Bridas, etc. Con la apertura los primeros apuntan a quedarse con todas las reservas petroleras del país (Plan Houston). Los segundos quieren las áreas marginales de YPF y la entrega de los pozos en producción en los que la empresa estatal lleva invertidos cientos de millones de dólares (Plan Olivos).

Las otras patas de la alianza en cuestión son el propio gobierno y la burocracia sindical.

El gobierno ha elegido la entrega del petróleo y el gas como vía rápida de capitalización de la deuda externa. Cuando el secretario de Energía dice que con las nuevas medidas en tomo al petróleo no se va a pagar la deuda externa (Ámbito Financiero 29/7) es porque la renta petrolera es la mitad de lo que debe pagarse anualmente en concepto de intereses.

Una de las grandes falsificaciones de toda la argumentación oficial y empresaria es que la equiparación de los precios nacionales e internacionales será beneficiosa para al deficitaria YPF, que podrá competir como una privada más.

En primer lugar, YPF produce crudo a menos del 25 % de los precios del mercado spot internacional, y puede retinarlo, distribuirlo y venderlo con considerables ganancias a un precio más que accesible para los sufridos consumidores —que no cobran salarios de nivel internacional. Las que no pueden hacer eso, por ineficiencia y parasitismo crónicos, son las empresas privadas; las cuales solo pueden participar en el negocio de extracción porque reciben de YPF un precio varias veces superior al que realmente cuesta explotar los pozos; y si refinan en sus destilerías es porque obtienen el crudo más barato que el que YPF paga a sus contratistas.

Además, el gobierno y sus socios de la Patria Petrolera no dicen que los precios al consumidor ya son iguales o superiores a los internacionales en los combustibles livianos. Como es impensable que el Estado renuncie al gravamen a los combustibles, que es la segunda renta nacional detrás del IVA, es seguro que con la «apertura y desregulación” los precios se irán a las nubes. En el rubro combustibles pesados la equiparación con el precio internacional significa la duplicación de los costos en generación eléctrica y fletes, que por supuesto serán inmediatamente trasladados a los precios generando una carestía infernal.

La desregulación incluye la ridícula e hipócrita propuesta de que “todas las empresas —incluida YPF— importarán y exportarán crudo y subproductos atendiendo únicamente razones empresarias». Y que cuando el precio de exportación suba, a las estaciones de servicio las abastezca Magoya.

A todo esto, YPF tiene ya su “director obrero”: el burócrata sindical Cassia, socio de Ibáñez en la Federación SUPE. Aquí está la firma que le faltaba al epitafio de la Petrolera Estatal. Que a pesar de alguna protesta tibia y alguna solicitada “patriótica” la burocracia sindical va a entregar a YPF lo prueba un hecho simple: en el último congreso de Federación (1987) la primera resolución tomada fue que SUPE acepta y reconoce como afiliados a los trabajadores de YPF, de empresas privadas contratistas de YPF y de otras empresas dedicadas a la explotación del petróleo y el gas. Así ya se aseguraron las cuotas sindicales para cuando vengan los planes Houston y Olivos, el desmembramiento de YPF y su posterior liquidación.

Entretanto YPF debe salarios mal liquidados a sus trabajadores desde hace 6 años. Los salarios se han degradado sin cesar. Esos son temas que Ibáñez y Cía. no han podido ni pueden resolver, en tanto que la partición de YPF en 4 áreas la arreglaron entre visitas a Olivos y “desayunos de trabajo” con los capitanes de la Patria Petrolera.

En suma, para la burguesía y sus aliados la solución al problema petrolero pasa por la entrega total al imperialismo.

Para el «Partido Obrero la solución pasa por liquidar la ineficiencia privada que vive del subsidio y la injerencia imperialista mediante la total estatización en manos de YPF de todas las etapas del negocio petrolero: exploración, yacimientos, destilerías, transporte, comercio interno y exterior.

Pero aún no sería suficiente si YPF sigue conducida por directorios nombrados por gobiernos patronales y entreguistas. Es imprescindible el control obrero mayoritario de la empresa, y su dirección por representante de los trabajadores petroleros. Demás está decir que la primera condición para esto es la liquidación de la burocracia sindical y la elección de los compañeros más probados en la lucha, más honestos y capaces.

Y aún debemos dejar suficientemente en claro que poco puede hacer una YPF remozada y fortalecida si el producto de su labor es expropiado por un Estado Patronal a través de impuestos al consumo, de inflación permanente y descontrolada, de economía crónicamente en crisis. Es impensable cualquier recuperación de YPF, de la economía y del nivel de vida de los trabajadores en un Estado dirigido por patrones. Es necesario un gobierno de trabajadores, y para concretar éste hace falta un poderoso partido obrero de masas.