Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial del pasado sábado, el gobierno de Alberto Fernández acaba de adecuar los porcentajes de las retenciones a las exportaciones de soja, cereales y otros productos al esquema instalado por Mauricio Macri en septiembre de 2018.

En aquel entonces, la soja tributaba a razón de un 18% de retenciones fijas, más 4 pesos por cada dólar exportado, lo que con un tipo de cambio de 36 pesos por dólar redundaba en otro 12%. La devaluación del orden del 75%, entre aquel período y el actual, terminó licuando la parte de las retenciones calculadas en pesos, llevando a un consolidado de 24,7%. Algo similar ocurría con el maíz y el trigo, que en septiembre de 2018 tributaban un 10,8%, bajó a un 6,7% y ahora pasarán a hacerlo por un 12%. Otros productos agroindustriales pagarán retenciones por un 9%, la carne vacuna partió del 11%, bajó al 5% y ahora se afirma en 9%.

Lejos de lo que algunos medios de la burguesía quisieron colocar como un “aumento” de las retenciones y una medida de confiscación contra los sectores del campo, desde el gobierno salieron a bajarle el perfil a las medidas, aclarando que se trataba de una actualización de los valores impuestos por el anterior gobierno y que lejos estaban de afectar los intereses del capital agrario y exportador.

Esta actualización fue colocada en el orden de las necesidades del actual gobierno de elevar la recaudación fiscal para valerse de los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de deuda. Se calcula que estas medidas estarían dejando entre 1.100 y 1.800 millones de dólares extra en concepto de retenciones, según señalan las cámaras patronales y diversas fuentes.

Se estima que estas medidas afecten a 78,6 millones de toneladas de soja, maíz y trigo -de un total de 120 millones de toneladas de las que 41 millones fueron realizadas como ventas anticipadas-, que implican el 45% de la generación de divisas del país.

Abriendo los paraguas

Las entidades que nuclean a las patronales del campo salieron a cruzar la medida. Pero la devaluación del último año les ha significado ingresos millonarios, si se tienen en cuenta que, ante la previsión de modificaciones a las retenciones, la mayor parte de los empresarios se aprestaron a liquidar la cosecha en estos últimos meses. La exportación de soja llegó a escalar un 200% de aumento interanual, mientras el cereal alcanzó el 400% (BAE Negocios, 8/12).

Los principales voceros de la Mesa de Enlace del campo han mantenido cautela a la hora de señalar su disconformidad. En general, han expresado su malestar por no ser consultados. En algunos lugares aislados se han realizado asambleas de productores, sin que esto se asemeje, por lo pronto, al conflicto suscitado en 2008 respecto de la resolución 125 y las retenciones móviles.

El gobierno tampoco quiere saber nada de una confrontación con las patronales del campo, de allí que la medida sea encuadrada dentro de los marcos de las retenciones aplicadas por el gobierno de Macri, y Fernández y su gabinete se han abierto al diálogo con las patronales rurales. El propio Alberto abandonó el barco de los Kirchner cuando el conflicto con el campo asumió estado de cosa mayor y el mismo camino fue el que siguió Felipe Solá y varios de los que hoy integran su gobierno. Cristina, por su parte, no ha perdido oportunidad de manifestarse de forma conciliadora con sus viejos “adversarios”. El capítulo dedicado al tema en su libro no pasa de ser una serie de justificaciones y lamentos por no haber actuado de otra manera.

La adecuación de las retenciones aparece como una medida necesaria de este gobierno, entre otras que deberá llevar a cabo, para respaldar las negociaciones con el FMI y los acreedores de la deuda. En definitiva, corren los plazos para el vencimiento de las obligaciones del Estado sin que el gobierno cuente con los recursos financieros para sortear los primeros vencimientos de deuda y sus intereses.

Los trabajadores debemos ir madurando un programa propio de salida a la bancarrota de los capitalistas. La renta proveniente de la exportación no debería ser dilapidada en manos de los especuladores financieros, sino que debería estar al servicio del desarrollo de la industria y la creación de puestos de trabajo, por medio de la nacionalización del comercio exterior, la banca y los recursos estratégicos del país.