Ignacio Martín, el “médico trucho” del COE sigue siendo noticia en Córdoba. El impostor fue detenido el 4 de febrero del 2021 e imputado inicialmente por los delitos de usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina; uso de documento privado falso; defraudación calificada; uso de documento público falso; falsedad ideológica, y defraudación calificada en grado de tentativa. También es acusado de homicidio simple por dolo eventual y lesiones graves.

La Fiscalía de Pablo Jávega había pedido desincriminarlo por los hechos de uso de documento público y privado falsos, con relación a las copias de DNI y del carnet profesional que oportunamente había presentado ante la Secretaría de Salud local. El juzgado de control hizo lugar al pedido del fiscal. Dicen que nunca presentó documentos originales por lo que no se configuraría el delito. El municipio, querellante en la causa, apeló la sentencia que todavía no está firme. El juzgado sostiene que la ley no penaliza a quien usa copias o papeles sin valor legal.

La apelación del municipio no sorprende. La gestión de Juan Manuel Llamosas busca continuar como acusador, cuando en realidad lo que corresponde es que junto al gobierno provincial den explicaciones por la negligencia en la falta del más mínimo control.

Según La Voz del Interior “las autoridades provinciales sabían desde hace más de un mes de que tenían en el COE a un médico falso”. Sin embargo, desde el Poder Judicial descartaron connivencia o complicidad del poder político con el medico trucho.

La Justicia desde un inicio buscó cortar la cadena de responsabilidades y decidió ceñirse a la actuación de Ignacio Martín, pero no ir tras las autoridades del COE, del municipio de Río Cuarto o del ministro Cardozo, personas con las que trabajó de cerca el “médico trucho”. Es decir que los responsables políticos seguirán impunes. Es el mismo encubrimiento judicial que en los casos de gatillo fácil, y todas las causas en que están implicados funcionarios estatales.

Tenemos por lo tanto un Poder Judicial adicto al gobierno de Juan Schiaretti. Los barrios populares, los trabajadores, las mujeres y la juventud no tienen acceso a la Justicia y sus derechos son violados sistemáticamente por el Estado.

El caso pone sobre el tapete toda la precariedad de la política sanitaria del gobierno provincial. En efecto, el COE ha sido un centro de precarización, contratando a muchos jóvenes, sin idoneidad para las tareas, con contratos precarios y flexibles. Mientras tanto las demandas del personal de salud siguen sin cumplirse, y el personal percibe sueldos actualmente por debajo de la canasta básica de hace un año atrás.

Desde el inicio de la pandemia hemos denunciado desde Prensa Obrera las corruptelas e irregularidades del COE. Este organismo fue la herramienta del gobierno provincial y los municipales para realizar contrataciones basura, acomodos por parte de las autoridades de estas instituciones y una política de vaciamiento del sistema de salud.

El municipio de Río Cuarto, el ministerio y el gobierno provincial son responsables, por acción y por omisión, de muchas muertes por coronavirus, por el colapso del sistema sanitario, y por las muertes y lesiones de las que se hace responsable a Ignacio Martín.

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