Un servicio mínimo de transporte recorre la ciudad cordobesa de Río Cuarto, con el sacrificio de trabajadores a quienes les adeudan meses de salarios y para colmo la directiva del gremio aceptó una rebaja salarial del 25%. El pueblo trabajador se ve obligado a un esfuerzo extra para poder ir a laburar, teniendo que elegir entre esperar un tiempo prolongado por las pocas unidades que circulan o caminar kilómetros. Los trabajadores realizaron una movilización por las calles de la ciudad para reclamar el pago de los salarios atrasado.

Mientras tanto, el intendente Juan Manuel Llamosas posa de imparcial pero le deja pasar a la empresa todas y cada una de sus faltas, que la colocan por fuera de la ley y de los contratos de concesión. La Municipalidad tiene facultades de “fiscalización, supervisión, inspección y auditoría de operación, de funcionamiento y mantenimiento del servicio”, mientras que “los concesionarios están obligados a prestar el servicio garantizando la regularidad y continuidad en todas las circunstancias”. Serán consideradas faltas gravísimas el abandono de los servicios sin la previa autorización de la Autoridad de Aplicación”. Por lo cual, con solo cumplir el marco regulatorio, se debería quitar la concesión del servicio a la SAT.

El contrato de concesión establece que la empresa debe “responder civil y administrativamente conforme a la normativa vigente”, y que la SAT debe “entregar toda información técnica y documentación que la autoridad de aplicación solicite, debiendo ser suministrada en los tiempos y formas requeridos”. Es decir que los incumplimientos de la empresas inculpan también a Llamosas. El Concejo Deliberante está pintado, ya que el bloque de radicales y macristas no va a innovar en su política a favor de la empresa, mientras que el partido Respeto no plantea ponerle fin a la concesión del servicio a una empresa parasitaria.

La SAT embolsa la plata de los subsidios estatales provinciales y el dinero de les usuaries sin hacer frente al pago de salarios, ya que los paros por sueldos impagos vienen de larga data. Estos subsidios que administra la empresa de manera discrecional tampoco son utilizados en mantener un servicio que garantice los derechos de les usuaries.

Para darle una salida definitiva a esta situación es necesaria la apertura de los libros de la empresa, para sacar a la luz los desmanejos con los subsidios, terminar con la concesión del servicio para la SAT y estatizarlo bajo control de trabajadores y usuaries. Esta medida se puede llevar adelante mediante un órgano de contralor integrado por representantes electos de los trabajadores que prestan servicios en el transporte colectivo urbano de pasajeros, y representantes de la población de la ciudad de Río Cuarto elegidos por voto directo y secreto. Terminando con el costo empresario se puede garantizar el derecho al transporte, respetar el convenio colectivo de trabajo de los colectiveros y defender sus salarios y jubilaciones.