Esta semana fue noticia un acuerdo entre el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. En el mismo se anunció la erogación de 143 millones de pesos que estarían destinados a la finalización de Nido (una escuela de artes y oficios), obra iniciada por la anterior gestión Municipal e interrumpida hace 3 años; calefacción para el edificio del Sipem (el servicio de estacionamiento medido municipal), refacciones para el Hospital Peliche y otras refacciones municipales. La obras y el presupuesto fueron acordadas bajo el control del Iduv, el instituto de la vivienda en Santa Cruz, ya que los fondos son de procedencia provincial. Esta iniciativa forma parte de una serie de obras y refacciones emprendidas por la administración Grasso, del Frente de Todos, sobre la capital provincial, como la repavimentación de la histórica Avda. San Martín y la remodelación de su boulevard, bacheos generalizados y otras obras de consideración estética, como una serie de monumentos.

Los gastos de este acuerdo entre el Municipio y la Provincia para obra pública son insuficientes a hora de atender las necesidades de los galleguenses. Una de estas obras es la urbanización de los llamados “barrios periféricos” que han crecido exponencialmente en las últimas dos décadas, avanzando a más velocidad que la instalación de servicios básicos. No hablamos aquí de “villas” o “barrios de emergencia” (que también los hay, como el histórico barrio Madres a la Lucha) sino de terrenos fiscales, adjudicados a los vecinos para la construcción de viviendas. Y hablamos de barrios que distan hasta 6 km del casco urbano, del llamado Centro Comercial, y donde el grueso de la población trabaja, tramita o va a supermercados, por comentar algunas actividades vitales.

La lucha de los vecinos para el acceso a la urbanización podría remontarse al reclamo de la recolección de residuos y el transporte urbano para el barrio San Benito, uno de los primeros de los llamados barrios periféricos. Y aunque en su momento las reivindicaciones fueron conquistadas y cuentan con servicios básicos, las calles y veredas siguen siendo de tierra y solo hay un colectivo para todos los barrios que luego fueron sumándose. En el caso de los barrios más nuevos y alejados, la situación es de abandono, con familias enteras que deben caminar todos los días cientos de metros para conseguir agua, cargando baldes, bidones y recipientes varios. Carentes de luz eléctrica, calefaccionándose con leña, con escaso apoyo de la municipalidad.

Es en este contexto que desde la provincia, nada menos que desde el Instituto de la Vivienda donde antes presidía el ahora Intendente, se cierra un acuerdo para una serie de obras que se muestran insuficientes. La administración de Pablo Grasso está embarcada en una actividad febril de obra pública, más centrada en diferenciarse de sus antecesoras en cantidad más no por el verdadero impacto sobre la calidad de vida de los habitantes.

Desde el Polo Obrero se solicitó una audiencia con Pablo Grasso, cuando presidía el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia (Iduv), para presentar la propuesta de un plan de obras públicas que no solo traería soluciones a la urbanización de los barrios postergados de Río Gallegos, sino también trabajo genuino para los desocupados que se cuentan por miles. El pasado fin de semana, autoridades municipales y provinciales dejaron “plantados” a los vecinos del barrio 22 De Septiembre, en una reunión que convocaran para discutir la provisión de servicios. Los vecinos denunciaron este desaire y que no cuentan con servicios por una decisión política, porque a cuadra mediante, el Iduv lleva adelante la construcción de un barrio estatal al que sí se le están proveyendo luz y agua.

Pablo Grasso y Alicia Kirchner siguen postergando a la población, negando las obras necesarias para una mejor calidad de vida de la población de Río Gallegos y también de la provincia, donde hay localidades en situación similar.

La solución para esto, es la puesta en marcha de un plan de obras públicas masivo para la ciudad y la provincia, con fondos provinciales y con un impuesto extraordinario a los grandes capitales que medran con los recursos provinciales de la provincia, minería, petróleo y pesca, a los grandes supermercados y los casinos.