Los concejales del intendente Pablo Grasso han aprobado para Río Gallegos un régimen de multas para infractores de las medidas preventivas y la cuarentena frente a la pandemia. Las multas van desde los $2.000 hasta los $200.000. En el papel de la ordenanza se expresa que su función es “mitigar la propagación de la situación epidemiológica, y su impacto sanitario”, una impostura demagógica.

Grasso ordena perseguir con el código penal a la población de la ciudad capital de Santa Cruz, cargándole las culpas de la trasmisión comunitaria, en sintonía con el discurso presidencial y el de la gobernadora Alicia Kirchner.

Una política de ajuste

La gestión de Grasso viene de aprobar por decreto una paritaria ruinosa para los municipales: 14,5%, frente a una inflación que se estima en más del 40% interanual. Una paritaria de ajuste.

Esta política ajustadora se nutre también de la recaudación que aporta la dirección de Tránsito, que según informa el Estado realiza 50 secuestros de vehículos por semana, con su correspondiente multa. Llamativamente estos secuestros son por licencias vencidas, que no pudieron realizarse por la cuarentena, o porque la población rehúye concurrir a espacios públicos por temor al contagio. Lejos de ofrecer una solución acorde al contexto de pandemia, la dirección de Tránsito ofrece 50 turnos diarios para la renovación de licencias, obligando a los usuarios a esperar en colas desde las 6 de la mañana, promoviendo la aglomeración y aumentando las posibilidades de contagio.

Sumado al nuevo régimen de multas en cuarentena, el intendente descarga, no solo sobre el trabajador municipal sino sobre toda la población, la crisis que han causado los sucesivos gobiernos, desde el peronismo hasta el radicalismo.

La pretensión de que el régimen de multas sirva para la prevención del Covid-19 no resiste el menor análisis. La trasmisión comunitaria no se debe a “irresponsables” o “los vivos” que no respetan la cuarentena. La falta total de controles sobre los repatriados, el resonado caso de los trabajadores tercerizados de Movistar, obligados a trabajar sin respetar la cuarentena y la falta de hisopados, propiciaron el brote que conmueve a la ciudad y la provincia hace casi cuatro meses.

Incluso, autorizando la apertura de comercios no esenciales, presionado por la Cámara de Comercio de Río Gallegos. Un aliado recurrente del municipio, que siempre aportó funcionarios para la dirección de Comercio.

Sin techo ni trabajo no hay cuarentena

La aplicación de este régimen de multas será otro lastre para el trabajador galleguense. Trabajo precario, sueldos que no llegan a la canasta familiar (que en Santa Cruz se estima por encima de los 70 mil pesos), alquileres exorbitantes, la falta de un plan de viviendas, son cuestiones que no le permiten llevar una vida digna ni prevenirse frente a la pandemia a ningún trabajador.

Los recursos para una verdadera cuarentena y un subsidio a los desocupados producto del parate económico deben salir de un impuesto extraordinario a las grandes rentas, como nuestra bancada del FIT Unidad ha presentado en un proyecto de ley en el Congreso de la Nación.

En Santa Cruz, este impuesto debe ir dirigido a los casinos, las petroleras, las mineras, las pesqueras y las grandes cadenas de supermercados, que hacen extraordinarias ganancias a costa del esfuerzo de los trabajadores y el saqueo de los recursos naturales de la provincia.

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