En las elecciones provinciales del próximo 25 de septiembre, los dos principales candidatos capitalistas -el del Frente para la Victoria y el de la UCR- cargan en su accionar político con la responsabilidad de graves hechos represivos. En el caso de Carlos Soria (FpV), jefe de la Side en junio de 2002, la masacre del Puente Pueyrredón. César Barbeito (Concertación para el Desarrollo, UCR), con la masacre de Bariloche (junio de 2010).

El PJ lleva a sus candidatos en las listas del FpV y en las de los demócratas progresistas.

La lista provincial del Partido Obrero en el Frente de Izquierda está encabezada por Amalia (Mali) Quintillán a gobernadora y Norma Dardik a vice -dos luchadoras, una docente y la otra de la salud, respectivamente-. Alejandra Velázquez, joven luchadora sindical de ATE anteriormente y docente en la actualidad, es la primera candidata a legisladora.

En Bariloche, la ciudad más grande de la provincia, nuestro candidato a intendente es Armando Aligia (Izquierda Socialista), un respetado científico con reconocimiento en las luchas sociales. Lo sigue Rafa Maigua, un joven luchador estudiantil del Partido Obrero, a quien aspiramos hacer ingresar en el Concejo de una localidad hoy devastada por la caída de ceniza y la amenaza de un brote de hantavirus. Miles de trabajadores temporarios han perdido la temporada turística, lo que les permite mantenerse durante alguna parte del año.

En General Roca, ciudad central en lo económico y político, va como intendente Horacio Pastor, luchador social y constructor del Partido Obrero. Lo sigue, primero en la lista de candidatos a concejal, Darío Córdoba, quien ha intervenido activamente en las luchas de los estatales de la zona.

Completan las lista provinciales y municipales luchadores destacados de la salud, educación, trabajadores de la fruta, del movimiento de desocupados y de la lucha contra la represión policial.

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda se presenta como alternativa en una provincia cuyos docentes cobran uno de los básicos más bajos del país, donde gran parte de los empleados estatales cobran salarios en negro, los agentes de salud no pueden renunciar a la horas extras porque con ellas aumentan magramente su salario. La mayoría de los municipales de las distintas ciudades son contratados, en una provincia donde la vivienda y la tierra se les niegan a los trabajadores, mientras se suceden los negociados inmobiliarios y son expulsadas de sus tierras las comunidades originarias. En Río Negro se suceden las denuncias sobre negociados y manejos impunes de fondos públicos, mientras la prepotencia policial y el gatillo fácil se han cobrado -y se cobran- víctimas permanentemente.

La posibilidad de elegir candidatos, un programa y una organización que pondrá su banca al servicio de esas luchas entusiasma y recoge el apoyo de todo un sector del activismo; algunos sumándose a las listas y otros muchos dispuestos a llevar adelante una campaña que demuestre que los trabajadores tenemos una salida. La superación del piso proscripto en agosto es un buen antecedente para la batalla que tenemos planteada.

Ni con los responsables de la masacre de Puente Pueyrredón ni con los responsables de la masacre de Bariloche, ni con sus aliados. Por una alternativa política de los trabajadores.

En septiembre pongamos a la izquierda en la Legislatura y en los municipios.