El hecho de que familiares del intendente del peronismo provincial, Fabián Pilquinao, de la localidad de Sierra Colorada, más dos esposas de dos altos funcionarios municipales cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (Clarín, 29/7), se ha convertido en otro escándalo nacional. La gravedad de lo sucedido aún no ha dado señales de avances judiciales, como sí ocurrió en Salta, con concejales y funcionarios oficialistas y opositores que cobraban el IFE.

Aunque el argumento dado por parte de la Anses de la provincia al medio periodístico nacional es el argumento general, es decir, el sistema analiza y aprueba o no aprueba, surgen relaciones que en la misma nota se dejan entrever. El intendente es señalado como uno de los preferidos de un dirigente peronista provincial, de gran peso político en la legislatura provincial, y solo argumenta ante la dudosa situación al mismo medio periodístico al ser consultado: “Yo soy un changarín, soy plomero de profesión. Cuando se acabe la vida política volveré a lo mío. No tengo dinero y tampoco le di trabajo a ninguno de mis hijos en el municipio. En esta ciudad hay un tremendo nivel de desocupación. Si ellos tramitaron el IFE los hicieron por su cuenta, porque no viven conmigo. No tengo conocimiento de que los funcionarios o sus esposas cobren. Acá los funcionarios ganan una cagada de plata, 20 mil pesos o por ahí ” (Clarín, 29/7).

En la provincia, mientras se ha planteado suspender el pago del IFE al analizarse pasar de fase de aislamiento a distanciamiento, y en medio de una crisis sanitaria y financiera de características inimaginables, funcionarios y amigos del poder cobran en dudosas circunstancias un plan que se le ha negado a miles. Mientras los índices de pobreza en la provincia rozan hoy el 50% y el desempleo crece, no se comprende lo que sucede en estos casos, y nadie responde con la verdad.

Desde el Partido Obrero reclamamos el esclarecimiento de todo esto y el juicio a los responsables políticos. Por un verdadero subsidio al desocupado de $30.000 que parta de cobrarle un impuesto extraordinario a las grandes fortunas provinciales.

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