El día de la sublevación carapintada el Intendente de General Roca convocó a una reunión especial en la municipalidad a todas las fuerzas políticas de la ciudad. De las deliberaciones surgió una declaración común, firmada por todos los concurrentes, en la que se repudia al alzamiento porque “daña la credibilidad de las instituciones republicanas”, se llama a las “autoridades legítimamente constituidas a extremar las medidas para sostener el orden constitucional, subordinando definitivamente el poder militar al civil, aplicando con el máximo rigor el cumplimiento de las leyes vigentes”. El documento convoca, además, a “castigar a los elementos facciosos que pretenden subvertir el estado de derecho” (Río Negro, 4/12). Este documento fue suscripto por todos los partidos burgueses y también por Aurelio Vázquez, responsable del Mas y Juan Mercado del PC.

Esta declaración constituye un apoyo de principios al Estado capitalista, el cual no es otra cosa que una maquinaria de opresión política de los trabajadores. En la crisis militar última el gobierno actuó como defensor de ese Estado, contra la disgregación que producía la acción carapintada. La declaración que firman los partidos de Izquierda Unida no repudia la declaración del estado de sitio, que fue la primer medida represiva aplicada por el gobierno, por la cual suspendió los derechos políticos ciudadanos.

Las “autoridades legítimamente constituidas” que defiende el documento son las que la burguesía mantiene en el poder para reventar de hambre a los trabajadores, despedir centenares de miles de empleados públicos y esquilmar a las provincias. En la declaración ni siquiera se omite el lamento por el daño causado a la “credibilidad” y a la imagen del país como garante de las inversiones extranjeras y pagador de la deuda externa. La subordinación del “poder militar al civil” no es más que el disfraz de la reorganización de las fuerzas armadas precipitada por la sublevación carapintada para mejor servir de guardián de los intereses del imperialismo.

El PO no concurrió a la reunión en la Legislatura y denunció el rol de los partidos que ayudaron al gobierno a “poner la casa en orden” por mandato directo del gendarme norteamericano y el dictado del estado de sitio. Los dirigentes del Mas y del PC no se sumaron a la posición de P.O. sino a la de los explotadores.