La gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, asignó un aumento del 25%, y de una sola vez, a sus funcionarios, comenzando por ella misma, pasando por cada ministerio de la provincia. Si tomamos solo el salario de la gobernadora, que ronda los $340.000 mensuales, el porcentaje asignado representa un aumento superior a los $75.000. Con la docencia y la comunidad educativa debatiendo las pésimas condiciones edilicias en las que pretenden comenzar las clases y rechazando el aumento del 6% en cómodas cuotas, a cobrar en abril y mayo, con el crecimiento exponencial de la pobreza y la desocupación, la decisión gubernamental es una provocación contra los trabajadores y trabajadoras.

Éste refuerzo a los privilegios de los funcionarios y de la Legislatura evidencia que quienes nos han gobernado durante las últimas décadas en la provincia han sido saqueadores y hambreadores, y se suma al escándalo de la vacunación vip que desarrolló el gobierno nacional del Frente de Todos, y que provocó la eyección del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Debe llamar la atención el silencio de todo el arco político, que hace semanas rechazaban el impuestazo provincial en inmuebles y automotores, especulando con que esta decisión les abra la puerta a aumentos en los demás estamentos del Estado. Ahora se sabe a donde van a parar parte de los incrementos de los impuestos provinciales.

El aumento tiene como función cerrar filas ante el creciente rechazo de docentes y familias a la política de ajuste en educación, que a medida que se acercan a las instituciones están verificando y denunciando el abandono de la infraestructura escolar, denuncias que el consejo escolar intenta tapar con medidas insuficientes.

En un contexto donde el gobierno de Fernández y el de Carreras dan luz verde a los aumentos de combustibles, de la canasta básica de alimentos y de la electricidad, las conducciones de Unter y ATE, al igual que el resto de las centrales sindicales, que se encuentran integradas a los gobiernos, acompañan esta provocación. De conjunto, la burocracia de todos los sindicatos no ha salido a repudiar este vergonzoso aumento, aún sabiendo que el aumento que se otorgan los funcionarios supera al doble un salario de un/a trabajador/a rural, o el triple de un salario del escalafón administrativo de un hospital.

La orientación social de los gobiernos es clara: seguir transfiriendo los recursos públicos para pagar la usura de los préstamos del FMI y del Plan Castello, los negocios subsidiados de la educación y salud  privada, dotar de subsidios a las patronales, como la frutícola, la petrolera y la minera, y sostener al ejército de funcionarios bien remunerados para ajustar a las y los trabajadores.

Ésta semana, previa al inicio de clases, y con la discusión paritaria a la vuelta de la esquina, será muy importante articular e impulsar asambleas y autoconvocatorias obreras de los diferentes sectores, para organizar la lucha por el salario, las condiciones de trabajo y seguridad e higiene en las instituciones y los lugares de trabajo. Profundicemos la organización y exijamos al Estado: salarios igual al costo de la canasta básica familiar; incremento del presupuesto de salud, educación y un plan de becas universales para todo el estudiantado; por un subsidio al desocupado; trabajo genuino; basta de ajuste e inflación; paritarias libres sin techo con cláusulas gatillo; testeos masivos y protocolos de bioseguridad en tiempo y forma en todos los lugares de trabajo de la provincia, bajo control obrero y la comunidad; abajo los privilegios del régimen de hambre y saqueo de las últimas décadas; desconocimiento e investigación de la deuda del Plan Castello. Ningún acuerdo con el FMI.