El lunes 15 de junio la provincia de Río Negro incumplió el pago de 10,5 millones de dólares. Corresponden a los intereses semestrales del bono por 300 millones de dólares con vencimiento en 2025, suscrito en 2017 por el entonces gobernador y actual senador nacional de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck. Este título fue emitido como parte del programa de obra pública denominado “Plan Castello”.

El ministro de Economía provincial, Luis Vaisberg, anunció que buscarán renegociar con los acreedores -en el período de gracia de 30 días ante de ser declarada en default- la continuidad del pago de la deuda. La razón esgrimida es la “fuerte caída del conjunto de la recaudación provincial” como consecuencia de la recesión económica desatada por la pandemia.

Río Negro se sumó así a Buenos Aires, Mendoza, Salta, Santa Fe y Chubut, que resolvieron no pagar vencimientos y negociar canjes de sus deudas. A nadie escapa, sin embargo, que esas renegociaciones están subordinadas a la negociación de la deuda nacional que lleva adelante el gobierno de Fernández-Fernández. Esto con más razón cuando el garante final de las provincias es la Nación, ya que es quien autoriza los acuerdos a través de la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, creado para pilotear la reestructuración.

Si consideramos que Río Negro debe pagar por el referido préstamo otras seis cuotas más en concepto de intereses y a partir de diciembre de 2023 comenzar a cancelar el capital con tres cuotas anuales de 100 millones de dólares cada una, es manifiesto el cuadro de absoluta bancarrota provincial. El promocionado Plan Castello que “debía proyectar a Río Negro hacia el futuro” se reveló como un salvavidas de plomo, utilizado espuriamente por el gobierno de Weretilnek para afrontar el último año de mandato y la campaña electoral de Juntos Somos Río Negro pagando salarios y aguinaldos sin sobresaltos. Ahora llegó el momento de pagar los platos rotos…

La bancarrota, preciso es decirlo, no involucra solamente al Estado provincial. Este logró “encajarle” parte de la deuda a diez municipios que adhirieron al Plan Castello, en varios casos por obras que quedaron inconclusas o que incluso ni se comenzaron. Ahora se rumorea que los intendentes barajan la posibilidad de pagar en tres cuotas el aguinaldo.

La población de Río Negro hace rato ya que viene pagando este desfalco. El gobierno provincial, con la complicidad de las direcciones sindicales, ha logrado eludir las paritarias reemplazándolas por el Concejo de la Función Pública, imponiendo acuerdos salariales a la baja a estatales y docentes. Vale recordar que la otrora “combativa” conducción de ATE se sumó con bombos y platillos a la campaña electoral de Juntos Somos Río Negro.

No solamente los estatales “pagan” con ajuste el Plan Castello. La salud pública fue devastada y durante la cuarentena no se afrontó su recuperación. Como consecuencia de las carencias en los hospitales y la inoperancia e incapacidad de los funcionarios Río Negro es hoy, junto a Chaco, uno de los distritos más castigados por la pandemia.

Para no hundirnos bajo el peso de una deuda impagable, y para no seguir rescatando a los usureros internacionales con el sacrificio de los rionegrinos, es necesaria una investigación y el no pago de toda la deuda provincial (no solamente la generada por el Plan Castello). Junto con ello, avanzar en un impuesto sobre las grandes fortunas y rentas de la provincia, bancos, tierras ociosas y a los especuladores inmobiliarios, para generar los recursos que permitan atender debidamente la pandemia, recuperando la salud y la educación pública y cubriendo las necesidades crecientes de una población cada día más empobrecida.

¡Que la crisis la paguen los capitalistas!