Con la experiencia de Tasselli y de la intervención nacional se ha demostrado que tanto los privados como el Estado provincial y nacional son incapaces de sostener y hacer producir la mina sin poner en riesgo la seguridad de los trabajadores mineros y de la población de la cuenca.

La muerte de nuestros compañeros no ha sido una tragedia accidental, ha sido lisa y llanamente un crimen social. Durante los años en que Tasselli se aprovechó del subsidio estatal y realizó un verdadero vaciamiento de la empresa, contó con la complicidad de la comisión fiscalizadora, en donde el gobierno provincial tenía sus representantes. Luego, con la intervención hace ya dos años, continuó la misma situación de deterioro de las instalaciones y de las condiciones de seguridad en el trabajo.

Los trabajadores mineros señalaron reiteradamente que la falta de inversión y el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene ponían en riesgo no sólo la continuidad del yacimiento, sino la vida misma de los compañeros. Se lo dijeron a Tasselli y a las autoridades provinciales y nacionales, y se lo advirtieron a la intervención.

Hoy quedó trágicamente demostrado quiénes tenían razón.

Una Comisión Investigadora Independiente debe evaluar las responsabilidades en juego.

Es la hora del control de los trabajadores; con nuestro dolor y nuestra bronca los tenemos que echar y poner la empresa bajo gestión obrera.

Para defender nuestras vidas y nuestro futuro, la asamblea obrera debe elegir un directorio responsable.