La reforma jubilatoria votada en la Legislatura el miércoles 20 de mayo forma parte de una política de ajuste integral contra el pueblo trabajador. En un contexto de cuarentena por la pandemia, con una población que tiene lógicas preocupaciones, el gobierno de Juan Schiaretti, con el aval de Alberto Fernández, está descargando la crisis sobre los trabajadores, las mujeres y la juventud, en beneficio del pago de la deuda usuraria nacional y provincial y del salvataje a los grandes empresarios. El robo a las jubilaciones de las y los cordobeses forma parte de esa orientación.

Ahora Schiaretti busca el “reperfilamiento” de la deuda con una normativa que configura un mayor sometimiento al capital financiero, al punto de comprometer como garantía de las operaciones la coparticipación federal de impuestos en los montos que correspondan a la Provincia o instrumentar la cesión de recursos propios, es decir, se les está entregando a los capitalistas directamente la facultad de apropiarse de la recaudación.

Rechazamos seguir pagando una deuda usuraria, cuyo pago solo trae más ajustes al pueblo trabajador.

Previo a esto, se produjo un recorte salarial a las y los empleados municipales de la capital cordobesa de, por lo menos, el 15%. Se les deben los salarios a los choferes y el conjunto de los y las trabajadoras del servicio de transporte de la provincia, ya sea interurbano o los urbanos de las principales ciudades. En la industria, el comercio y otros servicios arrecian los despidos, las suspensiones y el pago de salario en cuotas, cuando no directamente recortado. Se difieren pagos a jubilados y estatales a quienes ademas se les pretende robar vacaciones y francos no gozados.

A esto se suma la eliminación de los distintos planes de empleo, que, contando aún con una gran precariedad, significan hundir más en la miseria a miles de familias.

La reforma impulsada y votada por el PJ sigue los lineamientos que se impusieron a nivel nacional en la década del 90 completa la armonización con el régimen nacional de jubilaciones, que impuso el menemismo y que mantuvieron y agravaron todos los gobiernos hasta la actualidad.

El ataque a jubilados, pensionados y activos aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba es completo:

●  Se termina de destruir la conquista del 82% móvil, estableciendo que los pasivos cobrarán apenas el 67% del  salario de los activos. Se modificó el cálculo de las jubilaciones; se deja sin efecto 82% móvil del 89% del salario total lo que arrojaba un 73%, y se calcula el 82% de una suma igual al bruto deducido el aporte personal jubilatorio; lo que significa, en muchos sectores, un recorte directo del 6%.

● Se pasa a calcular el haber sobre el promedio salarial de los últimos 10 años (antes era de los últimos 4 años) y se desenganchan los incrementos del cargo en actividad.

● También se achica la base del cálculo porque no tomarán como parte del salario los viáticos, premios y otros ítems salariales. Esto es particularmente gravoso en sectores que una parte importante del sueldo se compone por estos ítems, como las comisiones de policía fiscal, los premios de empleados de casino, la bonificación de trabajadores de Epec, refrigerio y prolongación de jornada de municipales o faltante de caja de bancarios.

● También, se posterga la aplicación a los jubilados de los aumentos que perciben los activos por dos meses.

● Se recortan del 75% al 70% las pensiones, y también se podan las jubilaciones por “invalidez” al 45% y por “edad avanzada” al 60%. En el caso de estas últimas se eleva la edad mínima de 65 a 70 años para acceder al beneficio.

Todo lo anterior se aplica a los regímenes especiales, es decir, se avanza como nunca sobre la docencia y otros sectores que habían logrado mantener ciertos derechos, no obstante la reforma menemista.

Se trata a todas luces de una reforma absolutamente reaccionaria. El gobierno del PJ para llevar adelante esta reforma antiobrera contó con el respaldo clave de los legisladores alineados con el gobierno nacional y el kirchnerismo. Con esos votos, Schiaretti alcanzó el quórum que necesitaba para aprobar el proyecto presentado sobre tablas apenas unas horas antes de dar inicio a la sesión. El apoyo de este espacio no sorprende, puesto que desde comienzos de año el gobierno nacional viene insistiendo en las reuniones nación-provincias en el avance hacia la eliminación de las cajas provinciales y de los regímenes especiales.

Un día antes del robo a los jubilados cordobeses, Alberto Fernández imponía un nuevo robo a los jubilados nacionales, recortando los índices de actualización. Responde a las imposiciones del FMI para el pago de la deuda usuraria al servicio del capital financiero internacional, mientras los fondos de la Anses se desangran en subsidiar a los grandes empresarios.

Hace décadas que los trabajadores financian a los capitalistas a través de la liquidación sistemática de su régimen de jubilaciones. Todos sabemos que el FMI tiene entre sus exigencias fundamentales la imposición de reformas previsionales que reduzcan los haberes, tendiendo a convertirlos en un régimen asistencial a la vejez.

La oposición patronal de la UCR y Cambiemos esta vez no votó el proyecto oficialista pero su oposición fue por puras formalidades y no cuestionan el fondo del ajuste, es evidente que ellos también están a favor del ajuste y han sido ejecutores del mismo todo este tiempo y en particular donde gobiernan. Lo mismo hicieron en el Concejo Deliberante de la capital, donde se retiraron de la sesión para no votar en contra del recorte a los municipales, algo que fue siempre parte de su programa. Sin dudas, si de ellos dependiera la aprobación, votarían a dos manos la ley ajustadora.

El robo a los trabajadores no podría haberse resuelto sin la complicidad flagrante de la burocracia sindical. Tanto el SEP (empleados públicos) dirigido por el propio legislador oficialista José Pihén, titular además de la CGT Regional Córdoba, como la conducción de Uepc (docentes), firmaron acuerdos salariales que incluían parte de esta reforma previsional. En los mismos se aceptó una reducción de los aportes personales, que implicó un aumento para el activo que no se vio reflejado en el haber del jubilado. Es decir que el recorte a las jubilaciones de estos sectores llegó antes que la reforma y de la mano de los gremios que dicen enfrentarla. Ante la votación, la CGT no movió un dedo, convocó a una pobre conferencia de prensa, donde se lamentó de no poder hacer nada debido a la cuarentena y llamó a sus inofensivos “estados de alerta y movilización” y dijo que apuesta a la “vía judicial”, dejando pasar en los hechos el tremendo ataque.

El pueblo trabajador de Córdoba se ha puesto de pie, y en la semana aniversario del Cordobazo, protagonizó grandes e importantes manifestaciones. Hubo movilizaciones de los empleados municipales, caravanas de médicos y UTS en defensa de la salud pública y contra la reforma jubilatoria, así como un acto. Se realizó una movilización a la caja, de la docencia, y las y los jubilados, impulsada por la oposición antiburocrática; un paro bancario y de judiciales. Trabajadores precarios también ganaron la calle, incluyendo a los repartidores. Se produjo un pañuelazo frente al arzobispado en la lucha por el derecho al aborto.

Las maniobras orquestadas por el gobierno para la aprobación de esta ley fueron realmente perversas: presentaron el texto una hora antes del debate, se aprovecharon del aislamiento obligatorio, atacando a quienes además son los más castigados por la pandemia, los adultos mayores.

Se copó con policías y gendarmes la provincia. Se reprimió duramente a los trabajadores municipales de Jesús María y a los trabajadores de las apps. Se persigue judicialmente, con imputaciones, a todos aquellos que se movilizan como los municipales, choferes. Se los hostiga y buscan impedir que se expresen los trabajadores de Arcor, los precarios, el Polo Obrero, los Feriantes de Las Heras, la Asamblea Ni Una Menos. En el caso de la salud se recurre a la criminalización para amedrentarlos, como sucede con Lucas Figueroa, médico del geriátrico de Saldán imputado por estar infectado, mientras los dueños son protegidos por el Poder Judicial.

La única fuerza que se opuso decididamente a la reforma reaccionaria fue el Frente de Izquierda-Unidad en las bancadas en la Legislatura, el Concejo Deliberante y en las calles, enfrentando la represión y persecución estatal. Dimos continuidad, de esa forma, a la lucha destacada de las y los jubilados que vienen batallando y ya organizaron tres cabildos abiertos y una audiencia pública en la Legislatura en 2020, en defensa de la Caja de jubilaciones.

Para derrotar está avanzada ajustadora, es necesario un paro provincial y un plan de lucha de la CGT, la CTA y todos los gremios. En unidad plena de las filas obreras, con trabajadores del sector privado, estatal, desocupados, precarizados, los informales, los pequeños comerciantes y todos los agraviados por estas políticas.

Desde el Frente de Izquierda-Unidad defendemos un programa de las y los trabajadores para resguardar la Caja de Jubilaciones: abajo la reforma reaccionaria y el robo a las jubilaciones. Terminar con el trabajo precarizado y en negro, restituir aportes patronales, eliminar jubilaciones de privilegios de funcionarios, el cese de la intervención por parte del Estado, que la Caja vuelva a sus verdaderos dueños los trabajadores activos y pasivos, y que sean ellos quienes decidan todo, reponer el 82% móvil, cobrar fuertes impuestos a las grandes fortunas y que de una vez por todas sean ellos los que paguen la crisis que provocaron. Por el desconocimiento soberano y No pago de la deuda de la provincia ante acreedores internacionales. Aumento extraordinario del presupuesto de salud, unificando el sistema privado con el público. Estatización, con control de sus trabajadores y de los usuarios, de todos los servicios básicos como agua, gas y transporte público. Estatización de toda empresa que cierre o despida. Inmediato desprocesamiento de todos aquellos imputados por movilizarse y disolución de la Fiscalía Sanitaria Especial.

Acompañamos y alentamos al pueblo cordobés en su lucha y convocamos a organizarnos y movilizarnos el 10 de junio en apoyo a la Jornada Nacional de Lucha de las y los trabajadores de la salud. Y a construir el 16 una gran Jornada Nacional de Lucha de todos el sindicalismo combativo. Con ese impulso desarrollar una jornada del 22 en contra del robo de las jubilaciones.