Luego de obtener poderes especiales con la ley de emergencia votada el 7 de mayo, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta vació el funcionamiento de la Legislatura porteña. Desde esa fecha no se ha realizado ninguna sesión y los proyectos sobre la pandemia no son tratados. De este modo se ha concentrado exclusivamente en el Poder Ejecutivo el abordaje de una crisis sin precedentes en la Ciudad. Al mismo tiempo, se levantó la sesión donde debía comparecer el jefe de gabinete Felipe Miguel, involucrado en casos de corrupción.

Pero lejos de tener la situación bajo control, la política del gobierno está profundizando la crisis. En un reciente fallo, la justicia porteña ordena al Ejecutivo a presentar un protocolo de atención de emergencia sanitaria en villas en un plazo de 5 días. De este modo, puso de manifiesto la responsabilidad del gobierno en el crecimiento de contagios en las villas que, entre el hacinamiento y la falta de agua, ya han superado los 1.500 casos.

En los hospitales la situación es similar. El avance de los contagios en las villas que en su enorme mayoría son atendidos en los hospitales públicos, ya ha colocado en tensión al sistema. La carencia de un protocolo claro, la falta de equipos de protección personal en cantidad y calidad suficiente y las deficiencias edilicias de los hospitales han provocado que solo en la Ciudad más de 400 trabajadores de la salud hayan contraído la enfermedad .

El avance de la pandemia se agravará en las próximas semanas, cuando tengamos la consecuencia de la irresponsable apertura masiva de comercios dispuesta por Larreta y avalada por Alberto  Fernández. El acuerdo Fernández-Larreta-Kicillof funciona como encubrimiento recíproco de las consecuencias del desmantelamiento de la cuarentena y su impacto en villas y hospitales.

Esta suerte de cogobierno tripartito tiene su correlato en la Legislatura, donde el bloque del PJ-kirchnerismo que mantiene un perfil bajo, no llamó a movilizar contra la emergencia económica y ahora ha rechazado la propuesta realizada por el PO-FIT de convocar a una sesión especial para tratar todos los proyectos que el oficialismo local no quiere tratar.

En la misma línea, la directiva peronista de Sutecba convalidó la resolución de Larreta a través de la cual se declara servidor público a todos los trabajadores del GCBA para sacarlos a la calle para tareas de apoyo de manera completamente improvisada.

La iniciativa del PO-Frente de Izquierda en la Legislatura

Frente a este cuadro, desde la banca de Gabriel Solano estamos desarrollando una campaña para que se convoque a una sesión especial para tratar proyectos urgentes. Nuestra agenda parte de una política opuesta a la de Fernández-Larreta. Los proyectos que presentamos van desde un protocolo para las villas, la provisión de agua y alimentos, el fortalecimiento del sistema de salud y las demandas de sus trabajadores hasta el no pago de la deuda externa de la Ciudad (para este año los vencimientos alcanzan los 50.000 millones de pesos), y una reforma impositiva que grave a los bancos, las grandes industrias y los especuladores inmobiliarios para obtener los recursos necesarios para atender la situación sanitaria y social.