Ruckauf huyó de la gobernación de Buenos Aires y se fue a la Cancillería…

Romero anuncia su candidatura presidencial justo cuando la provincia está al borde de la cesación de pagos, los municipios no pagan los sueldos, los hospitales están desabastecidos y el IPS en quiebra. Hay 10.000 nuevos desocupados sólo en la construcción, que está paralizada; se pagan apenas 100 pesos por mes para mantenimiento de las escuelas; a los empleados públicos se les ha confiscado el 6% de sus aportes jubilatorios.

Ruckauf “ha hecho escuela”, es evidente.

Romero se jacta de ser el alumno más aplicado del FMI. Firma el nuevo pacto fiscal que elimina el piso de la coparticipación, después de haber entregado ya por 15 años las regalías petroleras y privatizado todos los servicios.

En la misma línea, se acaba de anunciar oficialmente el intento de reducir la cantidad de representantes en Diputados y de eliminar 30 Concejos Deliberantes. Con el cuento de “achicar los gastos de la política” se quiere liquidar cualquier sistema de representación e imponer de hecho el gobierno por decreto. Este verdadero golpe de Estado es, también, una exigencia del FMI.

Hay una salida

Es lo que demuestra el reclamo de la Coordinadora Piquetera del Norte cuando exige la creación de un Fondo Hidrocarburífero formado en base a una parte de las ganancias de las petroleras, que permita crear trabajo genuino, bajo administración estatal y control de los trabajadores.

¡Qué contraste entre estos personajes que después de destruir todo preparan su huida, y la CTD de Tartagal que acaba de presentar un plan para frenar el dengue y crear para ello 500 puestos de trabajo para los desocupados, o el Fubde de Embarcación que hace más de un año presentó un proyecto para evitar las inundaciones (si hubieran tomado el proyecto de los desocupados este año se evitaban miles de evacuados en el pueblo)!

Que se vayan todos, que el poder pase a una Asamblea Popular Constituyente en cada municipio, en la provincia y en el país, para satisfacer los reclamos del pueblo en lucha en base a la estatización sin pago de la banca, de la riqueza petrolera y de todas las grandes empresas. Un gobierno que sobre la base del repudio de la deuda externa pueda garantizar el salario y la jubilación mínima de 600 pesos indexados por costo de vida y el reparto de las horas de trabajo entre todos los desocupados sin afectar el salario.