A poco de asumir, Romero modificó el Código de Aguas de la provincia en aspectos sustanciales que desmantelaron toda responsabilidad estatal sobre las cuencas.

 

Por un lado, dejó en manos de los municipios el mantenimiento de las defensas en los cauces de agua. Algo que la mayoría de los 59 municipios no está en condiciones de hacer por falta de recursos y maquinaria.

 

Enseguida privatizó el servicio de agua corriente, que hoy padecemos los salteños, y también la red de canales de riego, que fue entregada a consorcios privados de regantes en donde siempre mandan los grandes finqueros. El Estado no fiscaliza nada, los consorcios desvían al antojo de las grandes fincas los cauces de agua provocando muchas veces la ruina de los pequeños productores y la erosión de los sembrados por el desplazamiento de los cauces.

 

En lugar de la empresa estatal Agas, que fue disuelta, se creó una “agencia de recursos hídricos” sin técnicos ni elementos para atender ni prevenir ninguna circunstancia.

 

“El Departamento de Estudios y Proyecto de Agas estaba nutrido con los mejores ingenieros de la provincia, geólogos, ingenieros hidráulicos, agrimensores y especialistas formados y con experiencia”. “Así se pudo elaborar y concretar proyectos como los diques Campo Alegre, Itiyuro, La Dársena, El Tunal, etc.”; “...es un desastre de la indolencia y de la irresponsabilidad de los hombres que tienen la responsabilidad política de la defensa y encauzamiento de los ríos”; “Los legisladores debieran iniciar juicio político al gobernador”... Esto d eclaró el ex administrador de Agas al El Expreso (8/4).