El pueblo de Hipólito Yrigoyen, en el norte de Salta, salió a cortar la ruta 50, cansado de la falta de agua potable. Está sin agua desde antes de Navidad.

 

La situación se repite desde que Aguas de Salta (ASSA), de la mano de Romero, se hizo cargo del servicio. La empresa se ha dedicado a facturar, sin invertir un peso. Antes de la privatización, el servicio lo prestaba el “Centro de Usuarios”, financiado por los propios vecinos. Aguas de Salta se quedó con las instalaciones construidas por los propios vecinos y ahora no garantiza siquiera el abastecimiento.

 

El gobierno ordenó a la policía de Orán despejar la ruta. Pero el comisario Gerardo González se negó a reprimir porque no había orden judicial. Fue destituido. La guardia de Infantería de la policía provincial procedió entonces a desalojar la ruta.

 

Luego de la represión, una camioneta atropelló a una de las vecinas, que falleció en el acto; su bebé, de nueve meses, quedó en grave estado.

 

Parasitismo y tarifazo

 

El Ente Regulador de los servicios públicos acaba de autorizar un nuevo tarifazo del 12%, con lo que ASSA habrá aumentado la tarifa en un 113% desde el 2002. Un verdadero escándalo, tratándose de una empresa que tiene a varios barrios y localidades de la provincia sin servicio en pleno verano.

 

Aguas de Salta se ha visto favorecida por la renegociación del contrato en el 2004, que la exime de multas y de inversiones en obras. Prácticamente todas las obras las financia el Estado provincial. Prueba de ello es que en estos días se abrirán los sobres para 30 obras de agua y saneamiento totalmente financiadas por el presupuesto provincial.

 

A esto hay que agregar que la empresa va a recibir este año 12 millones de pesos con la excusa de que se subsidia a los indigentes.

 

El Concejo Deliberante de Yrigoyen votó una ordenanza de municipalización del servicio del agua; el intendente romerista se vio obligado a promulgarla bajo la fuerte presión de los vecinos. Ahora, seguramente llevarán la cuestión a la justicia para que sea ella la que defienda la continuidad de Aguas de Salta.

 

Hay que terminar con el parasitismo de esta empresa, que sólo paga un canon anual de 50 mil pesos, que no alcanza al 2% de lo que factura en un mes. Hay que dar alcance provincial a la lucha por la estatización de la empresa bajo control de trabajadores y usuarios; hay que intervenir las cuentas de la empresa y obligarla a que indemnice a los salteños por todos los daños provocados y el vaciamiento del servicio de agua en esta década (infame) de privatización.