A las 4,30 horas de la madrugada del sábado 9, la policía de la provincia de Salta reprimió violentamente a los piqueteros instalados sobre la ruta 34, a la altura de Embarcación, en el norte salteño. Hacía un mes que estaban reclamando puestos de trabajo y bolsones alimentarios para mitigar la desocupación que se ha instalado en la zona. Allí se detuvo a 16 compañeros.

Simultáneamente, se desarrolló un operativo policial que ingresó a los barrios y allanó numerosas viviendas. En esta ofensiva fue violentado el local de la organización de desocupados, FUBDE, y del PO. Se detuvo a otros 16 compañeros, gran parte de ellos dirigentes y militantes de los desocupados y del PO local, a varios de los cuales se los golpeó duramente. Se realizaron destrozos en el local y se robaron videos, libros y periódicos partidarios.

Inmediatamente comenzaron las medidas de solidaridad: una manifestación de 400 compañeros rodeó a las pocas horas la comisaría de Embarcación, donde estaban detenidos los piqueteros. Esto llevó a un amplio operativo policial que sacó de allí a los compañeros para trasladarlos a centros de detención en la capital de Salta y Tartagal.

Pero las manifestaciones no cesaron. El compañero diputado provincial del PO, Pablo Lopez, viajó a Embarcación donde el mismo día se realizaron nuevas movilizaciones populares. Las que se repitieron en Tartagal y la capital salteña. El miércoles 13 se realizo una movilización en la Capital Federal sobre la Casa de Salta. Y las columnas piqueteras que iniciaron su marcha hacia la Plaza de Mayo el lunes 11, tomaron el reclamo de la libertad de los compañeros, como una bandera central. Al cierre de esta edición aún continúan detenidos 9 compañeros.

Es evidente que el gobernador antiobrero Romero, actúa a cuenta de las petroleras y sigue tratando de domesticar a palo y bala a los desocupados y trabajadores que se movilizan para que los monopolios otorguen puestos de trabajo genuinos y aumentos en los salarios y subsidios. El jueves 7 se había levantado también con represión (gases, etc.) el corte de ruta que venía resistiendo en la vecina Cuña Muerta. En esa oportunidad, el comandante de la Gendarmería a cargo del operativo, denunció a nuestro dirigente José Barraza, por no querer integrarse a los “consejos consultivos” que el gobierno intenta armar para empantanar las luchas de los trabajadores. Al que no acepta el “consejo”, bala y carcel: esa es la consigna del jefe de la Gendarmería. Es el comandante militar el que le da la línea al juez de instrucción para detener a los luchadores populares. Aplica el principio de la ‘obediencia debida’: ha recibido esa orden del poder político.

Esto mismo ya había sucedido el año pasado cuando fueron detenidos el mismo ‘Pepe’ Barraza y los compañeros Raineri y Gil, durante varios meses, sin ninguna clase de sustento legal. En aquella oportunidad, el juez a cargo dictaminó la aberrante resolución de que los luchadores debían permanecer en prisión porque si se los liberaba…. volverían a luchar.

La lucha continúa: libertad a todos los compañeros piqueteros que continúan detenidos, cárcel a los represores, destitución y cárcel a los que dieron las ordenes de allanamiento, devolución de los bienes sustraídos, efectivización de los reclamos de los piqueteros.