Se acaba de presentar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que plantea la anulación del DNU que suspende la movilidad jubilatoria. El proyecto es presentado por Romina Del Plá del Partido Obrero y acompaña con la firma Nicolás Del Caño de PTS, ambos del Frente de Izquierda.

Se compone de un único y simple artículo:

Artículo 1°- Se anula el Decreto de Necesidad y Urgencia N°542/2020, por medio del cual se prorroga la suspensión de la movilidad jubilatoria prevista en la Ley Nº 24.241 hasta el mes de diciembre de 2020, firmado por el Poder Ejecutivo Nacional el 17 de junio de 2020, y publicado en el Boletín Oficial el día 18 de junio del corriente.

La suspensión de la movilidad es un robo a los jubilados

La presentación de este proyecto por parte de la bancada del PO, es  una iniciativa parlamentaria que toma lo presentado por miles y miles de jubilados que firmaron y siguen firmando el amparo colectivo presentado por la Defensoría de la Tercera Edad, a través de su titular, Eugenio Semino.  Cabe recordar que el amparo colectivo fue rechazado por la jueza federal de la Seguridad Social Silvia Saino. Se presentó apelación per saltum y  se encuentra en este momento en la Corte Suprema, con el agregado de las consideraciones de la pérdida en los ajustes por decreto de junio, establecidos por la nueva postergación de la suspensión de la movilidad.

En cuarentena, los jubilados luchan

La lucha por la defensa incondicional de la movilidad se estuvo llevando adelante a través de autoconvocatorias de organizaciones de jubilados a movilizaciones y luego a través de acciones virtuales como mesas de debate y actos nacionales.

Todas estas acciones, que ponen en movimiento a los jubilados y pensionados de todo el país, empalman con la luchas que se desarrollan en Córdoba contra la reciente liquidación de las condiciones jubilatorias de la Caja Provincial, con las de Santa Fé en defensa del 82% móvil y de su caja, las de Neuquén defendiendo el Instituto de Seguridad Social, las de Buenos Aires donde la docencia, estatales, municipales y judiciales enfrentan el intento de armonización con Anses que las direcciones sindicales se niegan a reconocer, en claro apoyo a la política del gobierno de Fernández y Kicillof.

Defensa de la movilidad como derecho adquirido

El proyecto de anulación de la suspensión de la movilidad de las jubilaciones plantea en sus fundamentos, cómo esta medida de suspensión de la movilidad ha significado una confiscación a las ya miserables jubilaciones y un avasallamiento al derecho adquirido de la movilidad:

“Por la vía de un nuevo DNU, el gobierno nacional prorrogó hasta fin de año la suspensión de la movilidad jubilatoria que establecía un índice de aumentos compuesto en un setenta por ciento (70%) en las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)” “Los porcentajes aplicados hasta ahora por decreto, ilustran la pérdida adquisitiva que ya sufrieron nuestros jubilados desde la suspensión del mes de diciembre pasado. Lo que en mayo era de$ 15.892, por decreto pasó a $16.864 y debería haber sido de $17.403. Una jubilación de $20.000 pasó a $21.224 en junio y debió haber sido de $22.371.  En el caso de una que en mayo era de $106.934, por decreto cobra en junio $113.478 y debería haber cobrado por la movilidad anterior $127.498 (abogados Bernabel & Asociados).”

Macri y Fernández confiscan a los jubilados

Ya este índice, impuesto por el gobierno de Macri en las violentas jornadas de diciembre del 2017, confiscaba a los jubilados, avanzando hacia la desvalorización de los haberes. Lo impuesto por el gobierno de Fernández, en diciembre del 2019, es un nuevo paso en esa confiscación porque garantiza con esta medida la consolidación de una jubilación mínima en junio de $16.842 contra los $45.020 de valor de la canasta básica jubilatoria (medida en el mes de abril)

La anulación del DNU que suspende la movilidad es un derecho inalienable, constitucional de todos los jubilados.

Con las luchas, con el amparo Colectivo y con el proyecto presentado, se enfrenta la política del gobierno por la cuál “Los jubilados sostienen al Estado y no al revés”, como plantea el Partido Obrero en el folleto editado a principio de año, escrito por Néstor Pitrola.

Esa política del gobierno de Fernández, de la mano de Fernanda Raverta, la camporista nombrada al frente de Anses, confisca los fondos jubilatorios y los usa para rescatar a los capitalistas a través de los ATP (Pago de la mitad de los sueldos para empresas que informen caída en las ventas, sin que se controlen sus cuentas ni operaciones), se los exime de sus aportes patronales, se dan créditos a tasa cero.

La mano del FMI

Fernández  negocia con el FMI y los acreedores avanzar en la reforma jubilatoria. Se está discutiendo en la bicameral que en medio de la pandemia no cesa de reunirse para concretarla, junto con la liquidación definitiva de las 13 cajas jubilatorias provinciales que vienen queriendo armonizar, es decir incorporar al Anses con el consiguiente avasallamiento de las conquista jubilatorias que allí persisten, como la edad, la movilidad y el cálculo del haber.

Mientras, se le paga jubilaciones de privilegio a Macri de unos $700.000, Michetti  de $500.000 y Boudou $ 450.000, ¡aunque por ahora no les pagarán sus retroactivos!

El proyecto presentado se acompaña de una nueva presentación del proyecto por el 82% móvil pata todos los jubilados y pensionados y con la campaña de miles de formas por una jubilación de emergencia de 30.000 pesos imprescindible para los adultos mayores que son las principales víctimas del coronavirus y que se encuentran imposibilitados de “quedarse en casa” con jubilaciones miserables como las actuales.