La situación de los adultos mayores en Argentina es ciertamente dramática. El 60% de los jubilados y jubiladas cobran una jubilación mínima que es apenas un tercio de las necesidades planteadas en la canasta de la tercera edad, mientras que la peor parte se la llevan quienes ni siquiera acceden a ingresar al régimen previsional.

Los datos indican que una enorme mayoría de quienes están en edad de jubilarse no cuentan con los aportes necesarios para hacerlo. Solamente tres de cada diez hombres y una de cada diez mujeres se podrían jubilar con el régimen vigente y, en caso de poder hacerlo, los espera el resto de su vida sumidos en la miseria.

De la mano del macrismo surgió la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) que no es otra cosa que un subsidio a la vejez. Se cobra un 80% de la jubilación mínima y se les niega el derecho a pensión, es decir que tanto quienes entran en ese régimen se encuentran totalmente desprotegidos e incapaces de afrontar sus necesidades económicas.

La ausencia de aportes es una consecuencia directa de cómo la clase capitalista descarga el peso de la crisis sobre las y los trabajadores. Primero con despidos, dejando durante largos periodos a los trabajadores sin ocupación y obviamente sin aportes; pero sobre todo con una creciente informalidad y precariedad laboral, que hace que, una vez contratados, los trabajadores sigan siendo privados de los aportes en función de un ahorro para las patronales negreras.

El proyecto presentado por la banca del Partido Obrero recoge esta realidad de millones y plantea una salida de conjunto. Desde el primer artículo plantea que toda persona en edad de jubilarse (60 años para las mujeres y 65 para los hombres) podrá hacerlo con independencia de los aportes realizados hasta la fecha.

Luego, fija la jubilación mínima en un monto equivalente a la canasta de la tercera edad, una modificación necesaria para que cada uno de los trabajadores inactivos pueda afrontar su verdadero costo de vida y no la limosna que les ofrece actualmente el Estado con sus sucesivas reformas previsionales. Al mismo tiempo, se deroga la PUAM permitiendo a quienes se encuentran dentro de ese régimen su incorporación a la jubilación plena, con todos los derechos que de ella se desprenden.

Una preocupación lógica frente a esta nueva erogación sería el financiamiento de la ANSES, que -contrario a lo que creen los gobiernos- es propiedad de los trabajadores y cuya finalidad debe ser garantizar jubilaciones acordes a las necesidades de quienes la perciben y no la sostenibilidad de una deuda usuraria que termina beneficiando a la banca.

Del Plá toma en cuenta esta cuestión y dedica todo un segundo capítulo del proyecto a cómo es posible financiarlo. Arranca por la reposición de los aportes patronales, que fueron reducidos por Cavallo y luego sostenidos en esos montos tanto por los gobiernos nacionales y populares como por el de cambiemos.

En segundo término se plantea un blanqueo laboral, que termine de cuajo con la informalidad a través de la denuncia de cada trabajador por no estar debidamente registrado. Se contempla para los denunciantes una estabilidad laboral de cuarenta y ocho meses en los cuales no podrán ser despedidos y en los que la patronal deberá regularizar todos los aportes adeudados.

Finalmente se incluye un impuesto a los grandes patrimonios de las sociedades a partir de sesenta y cinco millones de pesos y de las ganancias bancarias, de forma tal de que sea el capital el que financie la mejora en las condiciones jubilatorias para millones de adultos mayores.

Los otros proyectos, una lavada de cara a las patronales

El reconocimiento de quién es el culpable de la falta de aportes y quién debe subsanar esa falta, le da el contenido de clase a cada iniciativa sobre esta temática. Es un tema reñido con el proyecto de moratoria impulsado por el kirchnerismo que cuenta con media sanción en el senado y, sorprendentemente, con el presentado por el PTS en la cámara de diputados.

El kirchnerismo duro se jactó de no haber consultado a Guzmán a la hora de aprobar un proyecto que consiguió dividir a Juntos por el cambio, ya que contó con el rechazo del PRO y las abstenciones de la UCR. La propuesta del instituto Patria y La Cámpora consiste en la “compra de aportes” para quienes al cumplir la edad jubilatoria no alcancen a cubrir los requerimientos de la presente ley (30 años de aportes formales hasta una determinada fecha). Los “beneficiarios” de esta medida –que los K se encargaron de diferenciarla de una moratoria- deberán cargar con el peso de su financiamiento a partir de un pago en cuotas de los aportes adeudados cuyo valor será del 29% del haber mínimo y se actualizará de manera trimestral.

El PTS se ha sumado a esta política de convertir a los trabajadores en quienes carguen con la responsabilidad de subsanar las “deudas previsionales” como si no fueran las patronales quienes se han enriquecido a costa de no haber registrado a los trabajadores. Su proyecto es una variante radicalizada del oficialista, dado que contempla una actualización anual de la fecha de corte, una jubilación mínima acorde al costo de vida y la modificación de la PUAM para que otorgue derecho a pensión, pero todo esto a partir del pago que realicen los propios trabajadores.

La lucha por una ley de jubilación universal que solucione de una vez por todas la problemática de millones de adultos mayores es prioritaria no solo para los trabajadores inactivos a quienes les es negado su salario diferido, sino también para quienes todavía se encuentran trabajando. La registración laboral y el aumento de los aportes patronales pueden transformar una sistema previsional que busca ser modificado de manera todavía más regresiva por el FMI.

Nuestro proyecto parte de una comprensión fundamental: son los jubilados quienes financian al estado, y no al revés. Son quienes han concluido su vida laboral los grandes perjudicados de la precarización laboral y los que han de cargar con una deuda previsional que exima a las patronales del fraude laboral que han cometido.

https://po.org.ar/proyecto/regimen-de-jubilacion-universal/