De la mano de la lucha por el aborto legal, y porque se apruebe sin cambios en el Senado, la diputada nacional del PO-Frente de Izquierda, Romina Del Plá, va a dar batalla también en el Congreso para que se trate el proyecto de ley de modificación de la Ley Nacional de ESI, para garantizar su efectiva aplicación en todos los niveles educativos y una educación sexual laica y científica, libre de prejuicios oscurantistas.

“Buscamos subsanar y complementar la Ley de Educación Sexual Integral, para asegurar su plena aplicación contra el bloqueo sistemático que ha sufrido por parte de los gobiernos y la Iglesia Católica. Por eso esta propuesta se elaboró conjuntamente con sectores sindicales, del movimiento estudiantil, docente y del movimiento de mujeres, quienes son los verdaderos interesados en que una Ley de Educación Sexual cuestione profundamente un orden social que se basa en la opresión, la violencia y la discriminación. Por eso proponemos que en la aplicación de la educación sexual integral los centros de estudiantes, a los sindicatos docentes y a los movimientos de mujeres y colectivos de la diversidad sexual y de género tengan un rol central”, dijo Romina.

En esta propuesta, se plasma la exigencia de la separación de la Iglesia del Estado que la enorme lucha de las mujeres puso en primera plana como una condición indispensable para avanzar en sus derechos. Modifica el artículo 5 para impedir que la Iglesia Católica, en sus colegios, siga impartiendo una educación sexual reñida con los principios más elementales de la ciencia y el respeto a la diversidad. Jerarquiza los contenidos curriculares dándoles un espacio específico dentro de la currícula, con formato de talleres, que se complementen con contenidos transversales. A su vez, garantiza la impartición de información y educación en materia de anticoncepción y los métodos científicos disponibles para ello, ya que son la clave para el ejercicio libre, responsable y gozoso de la sexualidad por parte de la juventud, incorporando así el derecho de acceso a la anticoncepción, la salud sexual, abortos seguros y la atención sanitaria adecuada para la juventud.

 

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PROYECTO DE LEY

“Modificación de la Ley 26.150 del Programa Nacional de Educación Sexual Integral para asegurar su plena aplicación en todas las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”

Artículo 1.- El objetivo de la presente ley es la modificación de la Ley 26.150, que establece la enseñanza de Educación Sexual Integral en los establecimientos educativos públicos y privados de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal., para asegurar su plena aplicación.

Artículo 2.- Se reemplaza el artículo 1° de la Ley 26150, que quedará redactado de la siguiente manera:

 

Artículo 1.- Todas/os los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral, científica y laica, desprovista de vínculos de sometimiento de cualquier tipo y respetuosa de la diversidad sexual y de género, con carácter formativo respecto de la atención en salud para los adolescentes y en métodos de anticoncepción basado en conocimientos científicos, en los establecimientos educativos públicos y privados de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral, científica y laica la que articula aspectos biológicos, psicológicos y sociales.

 

Artículo 3.– Se reemplaza el artículo 5° de la Ley 26150, que quedará redactado de la siguiente manera:

 

Artículo 5.- Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas con contenidos específicos y transversales,  en los establecimientos escolares, para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, brindando información científica respecto de la anticoncepción y sus métodos, y promoviendo la participación de centros de estudiantes, sindicatos docentes, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual y de género, y distintos especialistas para abrir un debate colectivo que apunte a examinar la sexualidad a la luz de las relaciones entre las personas en el presente de nuestra sociedad, examinando de manera crítica tanto los vínculos interpersonales como los lineamientos impartidos por el Estado a través de sus políticas, sus leyes, reglamentos y perfiles institucionales, y

 

Artículo 4.- Se reemplaza el texto del artículo 8° de la Ley 26150, que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 8.- Cada jurisdicción implementará el programa a través de:

 

1. La creación de espacios curriculares exclusivos para el dictado de ESI y contenidos transversales en todos los niveles educativos bajo su dependencia
2. El nombramiento de las y los docentes necesarios para el dictado de la materia-taller tanto en las escuelas de gestión estatal como privada, para de este modo garantizar no solo el dictado sino también la orientación pedagógica y de contenidos que estipula la presente ley.
3. La formación y actualización en servicio en ESI, con puntaje de las y los docentes, a fin de que puedan tener las herramientas necesarias para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre lo establecido en la presente norma.
4. La ampliación de los cargos de profesionales de los equipos interdisciplinarios (EOE, DOE y otros) con el objetivo de que en un período de dos años funcionen gabinetes interdisciplinarios en todas las escuelas de todos los niveles, incorporando profesionales psicólogos, abogados y médicos para abordar los casos de violencia de género que pudieran presentarse en el establecimiento.
5. La creación de carreras, postítulos, capacitaciones, de Educación Sexual Integral a fin de contar con docentes especialmente formados para el dictado de cátedras y talleres. Se abrirán las comisiones y se nombrarán los docentes necesarios para atender la totalidad de la demanda de vacantes.

 

Artículo 5.– Se reemplaza el inciso c) del artículo 9° de la Ley 26150 que quedará redactado de la siguiente manera:

c) Vincular más estrechamente la escuela y la familia para el logro de los objetivos del programa promoviendo la oferta de talleres de formación y reflexión para madres, padres, tutores, familiares y todo otro responsable legal, al respecto del ejercicio y goce de una sexualidad libre, donde primen los principios de respeto e igualdad entre géneros y de cuestionamiento a los vínculos de dominación y sometimiento tanto interpersonales como desde el Estado y sus instituciones.

 

Artículo 6.– Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

 

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El proyecto que presentamos es una elaboración colectiva de estudiantes, docentes y compañeras de movimientos de lucha de la mujer, que junto al equipo de la diputada Romina del Pla del Frente de Izquierda, realizamos como aporte al movimiento de lucha que recorre nuestro país reclamando el dictado de la educación sexual integral en todos los establecimientos educativos. El proyecto complementa a la Ley de Educación Sexual Integral, para asegurar su plena aplicación contra el bloqueo sistemático que ha sufrido por parte de los gobiernos y la Iglesia Católica. Si bien se trata de reformas acotadas, su urgencia ha quedado demostrada en el debate por el aborto legal y la necesidad de evitar la injerencia de sectores que bajo la cobertura de creencias personales demostraron una negativa a la formación científica y laica, respetuosa de la diversidad sexual y que eduque en el cuestionamiento a vínculos opresivos y de sometimiento de todo orden. Asimismo, este proyecto de ley nacional tiene como antecedente los proyectos presentados por la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (a través del diputado Gabriel Solano) y en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires (presentado por el diputado Guillermo Kane), contando esta última con media sanción de la cámara de diputados provincial.

 

En los últimos años el movimiento estudiantil secundario viene reclamando con insistencia la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en todo el País. Los estudiantes han protagonizado movilizaciones masivas por este reclamo que adquirió el carácter de una demanda verdaderamente popular en el marco del tratamiento de la ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso. Durante la concentración y vigilia de más de un millón de personas el pasado 13 de junio, el reclamo por una educación sexual laica y científica que se garantice en todos los niveles educativos, cobró una fuerza monumental en el marco de la exigencia de la separación de la Iglesia del Estado.  

 

Estas acciones masivas recorren nuestro país y han colocado a la Argentina a la vanguardia del movimiento de mujeres a nivel mundial, inspirando a movimientos de toda América Latina en la exigencia a sus gobiernos por la legalización del aborto. Así lo testimonian los movimientos de mujeres en Chile, México, Ecuador, Venezuela y Colombia. Se destacan en este camino las manifestaciones masivas por el #NiUnaMenos, que fueron una respuesta colectiva de las mujeres ante el crecimiento exponencial de los femicidios y la violencia de género; y el paro internacional de mujeres llevado adelante los últimos dos 8 de Marzo, que unió la cuestión de la mujer a una perspectiva de clase, avanzando en la compresión de que el patriarcado y toda forma de violencia y discriminación encuentran en el Estado capitalista un sostén y promotor fundamental. Una conquista indudable de esta lucha fue la habilitación del tratamiento parlamentario de la ley del derecho al aborto en el Congreso Nacional.

 

El reclamo estudiantil por la aplicación de la ESI forma parte de la lucha popular por terminar con todo tipo de opresión, violencia y discriminación en lo que hace a las relaciones entre las personas, entre las que se destaca la propia sexualidad, que es una actividad humana por excelencia. No es casual que quienes han tenido el principal protagonismo en esta lucha sean el movimiento de mujer y los colectivos de diversidad sexual y de género, quienes de una manera más directa son el receptáculo de la descomposición general de la sociedad capitalista y de sus relaciones sociales basadas en la explotación y la enajenación.

 

Las estadísticas que se dieron a conocer en los últimos meses con respecto a CABA y PBA mostraron que la demanda de los estudiantes era por completo fundada. No nos llama la atención que el resto del país carezca de estadísticas en este sentido, ya que en la inmensa mayoría de los colegios del país no se imparte educación sexual. Incluso en algunas provincias es obligatoria la educación religiosa. Tal el caso de la provincia de Salta, donde una audiencia pública debió poner fin a semejante situación y hoy sabemos que solo una ínfima minoría (menos del 4%) asiste a las clases de religión de forma voluntaria. Según un estudio realizado en 2016, a 10 años de su sanción, en las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires un 31% -uno de cada tres estudiantes- no recibió educación sexual, y quienes sí tuvieron ESI solo lo hicieron dos horas al año. Una encuesta más reciente reveló que sólo 2 de cada 10 alumnos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires recibieron contenidos vinculados a la educación sexual y en las pocas instituciones donde sí se dicta se aborda la temática desde una perspectiva biologicista, omitiendo una crítica a las relaciones sociales subyacentes que son la razón de fondo que determinan la naturaleza discriminadora y opresora que adquiere la sexualidad en la actual sociedad. En las instituciones confesionales la situación es aún más grave, ya que la legislación actual (que proponemos modificar) habilita a la Iglesia a dictar la educación sexual según sus preceptos oscurantistas, prejuiciosos y discriminadores, que le reserva a la mujer un status subalterno al hombre en la sociedad, y considera a las relaciones sexuales que no se encuadran en la heterosexualidad como desviaciones y hasta enfermedades. Por último, digamos que es la Iglesia Católica hoy quien encabeza la resistencia a la legalización del derecho al aborto.

 

La información y educación en materia de anticoncepción y los métodos científicos disponibles para ello –tal como se menciona en los Artículos 2 y 3 de la presente- es la clave para el ejercicio libre, responsable y gozoso de la sexualidad por parte de la juventud. Este aspecto implica incluir en el contenido curricular el derecho de acceso a la anticoncepción, abortos seguros e inseguros, la importancia de los controles ginecológicos, y términos generales, cómo facilitar mediante la educación, salud sexual y a la atención sanitaria adecuada para la juventud. Existe un desnivel muy grande en relación a esto en nuestro país, con desinformación y la difusión de falsos métodos de cuidado, incluido el desconocimiento del uso correcto del preservativo. La educación sexual debe servir a su vez aborda con los estudiantes la temática de la maternidad adolescente.

 

El verdadero boicot a la aplicación de la ESI en el país encuentra su razón de fondo en la naturaleza de clase del Estado, que es el que asegura un orden social basado en la opresión, la violencia y la discriminación. Una educación sexual integral, en tanto crítica a este orden social y las relaciones sociales que le dan sustento, nunca podrá venir de la mano de éste Estado, sino que debe tener centralidad en ella quienes son los animadores principales de esta gran lucha que conmueve a la Argentina. Tampoco es compatible con el sometimiento del Estado a la Iglesia Católica, una institución fundada sobre la base de la discriminación y la opresión de las mujeres.

Fiel a ese principio, las modificaciones que proponemos le otorgan centralidad en la aplicación de la educación sexual integral a los centros de estudiantes, a los sindicatos docentes y a los movimientos de mujeres y colectivos de la diversidad sexual y de género. Son quienes luchan por esta reivindicación justa y necesaria quienes no sólo deben verificar la aplicación de la norma, sino también jugar un papel central en la elaboración de contenidos, atendiendo su carácter científico, y determinar la forma que debe asumir el dictado de la materia, que por su propia naturaleza tiene que asegurar el debate colectivo y democrático. En el mismo sentido, modifica el artículo 5 de la ley ESI, pues éste actualmente le otorga a la Iglesia Católica la posibilidad de impartir en sus colegios una educación sexual reñida con los principios más elementales de la ciencia y el respeto a la diversidad.

La conquista de la educación sexual integral requiere de una lucha independiente que envuelva al movimiento de mujeres y el movimiento estudiantil y docente del país. Hacemos este aporte para conquistar el triunfo de esta lucha.

Por estos motivos, solicitamos a las/os diputadas y diputados a acompañar este proyecto de ley.