En el marco de una sesión que trató diversos proyectos, desde la aprobación de la “Ley Olimpia” sobre violencia digital con motivos de género y la regulación del trabajo de los acompañantes terapéuticos, entre otros, y que tuvo polémicas como el cruce entre les diputades del Frente de Izquierda y Espert por el jujeñazo, e intervenciones sobre la criminalización de la protesta en Jujuy y en Santa Cruz, se aprobó un proyecto de ley que había sido largamente discutido en comisiones, luego de la lucha de los hipotecados UVA para que sean resueltos sus reclamos. Con un sinnúmero de límites, como ellos mismos lo expresaron, el proyecto implica una pequeña mejora en su situación y permite continuar la pelea para que sean atendidas todas sus demandas.

Ya desde el debate en las comisiones se habían planteado divergencias. Con dos dictámenes, la votación final en el recinto dividió aguas en el bloque de Juntos por el Cambio. A pesar de los planteos de la diputada Romina Del Plá para que se tenga en cuenta el proyecto presentado por les diputades del FIT-U y discutido con los hipotecados, tanto en las comisiones como en la sesión, no se dió lugar a ello.

Los puntos del proyecto y los debates

El debate transcurrió principalmente acerca de las condiciones económicas donde se desarrollaron este tipo de créditos. De los motivos por los que se estaba discutiendo una ley que había sido aprobada en 2016, votada tanto por macristas como peronistas, cuando desde el primer momento el PO-FITU planteó que iba a llevar a que los préstamos atados a la inflación y no a los salarios produjeran un sobreendeudamiento de las familias que accedieran a ellos.

Así lo expresó la diputada del Partido Obrero “queda en evidencia que lo que estamos tratando acá, es que los créditos UVA son un completo fracaso y una estafa”. Lo planteó como una estafa doble, ya que por un lado implicó un terrible endeudamiento y, por otro lado, tanto macristas como peronistas utilizaron este tema para hacer campaña en el 2019 con la supuesta idea de solucionarlo, y recién después de más de 3 años se está tratando.

“Está pensada esta ley para que los bancos sigan ganando”, ya que el proyecto plantea la creación de un fondo compensador para resolverle a los bancos el problema de un eventual descalce. Esto se daría en caso de que los hipotecados decidan pasarse a la nueva modalidad, donde la actualización se da por la variación más baja de salarios o inflación. Ese fideicomiso será financiado por los futuros hipotecados UVA y, en un porcentaje ínfimo, por los bancos.

Al respecto del proyecto, Del Plá hizo varias propuestas de modificación en algunos puntos que en las comisiones no habían sido incorporados. “El artículo 6 lo rechazamos de plano y está claro que ha sido redactado por los abogados de los bancos”. El mismo blinda a los bancos para que quien acepte pasar a este régimen alternativo, donde igual los bancos van a ser compensados, no pueda hacer ningún tipo de reclamo, ni por vía judicial ni administrativa, sobre su situación. “Esto lo tenemos que votar en contra”, manifestó.

Se dejó expresada la crítica acerca del límite crediticio al que se atendrá el nuevo proyecto, donde quien haya obtenido un crédito de hasta 200 mil UVAs y con una vivienda de hasta 220 mil, solo se le cubrirán los primero 120 mil, quedando todo un universo de hipotecados por fuera.

La seguridad jurídica y financiera que se le garantiza a los bancos no se le garantiza a los hipotecados. “El problema de fondo, que es el que no se quiere tocar, es el de la modificación del sistema UVA, del que hay que salir de una buena vez. Eso está en nuestro proyecto, que hemos presentado y representado y no se quiere tratar. Hay que reconvertir a los créditos UVA en créditos tradicionales”, expresó.

Sobre el momento desde cuándo regirán estas actualizaciones también hubo críticas de los hipotecados planteadas desde las bancas del FITU. “Crece el capital y el interés, todo a la vez. Por lo menos se debería retrotraer a agosto de 2019”, teniendo en cuenta que desde ese momento hay sentencias judiciales claras planteando que hay un problema que atender. Por esto, Del Plá pidió la modificación del artículo 14 que plantea que será desde enero de 2023.

Las divisiones al interior de JxC, principalmente entre Julio Cobos y Martin Tetaz, los abanderados en la oposición de los dictámenes de mayoría y minoría respectivamente, giraban en torno de cuán grave era realmente la situación en términos crediticios, desconociendo los innumerables reclamos de los hipotecados y la actual crisis social. En un país con una inflación pronosticada del 150% anual y donde los salarios de los trabajadores vienen perdiendo hace 6 años frente al aumento de precios, nadie podría discutir el descalabro actual.

Para Tetaz la situación de los hipotecados no sería tan grave, porque los números siderales en términos de capital que deben pagar los hipotecados sólo sería grande en términos nominales por el aumento de la inflación, aunque más adelante en su intervención debió reconocer la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. En el mismo sentido, planteó que en la actualidad no hay un gran número de ejecuciones de viviendas para aquellos que no puedan pagar los créditos. Esto es, claro, porque ante la posibilidad de ser desalojados, los trabajadores priorizan el pago de la hipoteca por sobre otros gastos, siendo que el porcentaje que representa ésta va aumentando permanentemente en relación al ingreso y deben verse obligados a recortar en otros rubros.

“El problema de la vivienda requiere un abordaje integral”

La relación entre el salario y la vivienda, tanto en los créditos UVA como en los alquileres, recorrió gran parte de la discusión. Como planteó Romina Del Plá, “hay que abordar la situación de los hipotecados, de los inquilinos y los alquileres, y el tema de la cantidad enorme de familias que, como no hay ninguna política del Estado en materia de vivienda, tienen que recuperar tierras y resolver la situación habitacional como se pueda”.

Frente a la posición de Tetaz, expresó que “él omite que las viviendas han elevado su valor en un nivel exponencial como resultado de que la crisis en otros rubros de la economía, la crisis capitalista, ha convertido a la vivienda en un apetecible negocio especulativo. Por eso tenemos la situación de miles y miles de viviendas sin ocupantes. Eso es lo que hace subir el precio de la vivienda”. Este problema se puede ver tanto en la Ciudad de Buenos Aires, con las torres de lujo que Larreta permite construir, más allá de que no sean habitadas en un futuro, o como con los barrios privados como los que se extienden a lo largo de la provincia de Buenos Aires gobernada por Kicillof. El brutal desalojo de miles de familias en Guernica en el 2020 tuvo este fin.

Desde la oposición de JxC intentaron meter por la ventana el tratamiento de un proyecto para derogar la fracasada Ley de Alquileres. Claro que desde una posición en favor de las inmobiliarias y los especuladores que desde la izquierda rechazamos. Frente a la negativa y la imposibilidad de conseguir los 3 cuartos de los votos necesarios, lograron la convocatoria a una nueva sesión para el 23 de agosto para tratar este tema.

La diputada del FITU planteó “hay que atacar este problema, que implica atacar la ganancia y el negocio de los especuladores, sino no va a haber solución al problema de la vivienda. La garantía de la vivienda para todos tiene que venir de la mano de una reorganización integral. Lo hemos planteado en un proyecto por un impuesto a la vivienda ociosa, por un banco de tierras para la construcción de viviendas, utilizando mano de obra desocupada y volcando el ahorro que hoy se fuga al pago del FMI y en subsidios a las patronales para ello”.

Para cerrar y dejar en claro los intereses que defienden todos los políticos capitalistas y los que defendemos desde la izquierda, expresó: “esto no lo van a hacer quienes financian a los bancos sino que solo lo vamos a poder hacer los trabajadores organizados para imponer estas condiciones. En eso vamos a estar comprometidos y apoyando cada reclamo”.

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