Las movilizaciones en Cutral-Có, Zapala, Neuquén; los reclamos masivos de padres y jóvenes de alumnos secundarios; las denuncias, hora tras hora, sobre  vejámenes y torturas a los “colimbas”; todo esto ha convertido al reclamo por el juicio y castigo a los asesinos de Omar Carrasco  en una reivindicación nacional.

Pero a medida que esta movilización gana en profundidad, queda más al desnudo la política oficial, la cual va mucho más allá del encubrimiento de la autoría del asesinato. El Ejecutivo y el alto mando militar están actuando con la íntima convicción de que si se investiga todo lo ocurrido en el cuartel de Zapala estallaría una cadena de complicidades y encubrimientos que colocaría en el banquillo de los acusados a todas las instituciones del “estado de derecho” (y en especial, a la principal de todas, el ejército) y a sus representantes.

La perspectiva de una crisis política de fondo —éste es el eje de la situación.

El diario La Nación, sobre el cual no pueden sospecharse “irresponsabilidades” o “extremismos” en este terreno, describe la estrategia oficial del gobierno y la jefatura del ejército desde que se descubrió el cadáver de Carrasco, atribuyendo a una “fuente segura”  del Ministerio de Defensa lo siguiente:“el plazo de 48 horas que el Presidente otorgó a los conscriptos de Cutral-Có para regresar al cuartel tiene como objetivo … llevar el proceso a la Justicia, una manera de llevarlo a punto muerto”.  Agrega la “fuente”  de La Nación: “Otro curso hubiera sido prolongar la licencia … pero eso hubiera sido mantener el caso arriba y volver a tener el desgaste en la primera plana de los diarios” (19/4).

Se puede entender, entonces, que el promocionado viaje de Balza a Zapala, “para dar la cara”, fue en realidad una táctica calculada para tapar la investigación, desviándola hacia el “pesado mecanismo de la justicia” (ídem La Nación). En efecto, Balza no se cansó de repetir que el asunto  estaba “en manos de la justicia federal” y que “el ejército colaborará para el éxito de la justicia civil”.

¿Cómo no sorprenderse ahora de la aparición de la antes descartada “justicia militar” y de la fulminante atribución del crimen a cuatro individuos, con la particularidad de que los que cargarían con la acusación de la ejecución directa del crimen serían dos soldados,  reservando sólo la responsabilidad “in-telectual” al subteniente involucrado?

Ocurre que, en el medio, la estrategia de Menem-Balza-Camilión tropezó con la resistencia de los padres y los jóvenes a que los conscriptos regresaran al cuartel de Zapala y a la posibildad de una “desobediencia” generalizada. Para Menem y el alto mando, se imponía, en cambio, el regreso inmediato y sin excepciones al cuatel, no sólo ni principalmente por mantener el “respeto a la verticalidad de la fuerza” y hasta la propia vigencia del servicio militar, sino para asegurarse el silencio de los “colimbas” sobre lo ocurrido con la muerte de Carrasco.

Crisis militar

La resistencia a la vuelta al cuartel provocó una profunda crisis militar. “El gobierno nacional estuvo … más cerca que nunca —dice La Nueva Provincia—, desde que asumió en julio del 89, de afrontar una crisis institucional con el Ejército, frente al aluvión de críticas … y sobre todo, ante los reclamos de dar de baja a los conscriptos”. En este caso, “los generales habrían llegado al extremo de analizar el pedido de pase a retiro en conjunto” (16/4).

Es lo que reconoció, precisamente, Camilión en la sesión “secreta” con los miembros de las comisiones de Defensa de senadores y diputados, al informar que “los generales se reunieron en un clima de intranquilidad porque se trata de una cuestión que consideran particularmente grave para la fuerza … esos generales dejaron saber al Poder Ejecutivo que no quieren licencias ni bajas, voluntad que será atendida”. Cuando el radicalismo propuso utilizar el dictado de una ley  de licenciamiento de los conscriptos de Zapala para superar los “impedimentos legales” alegados por el ministro, éste fue terminante: “hay otras razones (que las legales). Lo piden los generales” (Clarín, 22/4).

La línea de “dejar todo en manos de la justicia federal” para que ésta se hiciera cargo, no de la investigación de la muerte, sino  de la “muerte”  de la investigación, fue dejada de lado. Con el desplazamiento a Zapala de una parte del alto mando, junto a oficiales de Inteligencia, la justicia militar resolvió en 72 horas la detención de un subteniente, un sargento y dos soldados de la clase 74 por “abuso de autoridad”, con el único propósito de “servirle la solución” a la justicia federal y ofrecer cuatro “implicados” para desviar la investigación y cerrar la crisis política.

Los abogados de la familia Carrasco denunciaron que “la justicia militar no aportó nada” y pusieron en duda “que los cuatro detenidos tengan que ver con el crimen” (Crónica, 22/4).

Lo que se quiere tapar

¿Cuál es el motivo de tanta preocupación en los altos mandos, y de la amenaza de una “crisis institucional”?

Un repaso a los acontecimientos responde la pregunta con amplitud. Las revelaciones surgidas a partir del asesinato de Carrasco han sacado a luz una conspiración que pretende encubrir una cadena de complicidades que llega a la Casa Rosada.

Díaz, jefe de la VI Brigada (es decir de todas las unidades de Río Negro y Neuquén) declaró oficialmente, no bíen se halló el cuerpo, “que el cadáver era el de Carrasco, cuando el juez no había podido establecer la identidad” (y cuando era imposible hacerlo por el estado de descomposición del cuerpo). Dijo, además, “que estaba fuera del perímetro del cuartel”, cuando fue hallado adentro, y que “no presentaba signos de violencia”, siendo que el cuerpo estaba destrozado. Afirmó incluso que Carrasco “había tenido la intención de construirse un refugio” después de una pretendida “deserción” (Río Negro, 19/4, comunicado de la VI Brigada). Balza, jefe del ejército, descartó, por su lado, de entrada “la hipótesis de la muerte del conscripto a causa de un ‘baile’ y golpiza, lo que calificó de ‘disparate total’” (declaraciones a Radio Mitre y Del Plata, Río Negro, 14/4). Camilión, Ministro de Defensa, defendió alevosamente esta cadena de mentiras, en particular la que afirmaba que el cadáver se hallaba fuera del cuartel (“Hora Clave”), tratando de reforzar la “tesis” del general Díaz. Para Menem, finalmente, “siempre el servicio militar tiene sus riesgos”, es decir que el asesinato entraba en la cuenta de pérdidas y ganancias de la “defensa nacional”.

A esta altura del asesinato, sin embargo, se sabe todo: el itenerario del cadáver, la cantidad de personas que participaron de la operación, los nombres presuntos de éstos, pero cuanto más se sabe más se encubre, y se intimida para que la cadena de complicidades hacia arriba quede “libre de toda sospecha”.

Una manifestación de esta  conspiración que llega hasta Menem, es este súbito pronunciamiento de la justicia militar, la cual nadie había hecho referencia hasta ese momento. El objetivo es tapar las huellas del crimen, ahogar la rebelión popular por el juicio y castigo y paralizar la cadena de revelaciones. La continuidad de la investigación amenaza a todo el sistema militar: represión en los cuarteles, esclavización de la tropa, bajos salarios, y las complicidades mutuas en el genocidio bajo la dictadura militar y en los atropellos brutales a los “colimbas”. Hay una lucha a muerte de los poderes de la “democracia” para que la investigación por el crimen de Carrasco muera antes de nacer. Hace unas horas, el Senado “frenó toda posibilidad de tratar esta semana los ascensos a los cuestionados capitanes de fragata Pernias y Rolón”, torturadores reconocidos de la ESMA, “hasta que se desinfle la polémica originada por el crimen del soldado neuquino” (Cronista, 21/4). ¡Hasta aquí llega la cosa!

La línea de impedir el licenciamiento se mantiene, por eso, a rajatablas: el Ejército “presentó una apelación contra los recursos de amparo” que presentaron 47 conscriptos para no regresar al cuartel, los cuales, por otra parte “serán considerados como desertores y no como infractores, porque así lo establece el código de justicia militar” (Baeza, secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, DyN, 19/4).

¿Optativo?, ¿obligatorio? … ¿más corto?

En la conspiración para encubrir a los responsables más altos del asesinato, el gobierno no desecharía la  posibilidad de aplicar el “per saltum”, es decir pasar el caso a la Corte Suprema, que ahora ya no es más la Corte menemista sino la de Menem y Alfonsín. Ante la menor aflojada en el cumplimiento de esta “pacto de garantías”, los generales amenazan descabezar a Balza.

Todo el debate sobre el servicio militar “obligatorio” u “optativo” resulta, en estas circunstancias, un desvío objetivo del problema político central, que es el juicio y castigo de los ejecutores, responsables, cómplices y encubridores, desde Menem y Camilión hacia abajo. Si el movimiento no se empeña en este objetivo, desenvolviendo la crisis hasta sus últimas consecuencias, todo lo demás se queda en el debate académico y en una cortina de humo para sustituir el castigo a los culpables y la completa purga política que corresponda, por la llamada “reforma de las instituciones”, que tendrá lugar en las calendas griegas y bajo la dirección de los mandos actuales y del régimen político encubridor.

Solamente el desenvolvimiento de esta crisis hasta sus últimas instancias puede  abrir una perspectiva de cambios reales y por sobre todo democráticos en el plano militar. Por eso es tan importante la política que han definido la UCR y el Frente Grande, que apunta a bloquear el estallido de la crisis político-militar. Esto explica por qué el obispo De Nevares “elogió al general Balza”, considerándolo “una garantía de las medidas que disponga dentro de la fuerza” (Río Negro, 14/4). Graciela Fernández Meijide no se quedó atrás: “Balza coincidió con nosotros en que tanto desde la justicia federal como la militar tiene que haber una solución … (Balza) nunca eludió responsabilidades” (Clarín, 21/4). En la sesión del ministro Camilión con diputados y senadores de la Comisión de Defensa “el ministro no tenía frente a sí a ningún legislador del riquismo ni a nadie del Frente Grande, lo cual no dejó de sorprender a nadie” (Clarín, 22/4). El Frente Grande ha consumado su “segunda intervención a Santiago del Estero”, es decir, ha firmado la operación de indulto del alto mando por el asesinato de Carrasco. Su divergencia con el alto mando acerca del licenciamiento de los soldados, es algo que finalmente dirimirán los servicios de inteligencia en función de qué conviene más en función de reinstalar la “paz” en los cuarteles.

Sólo el reclamo y la movilización por el juicio y castigo, enfrentando todos los problemas planteados por la crisis, puede desbaratar el intento de dejar impune el crimen de Omar Carrasco y plantear una salida concreta desde el punto de vista de la independencia nacional y la democracia politica.