En las últimas semanas se terminaron de concretar fuertes tarifazos en la provincia de Santa Fe, que van a golpear con virulencia el bolsillo popular. Un incremento en el transporte de pasajeros en las ciudades de Santa Fe Capital y Rosario elevó el precio del boleto -junto con Córdoba- a los $59,35; un aumento en dos tramos del servicio del agua de ASSA que en términos acumulativos llegará al 68%; una suba de la tarifa de electricidad de la distribuidora provincial EPE en distintos tramos que llegará al 31% en noviembre, pero en la comparación interanual llegará al 56%; a lo que se suma el reclamo por parte de Litoral Gas de un aumento del 20%.

Hay que advertir, sin embargo, que todos estos tarifazos están trazados sobre la base de los actuales esquemas de subsidios en materia energética y de transporte por parte del Estado. Los aumentos anticipan pero no terminan de cubrir el brutal recorte de subsidios que contempla el acuerdo con el FMI y los aumentos de tarifas que se producirán como consecuencia de ello.

Con esta ronda de tarifazos en la provincia, el gobernador Omar Perotti y los intendentes de la oposición más importantes, como el intendente de Rosario Pablo Javkin y Raú Emilio Jatón de Santa Fe Capital, se colocan en la hoja de ruta de las exigencias de ajuste que demanda el acuerdo con el FMI.

Perotti asegura que habilita los tarifazos provinciales “siempre y cuando se encuentren por debajo de la inflación”, una mentira lisa y llana. Javkin habló de un pequeño “reajuste” del precio del boleto y arremetió con un aumento del 20%, pero puede aplicar otros hasta cuatro veces por año sin necesidad de pasar por el Concejo Deliberante de la ciudad, gracias a los superpoderes votados por lxs concejales en épocas de Mónica Fein.

La cobertura política para aplicar estos tarifazos son las distintas “audiencias públicas” convocadas por los distintos entes reguladores, o los informes de los entes de movilidad sobre los costos del boleto, pero no son instancias vinculantes y por lo tanto aunque la mayoría se posicione en contra los tarifazos se terminan concretando igualmente. Estas audiencias son un fiasco también  en cuanto al control y fiscalización sobre lo actuado por las empresas, como también sobre sus números reales. Las empresas presentan un informe sobre la supuesta inviabilidad del servicio, los aumentos de costos de acuerdo a la inflación, prometen una serie de inversiones en mejorar el servicio que nunca se ejecuta y sobre esa base una exigencia de aumento tarifario. En la ecuación de los costos del servicio nunca se pone sobre la mesa cuáles son las ganancias de las empresas, ni tampoco cuál es el destino de millones y millones de pesos que reciben en subsidios.

Los tarifazos se suceden en momentos donde los servicios se encuentran en ruinas. En diciembre y enero hubo cortes de luz por toda la provincia, producto de no estar realizadas las inversiones correspondientes. En Rosario venimos de recorte de líneas de colectivos y eliminación de unidades, dejando a barrios enteros aislados, gracias a la emergencia en transporte aprobada en el concejo, con el apoyo de Ciudad Futura dicho sea de paso.

Rechacemos los tarifazos, íntimamente vinculados al acuerdo con el FMI. Reclamemos la apertura de los libros de estas empresas, bajo el control popular. El próximo 8 de febrero salgamos a las calles masivamente a oponernos al acuerdo del gobierno y el FMI, rechazar el ajuste y los tarifazos.

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