24/06/2020

Rosario: la segunda ciudad con más desocupación del país

Acorde a los últimos datos del Indec. El 65% de la población económicamente activa tiene problemas de empleo.

Las cifras difundidas en el día de ayer por el Indec reflejan que la ciudad de Rosario, en Santa Fe, es la segunda con mayor desocupación del país, detrás de la tucumana Tafí Viejo. Especialmente en el Gran Rosario, la falta de empleo supera la media nacional (de 10,1%), escalando al 12,9% de la población económicamente activa. Se trata de la tasa de desocupación más alta en los últimos 14 años en la ciudad.


El informe del Indec comprende solo al primer trimestre de 2020, es decir que prácticamente no registra los despidos producidos en plena pandemia, que agravan notoriamente las cifras difundidas. Solo en los últimos tres meses, hay 30.000 nuevos desocupados en la región.


Sobre una población económicamente activa en la región de Gran Rosario, según los datos de enero del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), de 608.000 personas, hay 401.975 personas con problemas de empleo, ya sea desocupadas, subocupadas, trabajadores que buscan nuevos empleos o que se desempeñan en forma precaria sin derechos laborales. Una verdadera catástrofe social que alcanza al 65% de las personas en condiciones de trabajar en la región.


Entre ese 12,9% que se encuentra desocupado, la peor parte la llevan las mujeres y la juventud. La tasa de desocupación entre las primeras alcanza el 14,9%, y en el caso de las mujeres menores de 29 años, la cifra trepa al 29%. En el caso de los varones menores de 29 años, la desocupación es del orden del 21,9% (nuevamente según el Indec),



Según el vicepresidente de la Unión Industrial de Santa Fe, a nivel nacional, comparando abril de este año con igual mes de 2019, “la caída de la actividad industrial fue del 30,6% (…). Las exportaciones se derrumbaron 58,3% y se perdieron 38.700 empleos”. A esto hay que sumarle las suspensiones con reducciones salariales que sufren los trabajadores de distintas ramas de la industria, como es el caso de General Motors y Acindar, solo para citar algunas empresas emblemáticas de la región. En el caso de GM, las mismas son muy anteriores a la pandemia -una situación de arrastre desde 2015, por acuerdo entre la patronal y la gremial Smata. El propio secretario de trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, reconoció que 180.000 trabajadores de toda la provincia sufrieron una reducción salarial debido a las suspensiones,


Esta catástrofe en materia laboral no es ninguna novedad en la provincia, ni tampoco exclusividad de la Ciudad de Rosario. Las cifras de inscriptos al Ingreso Familiar de Emergencia en todo Santa Fe, con un 40% de la población adulta solicitando esa asistencia, son un claro testimonio.


El cuarto lugar en el ranking de mayor desocupación del país lo ocupa la zona que comprende Villa Constitución y San Nicolás, donde la tasa trepa al 11,5 %. Una realidad bien conocida por el combativo Polo Obrero de ambas localidades, que se organiza y lucha por puestos de trabajo genuinos, mientras padece la precarización laboral de los gobiernos municipales a través de cooperativas de trabajo sin ningún tipo de derecho laboral ni convenio colectivo.


Perotti complaciente con los sojeros, duro con los trabajadores


Ninguno de los gobiernos tomó medidas al respecto. Si bien las cifras hablan de una cuestión estructural, ni el intendente radical progresista de Rosario, Pablo Javkin, ni el gobernador peronista Omar Perotti, pueden alegar desconocimiento de esta realidad, resultado de un régimen político que ellos integran desde siempre como funcionarios y como integrantes de las fuerzas políticas que han cogobernado durante los últimos 40 años en la región.


La coalición de gobierno sui generis entre Javkin y Perotti, desde que asumieron, solo ha servido para gestionar las migajas de un ajuste gigantesco en una provincia que concentra el 85% del complejo agroexportador del país. Entre Cargill, Cofco, Bunge, AGD, Vicentin, Dreyfus, Glencore y la Asociación de Cooperativas Argentinas, facturan –en blanco- 25 mil millones de dólares al año, que no pagan impuestos.


Frente a este cuadro, el gobierno de Perotti no ha tomado ninguna medida para afrontar esta realidad explosiva. Pese a que todos los bloques políticos de la Legislatura le han permitido hacerse de los superpoderes para manejar discrecionalmente el presupuesto, no existe ninguna partida provincial destinada a la creación de nuevos puestos de trabajo, ni siquiera a cubrir un ingreso de emergencia para la enorme cantidad de desocupados que existe en su provincia.


La intervención y el recule en favor del lobby sojero de Vicentin, para que sus dueños continúen sus negociados a costa de sus trabajadores y del desarrollo nacional, contrasta con la ausencia de medidas para paliar la desocupación y el aumento de la miseria.


El desarrollo de la pandemia ha exacerbado el desarrollo de una crisis capitalista que se manifiesta con toda rigurosidad en la provincia. La clase capitalista y su personal político carece de una salida, que no es otra que la superación de un régimen social que solo puede ofrecer nuevas penurias.


En manos de los Perotti y los Javkin, solo puede esperarse un agravamiento de las condiciones de vida de la clase obrera y la población en general para rescatar las ganancias de los capitalistas.


Nuestro programa


Necesitamos un plan económico y social en manos de los trabajadores. Colocar los recursos de la provincia, que hoy se encuentran en manos privadas -principalmente de multinacionales que los saquean- en función de un plan de industrialización y desarrollo del empleo. El complejo agroexportador, fuente principal de divisas, debe ser reconvertido en función del interés nacional.


El Partido Obrero plantea la necesidad de un impuesto inmediato a las grandes industrias que operan en la provincia, comenzando por la Bolsa de Comercio y todo el complejo agroexportador, para poner en pie un plan inmediato de creación de empleo.


Reclamamos un seguro universal a todo desocupado de $30.000, el cese de los despidos y las suspensiones, y el pase a convenio de la inmensa masa de trabajadores que carecen de convenio colectivo de trabajo o lo hacen bajo formas de extrema precariedad.


Es precisa la estatización de toda empresa que cierre o despida para preservar las fuentes de trabajo, junto a la apertura de los libros a comisiones obreras electas en asambleas para clarificar la situación financiera real y las responsabilidades económicas en situaciones de quebranto -que en muchos casos son repetitivas pese a los sucesivos rescates del Estado, que siempre benefician a los mismos propietarios escondidos detrás de testaferros o maniobras legales (Vasalli, SanCor, Vicentin, Buyatti, Acindar, etc).


Impulsemos una deliberación en los lugares de trabajo, bajo la forma de reuniones, asambleas de sector y de planta para poner en pie un programa en defensa de las condiciones de trabajo. Por un congreso obrero de ocupados y desocupados que delibere y vote un plan de conjunto de salida a la crisis en beneficio de lxs trabajadores.

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